Con 65.000 inscriptos, el oficialismo redefine el mecanismo de exposición y rechaza ampliar el debate. Ambientalistas denuncian una maniobra para vaciar la participación real mientras se allana el camino hacia cambios con alto riesgo ambiental.
En medio de una convocatoria histórica por la Ley de Glaciares, el Gobierno y las autoridades de la Cámara de Diputados quedaron en el centro de cuestionamientos por lo que organizaciones ambientalistas describen como un intento de convertir la masividad ciudadana en una excusa para limitar la participación efectiva y acelerar modificaciones sensibles en materia ambiental.
La polémica se desató tras conocerse que más de 65.000 personas se inscribieron para exponer en las audiencias públicas previstas para el 25 y 26 de marzo. Frente a ese volumen inédito —y más de dos mil páginas de solicitudes en pocos días—, el oficialismo resolvió sostener el cronograma original y ofrecer como alternativa el envío de videos grabados, que serían incorporados formalmente al debate legislativo.
Lejos de ampliar el proceso, la decisión encendió alarmas en el ámbito ambiental. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto a la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace Argentina, presentó una medida cautelar para exigir la readecuación del esquema de audiencias, con más jornadas y garantías de exposición oral efectiva.
El planteo incluyó además la solicitud de veedores judiciales para supervisar el proceso conforme a los estándares del Acuerdo de Escazú, que establece criterios claros de acceso a la información y participación pública en temas ambientales. Sin embargo, el juez Enrique Lavié Pico rechazó la presentación, habilitando la continuidad del esquema dispuesto por el Congreso.
Desde el oficialismo, la respuesta no sólo fue defensiva, sino también confrontativa. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, desestimó las críticas y calificó de “ilegítimas” las objeciones, atribuyéndolas a “un grupo minúsculo de ONG’s”. Aseguró además que no existe restricción alguna, ya que cualquier ciudadano puede participar mediante envíos escritos o audiovisuales.
Pero el punto de conflicto no es técnico, sino político: para las organizaciones, reemplazar la intervención oral por videos implica degradar el carácter deliberativo de las audiencias y vaciar de contenido un proceso que debería garantizar incidencia real en la toma de decisiones. La participación masiva, lejos de ser fortalecida, queda así encapsulada en formatos que diluyen su impacto.
El trasfondo es aún más delicado. La Ley de Glaciares regula actividades en zonas sensibles para la preservación de reservas estratégicas de agua dulce, y cualquier modificación implica riesgos ambientales de gran escala. En ese contexto, la sospecha de que se intenta avanzar con cambios sustanciales bajo un esquema de participación acotado no resulta menor.
Lo que se presenta como una “ampliación” de mecanismos podría, en los hechos, operar como un filtro. Y lo que se invoca como federalismo participativo, corre el riesgo de transformarse en una formalidad sin capacidad de incidencia. Con la audiencia convertida en un trámite y no en un espacio de debate real, la discusión de fondo —el resguardo de los glaciares— queda peligrosamente relegada.
