Una entrevista exclusiva expone una trama de detenciones, supuestas persecuciones, denuncias de apremios ilegales y acusaciones de manipulación judicial que sacuden a la provincia. Adolfo Guirula asegura haber sido convertido en “preso político” tras participar de los reclamos salariales policiales y sostiene que todo formó parte de una represalia para proteger intereses de poder.
Hay historias que interpelan por la crudeza de sus detalles y por las profundas preguntas institucionales que dejan abiertas. La de Adolfo Guirula, uno de los ocho policías detenidos en el marco de la crisis policial que estalló en Misiones en 2024, es una de ellas. ¿Lo detuvieron por reclamar mejora salarial? O tal vez, como hacía inteligencia sobre narcotráfico ¿Suponían que tenía información que pudiera incriminar a alguien con fuerte influencia política? No tenemos las respuestas, pero la ausencia de explicaciones políticas ayudan a que las sospechas crezcan.
En una extensa entrevista concedida a Perspectivavm.ar, el exintegrante de la División Drogas Peligrosas reconstruyó paso a paso lo que define como una maquinaria de persecución política y judicial que terminó por destruir su carrera, privarlo de la libertad durante nueve meses y dejar a su familia sumida en una situación económica y emocional límite.
Su relato no se limita a cuestionar las razones de su detención. También incluye denuncias de presuntas torturas, aislamiento, amenazas, hostigamiento contra sus allegados y supuestas presiones políticas sobre la Justicia provincial.
Un investigador de narcóticos que asegura no haber liderado ninguna protesta
Guirula insiste en marcar desde el inicio una diferencia que considera clave: afirma que nunca fue delegado policial, que no integraba grupos de WhatsApp utilizados para organizar las protestas y que tampoco tenía un rol de conducción dentro del conflicto salarial.
Según explicó, al momento de las manifestaciones prestaba funciones en el área de inteligencia de Drogas Peligrosas, desarrollando investigaciones vinculadas al narcotráfico en la zona de Apóstoles. Por la naturaleza de su trabajo, operaba de civil y utilizaba su teléfono personal para almacenar información relacionada con las pesquisas.
Reconoce haber acompañado los reclamos en sus tiempos libres, pero asegura que jamás abandonó sus obligaciones laborales ni participó de acciones destinadas a alterar el funcionamiento institucional.
Incluso sostiene que no conocía personalmente a la mayoría de los otros siete policías que terminaron detenidos junto a él y que recién los trató al compartir las celdas.
La sospecha que atraviesa todo su testimonio
Uno de los ejes más delicados de la entrevista es la hipótesis que Guirula plantea sobre el verdadero origen de su situación judicial.
El expolicía sostiene que las investigaciones antidrogas en las que trabajaba comenzaban a acercarse a personas con poder e influencia dentro de la provincia. Sin aportar pruebas concretas durante la entrevista, afirma que algunos superiores advertían que “hasta ahí había que llegar” porque continuar investigando podía resultar peligroso.
Según su interpretación, la causa judicial abierta posteriormente habría servido para apartarlo definitivamente de esas tareas y neutralizar investigaciones sensibles.
Una convocatoria laboral que terminó en detención
El relato de la detención está cargado de detalles.
Cuenta que cumplía un servicio adicional cuando recibió una llamada de su superior para presentarse esa misma tarde en la Unidad Regional VII con el argumento de que debía realizar reactivos relacionados con procedimientos antidrogas.
Nada hacía prever —según afirma— que en realidad sería arrestado.
Al llegar fue conducido al despacho del jefe regional, donde se encontraban presentes varias autoridades policiales. Allí, tras preguntarle por sus armas reglamentarias, le comunicaron que quedaba detenido e incomunicado.
Cuando pidió explicaciones, asegura que solo obtuvo una respuesta: quienes ejecutaban el procedimiento estaban “cumpliendo órdenes de arriba”, sin especificar de quién provenían esas instrucciones.
Allanamiento sin orden, incomunicación y una familia desesperada
Guirula relata que inmediatamente después fueron a buscar su automóvil, retiraron su arma reglamentaria y documentación personal y secuestraron su teléfono celular.
Afirma que colaboró voluntariamente entregando incluso las claves de acceso al dispositivo porque entendía que no tenía nada que ocultar.
Mientras tanto, su esposa —que había asistido a una actividad religiosa junto a sus hijos— desconocía completamente qué estaba ocurriendo.
Según su versión, no pudo comunicarse con ella, permaneció incomunicado y fue trasladado con esposas y la cabeza cubierta hacia Posadas, donde recién conoció a los demás policías involucrados en la causa.
Trece días sin saber exactamente por qué estaba preso
Uno de los aspectos más inquietantes del testimonio es la descripción de los primeros trece días de detención.
Guirula asegura que durante ese período ni abogados ni familiares pudieron acceder libremente a ellos y que tampoco recibieron una explicación clara sobre las acusaciones.
Relata además que les habrían solicitado firmar bajas voluntarias de la fuerza e incluso documentos en blanco, extremo al que afirma haberse negado.
Solo posteriormente comparecieron ante autoridades judiciales, ocasión en la que les informaron que estaban acusados de sedición, conspiración y coacción, supuestamente por integrar un grupo de WhatsApp destinado a desestabilizar al gobierno provincial.
