Concejales de distintos bloques unificaron criterios para crear un Sistema Municipal de Trazabilidad que permitirá seguir en detalle todas las compras, contrataciones y licitaciones, abriendo la gestión al control ciudadano y legislativo.
En una señal poco habitual en tiempos de grietas políticas, concejales de distintos espacios en Choele Choel -Rodrigo Araneda, Nadia Yunes y César Yunes- confluyeron en un proyecto de ordenanza que apunta a un objetivo tan ambicioso como necesario: que cada movimiento de fondos públicos pueda ser rastreado, auditado y comprendido por cualquier vecino.
La iniciativa propone la creación del Sistema Municipal de Trazabilidad de Compras, Contrataciones y Licitaciones, una herramienta digital que documentará y publicará el recorrido completo de bienes, servicios y recursos adquiridos por el municipio. De aprobarse, el alcance será total: incluirá compras menores, contrataciones directas, licitaciones y convenios, sin excepciones.
El corazón del sistema será un expediente único por cada operación. Allí deberá constar desde la necesidad que origina el gasto hasta el comprobante final de pago, pasando por presupuestos comparativos, actos administrativos, identificación de proveedores y condiciones de contratación. En otras palabras, un circuito completo que deje poco margen para zonas grises.
Además, el municipio estará obligado a publicar en su sitio web oficial información actualizada y accesible sobre cada etapa del proceso: pliegos, órdenes de compra, facturas, pagos y datos de proveedores. A esto se sumará el envío mensual de informes consolidados al Concejo Deliberante, que contará con acceso irrestricto al sistema digital.
Pero el proyecto va un paso más allá del control institucional. También contempla la creación de una plataforma pública con buscadores por rubro, proveedor o monto, que permitirá a cualquier ciudadano seguir las operaciones en tiempo real e incluso realizar observaciones. Una apertura que, de concretarse, marcaría un cambio de paradigma en la relación entre el Estado local y la comunidad.
El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días para reglamentar la ordenanza y garantizar su funcionamiento técnico y administrativo, utilizando recursos del presupuesto municipal.
La propuesta no solo busca prevenir irregularidades y mejorar la eficiencia administrativa. También intenta reconstruir un activo cada vez más escaso: la confianza pública. En ese sentido, el proyecto posiciona a Choele Choel en una senda que podría convertirlo en referencia provincial en materia de innovación democrática y control del gasto, siempre y cuando —como tantas veces— la voluntad política acompañe lo que el papel promete.
