La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del Alto Valle reclamó a la Legislatura provincial que avance de inmediato con un proyecto que busca suspender hasta 2028 las interrupciones de agua, luz y gas en hogares en situación crítica.
A través de un comunicado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), junta promotora Alto Valle de Río Negro, solicitó a los legisladores provinciales de todos los bloques políticos el urgente tratamiento parlamentario de un proyecto de ley que propone prohibir el corte de servicios esenciales para la vida digna en los hogares más vulnerables.
La iniciativa, presentada a fines de febrero por legisladores de los bloques PJ Nuevo Encuentro y Vamos con Todos, plantea la suspensión de cortes o interrupciones de servicios públicos domiciliarios —gas natural, energía eléctrica y agua potable— hasta el 31 de diciembre de 2028. El objetivo es garantizar condiciones básicas de vida en un contexto de creciente crisis económica.
El proyecto establece que el beneficio alcance a jubilados, pensionados y grupos familiares cuyos ingresos se ubiquen por debajo de la canasta básica total medida por el INDEC. También contempla una protección especial para familias que tengan a su cargo personas con discapacidad o que puedan acreditar imposibilidad de pago ante las empresas prestadoras.
En relación con las deudas acumuladas, la propuesta obliga a las empresas a ofrecer planes de pago con cuotas que no superen el 20% de la factura de mayor consumo del usuario. Además, en los casos donde el servicio ya haya sido interrumpido, las prestadoras deberán restablecerlo en un plazo máximo de 48 horas tras la firma del convenio, sin aplicar costos de reconexión ni cargos adicionales.
Por último, la normativa prevé facultades de control para la Agencia de Recaudación Tributaria, que podrá imponer multas diarias de 50.000 pesos a las empresas que rechacen de manera injustificada el acceso al beneficio.
Desde la APDH insistieron en que el tratamiento del proyecto debe concretarse con urgencia, proponiendo su aprobación en la sesión prevista para el 31 de abril, ante el avance sostenido de la vulnerabilidad social en la provincia.
