Un lector envió a la redacción un extenso mensaje en el que cuestiona a funcionarios municipales y personal de Salud Pública por presunto uso particular de móviles oficiales, y plantea la falta de asistencia a una familia en situación crítica.
En las últimas horas, la redacción de este medio recibió el testimonio de un vecino de Choele Choel -aunque solictando se preserve su identidad y la de la familia a la que se refiere-que pone el foco en el uso de vehículos oficiales y en la necesidad de reforzar la empatía y la asistencia comunitaria desde el Estado local.
Según el mensaje, el vecino describe la difícil situación que atraviesa una mujer mayor, que vive en el barrio Mansilla, que acompaña a pié a su hija —paciente oncológica— en distintos tratamientos médicos. De acuerdo a su relato, ambas deben trasladarse a pie en condiciones de extrema vulnerabilidad, incluso cuando la joven regresa del hospital con evidentes signos de dolor.
El lector asegura haber presenciado en reiteradas ocasiones estas escenas y señala que, pese a haber ofrecido ayuda, la familia no suele aceptarla, lo que atribuye a una situación de aislamiento o falta de recursos.
En ese contexto, el denunciante cuestiona el accionar de algunos funcionarios municipales y de una trabajadora del ámbito de la salud, a quienes acusa de utilizar vehículos oficiales para fines personales –de los cuales hemos dado cuenta en nuestro medio– como traslados familiares o actividades cotidianas. En particular, menciona el uso de móviles tanto del municipio como del hospital fuera de funciones específicas, incluso durante fines de semana.
“El combustible lo paga el pueblo”, remarca el vecino en su mensaje, y plantea que esos recursos podrían destinarse a asistir a personas en situaciones urgentes, como la familia mencionada.
Asimismo, el reclamo apunta a la necesidad de mayor control sobre los bienes públicos y a un cambio de actitud por parte de quienes ocupan cargos o funciones en instituciones estatales. En ese sentido, el lector interpela directamente a las autoridades para que prioricen el bienestar de la comunidad y garanticen un uso responsable de los recursos.
Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales en relación a estas denuncias que publciamso en nuestro medio hace aproximadamente un mes atrás. Sin embargo, el planteo vuelve a instalar el debate sobre la transparencia en la gestión pública y el rol social de las instituciones en contextos de vulnerabilidad.