Él rechaza categóricamente esas imputaciones y asegura que nunca existió tal intención.
La exhibición pública y el peso de las acusaciones
Otro momento que recuerda con indignación fue su traslado esposado ante los tribunales.
Afirma que permanecieron durante horas con chalecos y esposas mientras medios de comunicación registraban imágenes que luego fueron difundidas junto a versiones que los presentaban como responsables de un intento de sublevación contra el gobierno democrático.
Sostiene que aquella exposición pública contribuyó a consolidar una condena social antes de que existiera cualquier resolución judicial definitiva.
El teléfono secuestrado y una prueba que, según afirma, nunca fue analizada
Guirula asegura que su teléfono celular continúa secuestrado y sostiene que jamás fue sometido a pericias que acrediten las acusaciones formuladas en su contra.
También denuncia presuntas irregularidades en la cadena de custodia del dispositivo y afirma que el aparato habría sido manipulado por personal policial, extremo que considera incompatible con las garantías procesales.
La prisión preventiva y un sistema penitenciario que describe como inhumano
Tras los primeros días fue trasladado al penal de Loreto, donde comenzó una etapa que describe como una sucesión de humillaciones.
Según su testimonio, compartía espacio con personas que él mismo había investigado o detenido cuando trabajaba en narcóticos, situación que consideraba riesgosa.
Relata allanamientos nocturnos en las celdas, amenazas con armas largas, destrucción de pertenencias personales, revisión de colchones y alimentos, y búsquedas de teléfonos celulares que —según afirma— otros internos podían poseer sin inconvenientes.
Huelga de hambre y denuncias de tortura
Ante la falta de respuestas judiciales, Guirula asegura que junto a otros compañeros inició una huelga de hambre.
Describe que, lejos de obtener atención institucional, fueron trasladados a un sector de castigo donde debieron dormir en condiciones que califica como degradantes, rodeados de excrementos y orina, con colchones retirados durante gran parte del día.
Afirma que organismos provinciales vinculados con derechos humanos y prevención de la tortura nunca acudieron pese a los pedidos formulados.
Traslados confusos y permanencia al costado de una ruta
El entrevistado también narra episodios llamativos durante sucesivos traslados penitenciarios.
Cuenta que en una oportunidad fue retirado del penal con destino presunto a otra unidad, pero terminó detenido durante horas al costado de la Ruta Nacional 14 mientras los custodios aguardaban nuevas instrucciones superiores.
Posteriormente fue regresado al establecimiento original y más tarde sometido a nuevos traslados, algunos de ellos con permanencias en celdas que describe nuevamente como insalubres.
Nueve meses detenido y una investigación que, asegura, sigue sin avanzar
Guirula permaneció privado de la libertad desde septiembre de 2024 hasta junio de 2025 bajo prisión preventiva.
Según sostiene, al recuperar la libertad descubrió que tanto el expediente administrativo como el judicial prácticamente no habían registrado avances sustanciales y que las actuaciones continuarían formalmente en etapa investigativa.
Esa circunstancia alimenta su convicción de que fue encarcelado sin fundamentos suficientes y por motivaciones ajenas a la búsqueda de justicia.
Acusaciones directas contra el poder político
El tramo más explosivo de la entrevista llega cuando responsabiliza políticamente a sectores del oficialismo provincial por su situación.
Sin presentar pruebas documentales durante la conversación, asegura que su abogado le manifestó que tanto él como los demás policías eran “presos políticos” y atribuye capacidad de influencia sobre distintas instituciones al dirigente Carlos Eduardo Rovira.
También menciona presuntas investigaciones por enriquecimiento ilícito que, según dice haber leído, alcanzarían al histórico referente político misionero y a integrantes de su entorno.
Se trata de afirmaciones formuladas exclusivamente por el entrevistado, que no aparecen corroboradas en el material aportado y que deberían ser contrastadas con fuentes independientes.
Una familia golpeada económica y emocionalmente
Mientras la causa continúa abierta, Guirula asegura que dejó de percibir ingresos y que actualmente sobrevive gracias a la ayuda de familiares y allegados.
Describe además que sus hijos habrían sido sometidos a revisiones durante las visitas al penal y sostiene que tanto ellos como su esposa fueron víctimas de persecuciones, seguimientos y actos intimidatorios.
Según denuncia, vehículos permanecían frente a su vivienda tomando fotografías y motociclistas realizaban maniobras intimidatorias cerca del domicilio familiar.
Afirma que esos episodios también fueron denunciados judicialmente.
El reclamo que no cesa
Hoy, instalado en una carpa de protesta y enfrentando un futuro incierto, Adolfo Guirula asegura que continuará recurriendo a instancias federales para denunciar lo que considera una grave vulneración de derechos.
Su testimonio dibuja un panorama que, de ser acreditado judicialmente, pondría bajo la lupa el funcionamiento de áreas sensibles del Estado provincial, desde las fuerzas de seguridad hasta el sistema penitenciario y la administración de justicia.
Pero también deja en evidencia otra realidad: mientras las investigaciones siguen abiertas y las responsabilidades continúan siendo materia de discusión judicial, un grupo de exuniformados sostiene que fue castigado antes de ser juzgado y que aún busca respuestas sobre las razones que cambiaron sus vidas para siempre.
