Dos casos sacuden a la región: En Chimpay, una empleada municipal denunció abuso y terminó despedida, mientras que en Lamarque, en la causa por la desaparición de Kevin Hernández se denunció connivencia policial con el narcomenudeo. Pese a la gravedad de los hechos, hasta el momento no hubo reacciones públicas contundentes ni de la Justicia, ni de la Policía, ni de las autoridades políticas.
Hay silencios que pesan más que cualquier declaración. En Valle Medio, dos hechos de enorme gravedad expusieron en las últimas semanas denuncias de abuso, encubrimiento, violencia institucional y posibles vínculos entre sectores policiales y el narcotráfico, sin que hasta ahora existan respuestas claras de los organismos responsables.
Por un lado, una empleada municipal de Chimpay denunció abuso, hostigamiento y violencia laboral por parte de un capataz municipal y, tras hacer pública la situación, terminó despedida. El caso tomó estado público luego de que este medio difundiera la denuncia y el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Musa, acompañara a la trabajadora y responsabilizara políticamente a las máximas autoridades municipales por lo ocurrido.
La mujer, identificada como Vanina, publicó un video en redes sociales donde relató entre lágrimas las consecuencias personales y laborales que sufrió tras denunciar los hechos. Según contó, luego de reincorporarse a sus tareas recibió un telegrama de despido sin explicaciones formales.
“Hoy me llega el telegrama de despido, donde no me dicen el porqué de esto. Años llevo laburando ahí y por un hijo de puta que me quiso cagar la vida, ellos decidieron correrme a mí, cuando él sigue laburando como si nada”, expresó.
Vanina aseguró además que debió recibir asistencia psicológica y psiquiátrica y que actualmente se encuentra medicada. También apuntó directamente contra el intendente de Lamarque, Lucas Carrasco, a quien acusó de conocer previamente la situación y no intervenir.
“El intendente sabía. Fui y hablé con él y nunca hizo nada. El chabón me seguía buscando y nadie hizo nada”, afirmó.
El caso había comenzado a visibilizarse públicamente a principios de marzo, cuando este medio publicó en exclusiva la denuncia de violencia laboral y de género realizada por la trabajadora. Desde entonces, el tema generó repercusiones sociales y políticas en la región, aunque hasta ahora no hubo pronunciamientos públicos contundentes desde el municipio ni señales de avances visibles en la investigación judicial.
Mientras tanto, otro expediente de enorme sensibilidad mantiene bajo cuestionamiento a las instituciones provinciales. Se trata de la desaparición de Kevin Hernández, visto por última vez el 22 de febrero en Lamarque.
En los últimos días, el abogado Leandro Aparicio, representante de la familia junto a Sergio Heredia, realizó durísimas denuncias públicas contra la policía local y cuestionó severamente el accionar de la Justicia provincial.
Durante una entrevista con FM Urbana, la radio municipal de Lamarque, Aparicio sostuvo que existen testimonios que permiten sostener la hipótesis de un homicidio ocurrido en la localidad en un contexto de consumo de drogas y posterior ocultamiento del cuerpo.
“El crimen de Kevin fue en Lamarque, por personas de Lamarque y en un contexto de consumo de paco”, aseguró el abogado.
Según explicó, la defensa detectó múltiples irregularidades en la investigación. Entre ellas, denunció que la policía no tomó la denuncia de desaparición presentada por la pareja de Kevin dos días después de que se perdiera contacto con él, pese a los protocolos vigentes para este tipo de casos.
Además, sostuvo que testimonios recogidos desde febrero recién fueron remitidos a la fiscalía el pasado 28 de abril, luego de que la situación fuera denunciada públicamente.
“Mientras buscaban a Kevin en Río Colorado o en Viedma, ya había testimonios que señalaban claramente lo que había pasado en Lamarque”, expresó.
Aparicio fue todavía más lejos al denunciar una presunta connivencia entre sectores policiales y el narcomenudeo local.
“Hay entre 20 y 30 cuevas que venden paco con la anuencia y la complicidad de la policía”, afirmó.
La defensa solicitó formalmente que la causa pase a la Justicia Federal bajo la hipótesis de una posible desaparición forzada de persona vinculada a un eventual encubrimiento estatal. Según relató el abogado, el juez interviniente anticipó que haría lugar al pedido, aunque todavía resta la aceptación formal de la Justicia Federal.
Pese a la magnitud de las acusaciones, hasta ahora no hubo respuestas públicas de las máximas autoridades policiales de Río Negro ni del Ministerio de Seguridad provincial. Tampoco se conocieron medidas internas o investigaciones administrativas frente a las denuncias de encubrimiento y complicidad policial.
En paralelo, desde el municipio de Lamarque tampoco hubo explicaciones públicas sobre cuál fue el rol institucional frente a un caso que conmociona a toda la comunidad, mientras la comuna mantiene activa su difusión oficial sobre los festejos por el aniversario de la localidad.
En ambos casos, las denuncias apuntan no sólo a hechos graves, sino también a la ausencia de reacción institucional frente a situaciones que involucran posibles abusos de poder, violencia y fallas del Estado. En Valle Medio, el silencio oficial empieza a convertirse también en parte central de la discusión pública.
