El vicegobernador de Río Negro denunció que el Gobierno nacional recauda el impuesto a los combustibles, retiene la mayor parte de esos recursos y utiliza el dinero para sostener las metas fiscales de Caputo. Mientras tanto, las rutas nacionales se deterioran y multiplican los riesgos para quienes las transitan.
Hay una pregunta que incomoda detrás de las cifras del celebrado superávit fiscal del Gobierno de Javier Milei: ¿cuánto de ese resultado se sostiene dejando de gastar el dinero que el propio Estado recauda para mantener las rutas?
El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, puso el interrogante sobre la mesa y lanzó una de las acusaciones más duras contra la administración nacional: sostuvo que la Nación está reteniendo deliberadamente los fondos destinados a la infraestructura vial para preservar el superávit que exhibe el ministro de Economía, Luis Caputo.
La denuncia adquiere mayor gravedad luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconociera que los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial) son utilizados para cumplir con las metas fiscales del Gobierno.
Los números aportados son contundentes.
Entre 2024 y mayo de 2026, la Nación recaudó más de $1,5 billones mediante el Impuesto a los Combustibles Líquidos, un tributo que tiene una finalidad específica vinculada con la conservación y mejora de la red vial federal.
Pero solamente alrededor de $394.400 millones fueron destinados a infraestructura vial.
El resto, más de $1,1 billones, quedó retenido o fue colocado en instrumentos financieros.
Dicho de otra manera: los argentinos pagaron el impuesto cada vez que cargaron combustible, pero la mayor parte de ese dinero no volvió a las rutas para las que fue recaudado.
El dinero está. Lo que falta es la obra
Los porcentajes de ejecución muestran una situación difícil de compatibilizar con el discurso oficial de eficiencia estatal.
En 2024 se recaudaron $360.238 millones, pero apenas se ejecutaron $40.668 millones: el 11,3%.
En 2025 ingresaron $692.514 millones y se aplicaron $270.592 millones: el 39%.
Y durante los primeros cinco meses de 2026 se recaudaron otros $450.500 millones, de los cuales apenas $83.144 millones fueron ejecutados: solamente el 18,5%.
Mientras tanto, los pozos permanecen. Las banquinas se deterioran. La señalización desaparece. Los corredores estratégicos se degradan.
Y en muchos sectores de la Patagonia, donde las distancias son enormes y existen pocos caminos alternativos, una ruta destruida no es simplemente una molestia: puede convertirse en una amenaza concreta para trabajadores, transportistas, turistas, productores y familias enteras.
“El superávit de Milei está manchado de sangre”
Pesatti no utilizó eufemismos para describir la situación.
“El Gobierno acaba de confesar que se queda con el dinero de las rutas para dibujar el superávit fiscal de Luis Caputo”, afirmó.
Según el vicegobernador, la situación no puede atribuirse a falta de capacidad administrativa o a errores de gestión.
“Cobra el impuesto en cada surtidor, retiene los fondos y abandona los caminos hasta convertirlos en corredores de la muerte. No es desorden, negligencia ni impericia, sino una decisión consciente y deliberada del presidente Javier Milei”, sostuvo.
La acusación alcanza además una dimensión institucional: Pesatti planteó que el Estado nacional estaría utilizando recursos recaudados con una finalidad específica para otro objetivo.
“El Gobierno nacional recauda un impuesto para una finalidad específica y utiliza el dinero para otra cosa. Eso constituye, como mínimo, un desvío inadmisible de recursos públicos que deberá ser investigado”, afirmó.
Y resumió su cuestionamiento con una frase destinada a convertirse en el eje político de la denuncia:
“El superávit de Milei está manchado de sangre”.
El costo oculto del ajuste
El planteo de Pesatti apunta directamente a una de las banderas económicas de la administración libertaria: el equilibrio de las cuentas públicas.
El Gobierno nacional exhibe el superávit fiscal como una de las principales conquistas de su gestión. Pero el vicegobernador sostiene que detrás de ese resultado también hay obligaciones que el Estado dejó de cumplir.
“No se puede llamar ahorro al dinero que se obtiene dejando que las rutas se destruyan y que la gente muera sobre ellas”, cuestionó.
La discusión, entonces, ya no sería solamente cuánto recauda el Estado ni cuánto gasta. La pregunta es qué ocurre cuando el ajuste fiscal se consigue postergando obras y servicios que tienen una finalidad concreta y cuyo financiamiento ya fue cobrado a los ciudadanos.
Porque si el dinero destinado a las rutas se transforma en una herramienta para mejorar las cuentas fiscales, el problema deja de ser solamente vial.
Se convierte en una discusión sobre qué Estado está construyendo el Gobierno de Milei y quién paga el costo real de esa construcción.
Patagonia: recursos hacia la Nación, rutas hacia el abandono
El reclamo adquiere una dimensión todavía mayor en Río Negro y en el resto de la Patagonia.
Las rutas nacionales son indispensables para conectar localidades, trasladar producción, sostener la actividad petrolera y energética, garantizar el turismo y permitir el acceso a hospitales, escuelas y servicios básicos.
Pesatti cuestionó precisamente esa contradicción.
“La Patagonia aporta petróleo, gas, energía, minerales, alimentos y divisas. La Nación se lleva nuestros recursos, se queda con los impuestos que pagamos y nos devuelve rutas destruidas”, afirmó.
Para el vicegobernador, esa situación desnuda la verdadera relación entre el Gobierno nacional y las provincias patagónicas.
“Ese es el federalismo de Milei: apropiarse de la riqueza del interior y abandonar a sus habitantes a su buena suerte”, disparó.
El reclamo que ahora deberá responder Nación
Pesatti anticipó que Río Negro analizará las herramientas institucionales y judiciales disponibles para reclamar la liberación de los fondos.
“Exigimos que la Nación libere inmediatamente cada peso retenido”, sostuvo.
Y dejó planteado un escenario que podría llevar la disputa más allá de la confrontación política.
“Si Milei decidió desertar de sus obligaciones, deberá transferir a las provincias la totalidad de los recursos para mantenerlas”, afirmó.
La denuncia instala así una paradoja difícil de ignorar: un Gobierno que celebra cada peso que logra ahorrar puede estar acumulando recursos que fueron cobrados a los ciudadanos para una finalidad concreta y que, sin embargo, no están siendo utilizados para ella.
El resultado puede exhibirse en una planilla de Excel como superávit.
Pero en la ruta, ese mismo ajuste puede tener otra forma: un pozo más, una banquina menos, una señal que no está, una obra que no se hace y una familia que queda expuesta al riesgo.
Por eso Pesatti cerró su denuncia con una advertencia: “Lo que no vamos a aceptar es que cobre el impuesto, se quede con el dinero y nos deje los pozos, los accidentes y los muertos. El Gobierno tendrá que responder política y judicialmente por este despojo”.
Con información de QUORUM
