Diego Correa, uno de los doce agentes misioneros que estuvo preso y hoy protesta hace 81 días frente a la Casa de Gobierno, reveló en una entrevista radial cómo la cúpula policial y el poder político los persiguen por haber denunciado redes de contrabando y narcotráfico. Aseguran que el ex gobernador Carlos Rovira es el “poder detrás del poder” que bloquea toda ayuda y mantiene a cien agentes en la indigencia.
En una impactante entrevista brindada a María Julia Oliván en el programa radial “Border Periodismo” –que se suma a la que hiciéramos en nuestro medio a Adolfo Guirula– el oficial de policía Diego Correa detalló la pesadilla que viven él y otros once agentes de la Policía de Misiones. Tras un año de prisión en un penal de máxima seguridad, haber sufrido torturas y amenazas de muerte contra sus familias, y estar hace 81 días acampando frente a la Casa de Gobierno en Posadas sin cobrar un peso, los agentes denuncian una feroz persecución por haberse negado a encubrir delitos de la cúpula y haber rechazado una coima millonaria.
El origen: Denuncias contra la cúpula y “zonas liberadas”
El conflicto tiene sus raíces en 2023, cuando un grupo de policías, hartos de las precarias condiciones laborales y los sueldos de miseria, salió a reclamar. Pero la protesta pronto derivó en algo mucho más peligroso para el establishment provincial: las denuncias por corrupción.
Correa relató que él y dos colegas más denunciaron al director de Investigaciones de la Policía de Misiones, el comisario mayor Rotela, junto al jefe de unidad Malosky y el por entonces subjefe de policía, Mag Eduardo (hoy subsecretario de Seguridad y Justicia). Según los agentes, estos altos mandos “liberaban zonas” en la capital, Posadas, para facilitar la venta ilegal de combustible, el contrabando de cigarrillos desde Paraguay y el tráfico de estupefacientes. Para cubrir estas maniobras, organizaban “operativos fantasmas”, sacando los móviles policiales a diez kilómetros de sus jurisdicciones para que no hubiera controles.
Cuando los agentes se negaron a callar, la cúpula intentó iniciarles causas por “encubrimiento”, pero al ver que los policías tenían pruebas, optaron por la represalia directa.
El intento de coima y la detención
En mayo de 2024, en medio de masivas protestas que reunieron a 10.000 policías y 2.000 penitenciarios en la avenida Uruguay, la cúpula intentó comprar el silencio. Correa fue tajante al revelar que el actual jefe de policía, Sandro Martínez, el subjefe López Asensio y el ex ministro de Coordinación Héctor “Kiko” Llerera, ofrecieron a los delegados policiales la suma de 50 millones de pesos para levantar las protestas y evitar la sindicalización de la fuerza.
Ante la negativa de los agentes a aceptar el dinero, las amenazas se materializaron. “El jefe de policía y el ministro nos dijeron que si no aceptábamos ese dinero íbamos a terminar detenidos. Les dije que no iban a detenernos solo porque tenían el poder. Y así fue. Nos dijeron: ‘Nosotros tenemos el poder y hacemos lo que queremos'”, recordó Correa.
En septiembre de 2024, los primeros doce policías fueron detenidos. Pasaron los primeros 21 días hacinados en la Comisaría Segunda de Posadas, donde sobrevivieron gracias a la solidaridad de sus familias, retirados y transeúntes que les llevaban comida, ya que la provincia no les proveyó ni un solo plato de comida.
El infierno en Loreto: Torturas y amenazas de muerte
Al cumplirse los 21 días, fueron notificados de su prisión preventiva y trasladados al complejo de Loreto, un penal de máxima seguridad en Misiones. Allí, el calvario se intensificó.
“Éramos 500 internos. Los primeros tres meses nos dejaban salir una hora por día. Estábamos cuatro en una celda de dos por cuatro”, describió Correa. La situación era de extrema vulnerabilidad para policías presos entre reclusos comunes, muchos de ellos enviados por el gobierno para hostigarlos.
Correa relató episodios de tortura y humillación: allanamientos de celda a las madrugadas, obligándolos a arrodillarse desnudos contra la pared mientras les ponían escopetas en la espalda. “Nos decían que estábamos vivos porque ese jefe quería, que el gobierno nos mandó a Loreto para que nos maten, porque supuestamente quisimos destabilizar el gobierno”, denunció el oficial, asegurando que las causas en su contra están armadas y hoy se encuentran paradas en la fiscalía.
Asfixia económica y amenazas a las familias
Hoy, los agentes sobrevivientes llevan 81 días reclamando frente a la Casa de Gobierno en Posadas. La situación económica es de indigencia total. El Estado provincial les bloquea los salarios: Contaduría liquida los haberes, pero Hacienda de la provincia no da el “ok” para que el dinero llegue a sus cuentas. Además, el decreto que supuestamente los pasaría a disponibilidad en otra provincia es un “fantasma”; el director de la Boletín Oficial confirmó que dicho decreto nunca fue elevado para su publicación.
La persecución llega al extremo de obligarlos a renunciar a su obra social para que sus familias puedan percibir las asignaciones familiares por sus hijos, ya que en los registros de Casa de Gobierno aún figuran como policías activos con cobertura médica.
A esto se suma el terror psicológico: “Amenazas a la familia, pasan enfrente de nuestro domicilio, nos tiran piedras. A nuestro hijo le dicen: ‘decile a tu papá que salga ya, o si no no lo vas a ver nunca más'”, reveló Correa con angustia.
El “poder detrás del poder” y la indefensión
El alcance de esta purga es masivo: hoy hay casi 100 policías misioneros en situación de “disponibilidad”, sin cobrar, sin poder patrullar y abandonados a su suerte, mientras la provincia enfrenta graves problemas de trata, delitos contra la mujer y narcotráfico.
Lo más alarmante es la complicidad del sistema de derechos humanos local. Cuando los agentes y sus familias buscaron amparo, se toparon con un muro. “Los derechos humanos nos dijeron que no nos pueden ayudar porque tienen directiva de Carlos Eduardo Rovira de no ayudarnos”, sentenció Correa.
El oficial señaló que el ex gobernador Carlos Rovira es el verdadero “poder detrás del poder” en Misiones, por encima del actual gobernador Hugo Passalacqua. “Acá nadie hace ni deshace nada sin la autorización de Rovira”, advirtió, explicando que el silencio de la sociedad misionera se debe a que el 75% de los ciudadanos percibe un sueldo del Estado y teme represalias.
La vía judicial federal
Ante la imposibilidad de obtener justicia en la provincia, los policías han radicado denuncias a nivel nacional. Correa confirmó que ya tuvieron audiencias vía Zoom con la justicia federal en Comodoro Py, específicamente en los juzgados federales números 37 y 47, a la espera de que el Estado nacional intervenga para frenar esta persecución que, según denuncian, busca silenciar a los únicos que intentaron hacer cumplir la ley en una provincia copada por las mafias.
