En medio del acampe que efectivos policiales mantienen frente a la Casa de Gobierno de Misiones en reclamo de mejoras salariales y laborales, uno de los referentes de la protesta, Alfonso Guirula, publicó este lunes una extensa y durísima reflexión contra el gobierno provincial que encabeza Hugo Passalacqua.
El mensaje vuelve a poner en el centro de la escena la situación de los trabajadores estatales misioneros y, particularmente, las denuncias formuladas por policías que participan de la protesta. Los efectivos aseguran haber sufrido persecución, hostigamiento, detenciones, causas judiciales que consideran armadas y represalias contra sus familias como consecuencia de sus reclamos.
Guirula utilizó una comparación con la situación de comunidades africanas que luchan diariamente por acceder a servicios básicos para cuestionar la realidad social de Misiones.
“África lucha por sobrevivir. Misiones, que tiene todo para ser próspera, también lucha por sobrevivir a su propio gobierno”, sostuvo.
“Si no obedeces, sufres”
Uno de los ejes centrales del escrito es la denuncia de una presunta utilización del poder estatal para disciplinar a quienes cuestionan al gobierno.
Guirula sostiene que, bajo la administración de Passalacqua, la lealtad política habría adquirido mayor importancia que el trabajo y el reclamo legítimo de los ciudadanos.
En ese marco, menciona a distintos sectores que protagonizaron protestas durante los últimos años: policías, docentes, trabajadores de la salud y productores.
Respecto de los efectivos policiales, afirma que quienes reclamaron mejoras salariales fueron “detenidos, apartados, torturados y sometidos a procesos sin fundamento”. Se trata de acusaciones particularmente graves que forman parte del planteo de los manifestantes y que han sido utilizadas como argumento para denunciar lo que consideran una respuesta represiva del Estado provincial.
Los policías también han denunciado que algunos efectivos fueron alojados en establecimientos penitenciarios de máxima seguridad junto a personas que habían sido detenidas por delitos vinculados al narcotráfico, situación que consideran una forma de intimidación.
La crisis policial vuelve a tensionar al gobierno
El conflicto salarial de la Policía misionera se desarrolla en un escenario provincial atravesado por reclamos de distintos sectores estatales y por fuertes discusiones políticas.
Los manifestantes cuestionan que el Estado provincial exija sacrificios a sus trabajadores mientras mantiene una estructura política que, según denuncian, beneficia a funcionarios y sectores allegados al poder.
En su publicación, Guirula también apunta contra los servicios públicos y la situación económica de los sectores populares.
Menciona casos de familias que tendrían dificultades para acceder al agua potable, cuestiona los incrementos en las tarifas de agua y electricidad y denuncia la existencia de cargos públicos que, según su mirada, estarían ocupados por “amigos, parientes y allegados” de funcionarios.
“El gobierno se llena la boca hablando de progreso, pero lo único que crece son las facturas, los favorecidos y la miseria de la gente”, escribió.
Passalacqua y una provincia atravesada por tensiones políticas
Las críticas de los policías se producen, además, en un momento particularmente complejo para la administración de Passalacqua.
El gobierno provincial mantiene una fuerte confrontación discursiva con la administración de Javier Milei, especialmente por el recorte de recursos nacionales, la paralización de obras públicas y el esquema de distribución de fondos entre Nación y provincias.
Passalacqua ha cuestionado reiteradamente lo que denomina el “país central” y sostiene que las políticas de ajuste nacional generan un fuerte impacto sobre las provincias.
La administración misionera también expresó su rechazo a recortes de fondos destinados a áreas naturales protegidas y reivindicó el denominado “misionerismo” como modelo político, con un Estado provincial activo frente al repliegue del Gobierno nacional.
Sin embargo, esa defensa del rol estatal convive con cuestionamientos internos vinculados con el funcionamiento de la propia administración provincial.
Renuncias, despidos y reducción de cargos
Durante 2026, la gestión provincial atravesó además diferentes episodios que impactaron sobre su imagen pública.
Entre ellos se encuentra la polémica generada por el viaje a Miami de una funcionaria provincial durante un período de ajuste, situación que derivó en su salida del cargo.
También hubo apartamientos de funcionarios luego de la difusión de contenidos considerados polémicos en redes sociales.
En paralelo, Passalacqua avanzó con un proceso de reducción de la estructura estatal. A través de decretos, el Gobierno provincial dispuso la eliminación de 114 cargos jerárquicos, medida presentada oficialmente como parte de una política destinada a reducir gastos y “cuidar la plata de los misioneros”.
Para sus críticos, en cambio, estas decisiones forman parte de una contradicción entre el discurso oficial y las condiciones concretas que atraviesan numerosos trabajadores.
Reclamos que exceden a la Policía
La tensión tampoco se limita al ámbito policial.
Los reclamos de pequeños productores yerbateros, tareferos, docentes y trabajadores de la salud han expuesto diferentes conflictos sociales y económicos en la provincia.
Incluso la Iglesia católica manifestó preocupación por la situación de los sectores vinculados a la producción yerbatera. En mayo, desde ese ámbito se cuestionó la desigualdad existente entre los grandes sectores empresariales y los pequeños productores y tareferos.
La oposición legislativa, integrada por sectores del PRO, la UCR y el PAyS, también ha endurecido sus críticas contra el oficialismo y cuestionado el Presupuesto provincial, al que calificaron de contradictorio con el discurso oficial de protección social.
Una interna política que agrega tensión
A este panorama se suma la reconfiguración del escenario político misionero.
La decisión de Passalacqua de abandonar el partido fundado por el exgobernador Carlos Rovira profundizó las tensiones dentro del histórico Frente Renovador de la Concordia y abrió un nuevo capítulo en la disputa por el liderazgo político provincial.
El oficialismo, mientras tanto, reivindica sus posiciones frente a las políticas nacionales y destaca especialmente su defensa del territorio misionero frente a iniciativas que pudieran facilitar la extranjerización de tierras rurales.
Así, el gobierno provincial sostiene una agenda que combina la defensa de los recursos provinciales y el reclamo de mayor federalismo con una política de reducción del gasto y una fuerte disputa interna.
“¿Hasta cuándo vamos a aguantar?”
En su publicación, Guirula eligió cerrar con una pregunta dirigida no solamente al gobierno sino también a la sociedad misionera.
“¿Hasta cuándo vamos a soportar que nos traten así?”, planteó.
Y volvió a cargar contra lo que considera una estructura de poder que lleva décadas gobernando la provincia.
“Más de treinta años sin que el pueblo sea la prioridad. Persecución al que reclama, riqueza para los allegados, miseria para los demás”, escribió.
El planteo del policía vuelve a colocar bajo los reflectores una protesta que el gobierno deberá afrontar mientras intenta administrar, al mismo tiempo, las consecuencias del ajuste nacional, las demandas de los trabajadores estatales, las dificultades económicas de sectores productivos y una interna política que amenaza con modificar el mapa de poder de Misiones.
El conflicto policial, lejos de quedar reducido a una discusión salarial, vuelve a transformarse así en un cuestionamiento político de mayor alcance sobre el modelo de gobierno que lleva décadas conduciendo la provincia.
