Un policía detenido en 2024 asegura que les ofrecieron 500 millones de pesos para que admitieran una supuesta sedición. También denuncia que continúa sin cobrar salario pese a figurar oficialmente como efectivo en actividad. El gobernador Hugo Passalacqua y el vicegobernador Lucas Romero Spinelli, según afirma, conocen la situación pero no han brindado explicaciones.
Si el relato del policía misionero Adolfo Guirula es cierto, en la provincia de Misiones no se está frente a una mera irregularidad administrativa, sino ante una situación de extrema gravedad institucional que exige explicaciones urgentes por parte del Gobierno provincial.
Guirula asegura que fue detenido el 19 de septiembre de 2024 junto a otros siete efectivos —siete policías en actividad y uno retirado— pese a que no integraba ninguno de los grupos que encabezaban las protestas salariales iniciadas meses antes y cuya figura más visible era quien hoy ocupa una banca como diputado provincial, Ramón Amarilla.
Según su testimonio, todos fueron acusados en el marco de una causa por sedición impulsada por el poder político. Sin embargo, el aspecto más inquietante de su denuncia se refiere a lo ocurrido durante su permanencia en el penal de Loreto.
“Nos ofrecieron 500 millones de pesos para que nosotros nos hagamos cargo de lo que ellos nos acusaban por sedición y que le entreguemos a quien hoy en día es el diputado provincial Ramón Amarilla”, sostuvo Guirula.
El policía afirmó que ninguno de los detenidos aceptó la propuesta y que incluso dejaron constancia formal de lo ocurrido mediante un oficio para impedir nuevas presiones. También aseguró que en el establecimiento penitenciario se presentaron autoridades de la Jefatura de Policía de Misiones y personal del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Posadas.
Pero las denuncias no terminan allí.
Guirula señaló que, desde septiembre de 2024 hasta la actualidad, él y otros efectivos dejaron de percibir salarios pese a que, según la información obtenida en organismos oficiales, no existe ninguna resolución de cesantía ni física ni digital y continúan figurando como policías activos dentro de la estructura del Estado provincial.
“Fuimos a documentos públicos de la provincia y nos dijeron que no existe la cesantía. No existe la cesantía ni siquiera físicamente ni digitalmente”, afirmó.
De acuerdo con el propio efectivo, existen sumarios administrativos y judiciales abiertos, pero ninguno habría concluido. En términos administrativos, un sumario es un procedimiento destinado a investigar posibles faltas y determinar responsabilidades. Mientras ese proceso permanece abierto, resulta llamativo que un agente continúe registrado como personal en actividad y, al mismo tiempo, no perciba remuneración alguna.
La situación adquiere una dimensión aún más delicada porque, según Guirula, tanto el gobernador Hugo Passalacqua como el vicegobernador Lucas Aníbal Romero Spinelli fueron informados de la situación mediante notas y presentaciones formales, pero hasta el momento no han recibido respuestas satisfactorias.
“La única contestación que nos dieron es que no van a dar vuelta atrás, que no nos van a reintegrar nada. No saben justificar el tema de la cesantía”, denunció.
Además, aseguró que llevan alrededor de 70 días manifestándose frente a la Casa de Gobierno de Misiones sin haber obtenido una audiencia ni una definición oficial.
Las afirmaciones son de una gravedad extraordinaria. Si fueran falsas, correspondería a las autoridades desmentirlas y demostrar documentalmente cuál es la situación administrativa de los efectivos involucrados. Pero si fueran verdaderas, el problema excedería ampliamente una disputa laboral y obligaría a investigar posibles presiones indebidas, violaciones de derechos y eventuales responsabilidades políticas.
En cualquier Estado de derecho, las acusaciones de semejante magnitud no pueden quedar atrapadas en el silencio. Porque cuando las respuestas oficiales desaparecen, las sospechas crecen. Y cuando un gobierno no explica, la incertidumbre se transforma en un problema institucional.
Hasta el momento, las autoridades provinciales no han dado una respuesta pública que permita esclarecer las denuncias formuladas por Adolfo Guirula.
