La contratación impulsada por el área que conduce Karina Milei incluye mantenimiento, poda y riego en edificios presidenciales. Entre las empresas oferentes aparecen firmas señaladas en investigaciones por presuntas irregularidades y posibles maniobras de cartelización.
Mientras millones de argentinos ajustan gastos, reducen consumos básicos y buscan sostener la economía familiar en medio de la crisis, el gobierno de Javier Milei avanza con una licitación millonaria destinada al mantenimiento de los espacios verdes de la residencia presidencial de Quinta Presidencial de Olivos y la Casa Rosada.
El portal de noticias “Realpolitik” dio a conocer la contratación, identificada como licitación pública 23-0005-LPU26, que es impulsada por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y contempla tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, corte de césped, poda, riego y conservación de jardines en dos de los edificios más emblemáticos del poder político argentino.
El presupuesto oficial ronda los 700 millones de pesos y genera fuerte controversia en un contexto donde el propio Gobierno sostiene como eje discursivo que “no hay plata” y profundiza políticas de ajuste sobre distintas áreas del Estado.
Sin embargo, el foco del escándalo no estaría únicamente en el monto destinado a la parquización presidencial, sino también en las empresas que se presentaron como oferentes. Según reveló el portal Realpolitik, entre las firmas participantes aparecen La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA, compañías que desde hace años figuran en expedientes judiciales, denuncias gremiales e investigaciones vinculadas a contrataciones estatales.
Ambas firmas lograron sostener contratos millonarios a lo largo de distintos gobiernos, atravesando administraciones kirchneristas, macristas, albertistas y ahora también libertarias, dentro del lucrativo negocio de los servicios tercerizados para el Estado.
El sector de limpieza y mantenimiento estatal mueve cifras multimillonarias. Hospitales, ministerios, organismos nacionales, aeropuertos y dependencias oficiales requieren servicios permanentes de mantenimiento y parquización. De acuerdo a informes de la Sindicatura General de la Nación, durante 2023 el Estado nacional ejecutó cerca de 3 mil contratos vinculados al rubro por más de 88 mil millones de pesos.
El dato que encendió alarmas fue la concentración de adjudicaciones: apenas diez empresas absorbieron más del 60 por ciento de los fondos ejecutados. Entre ellas volvieron a aparecer La Mantovana y firmas relacionadas con Grub SA.
La SIGEN también detectó irregularidades administrativas en el 72 por ciento de los contratos revisados, entre ellas falta de documentación, controles débiles sobre asistencia del personal, ausencia de verificaciones horarias y escaso seguimiento sobre aportes previsionales y ART.
La Mantovana, particularmente, acumula antecedentes polémicos. La empresa prestó servicios en organismos como ANSES, AFIP, Cancillería, hospitales y distintas dependencias nacionales y porteñas, aunque quedó bajo sospecha por presuntas irregularidades previsionales, conflictos laborales, posibles sobreprecios y denuncias por conductas anticompetitivas.
En 2024 incluso fue presentada una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra La Mantovana y Grub SA por supuestas maniobras de cartelización. La acusación sostiene que ambas compañías actuarían bajo una misma “unidad de control económico”, funcionando formalmente como firmas separadas pero coordinadas entre sí.
De comprobarse esa hipótesis, las licitaciones públicas donde ambas participan podrían convertirse en una simulación de competencia, donde distintas empresas aparentan disputar contratos que, en los hechos, terminarían dentro de un mismo grupo empresario.
Las compañías también fueron mencionadas en investigaciones relacionadas con contrataciones del INTI durante la gestión de Mauricio Macri, además de procesos licitatorios en organismos como AySA, ANAC y distintas dependencias estatales.
El caso vuelve a poner bajo tensión el discurso oficial de combate contra “la casta” y los privilegios del Estado. La gestión de Javier Milei construyó buena parte de su identidad política cuestionando a empresarios ligados históricamente a contratos públicos. Sin embargo, las primeras grandes licitaciones del gobierno libertario empiezan a exhibir nombres que se repiten desde hace años en los principales negocios estatales.
La situación adquiere todavía mayor sensibilidad política porque la contratación depende directamente del área que conduce Karina Milei, considerada la funcionaria con mayor poder dentro de la estructura presidencial.
En paralelo al ajuste sobre programas públicos, el freno de obras, los despidos estatales y las restricciones presupuestarias, el Gobierno se dispone a desembolsar hasta 700 millones de pesos para mantener en condiciones los jardines presidenciales, mientras empresas cuestionadas por la Justicia vuelven a competir por contratos millonarios financiados con fondos públicos.
