En un fallo histórico, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revocó las condenas contra integrantes del Lof Lafken Winkul Mapu. La resolución no solo corrige una de las peores “causas truchas” armadas por el lobby empresarial, sino que expone más de una década de terrorismo de Estado, racismo institucional y complicidad del Poder Judicial en la embestida contra los pueblos originarios.
El pasado martes 7 de julio, la Justicia Federal le torció el brazo a la embestida política y económica de la derecha. En una resolución que quedará grabada en la historia de la resistencia indígena, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal —compuesta por los jueces Guillermo J. Yacobucci, Alejandro W. Slokar y Ángela E. Ledesma— decidió absolver a Betiana Ayelén Colhuan, Martha Luciana Jaramillo, María Celeste Ardaiz Guenumil, Romina Rosas, Matías Daniel Santana y Yéssica Fernanda Bonnefoi.
Lejos de ser un mero trámite burocrático, el fallo unánime que revoca las condenas impuestas en primera instancia por el Tribunal Oral Federal de General Roca (a cargo del juez Alejandro Adrián Silva) es un triunfo de la dignidad mapuche y un fracaso estrepitoso de los sectores supremacistas, terratenientes y del aparato judicial que intentaron usar el derecho penal como un ariete para el despojo territorial.
El territorio es vida, no una parcela
La defensa, encabezada por las y los abogados de la Gremial de Abogados —Laura Taffetani, Blanca Fabiola Barreiro, Eduardo Néstor Soares, Gustavo Alberto Franquet, Luis Virgilio Sánchez, Siro Sebastián Soto y Álvaro Guillermo Arias Camacho— logró lo que el sistema de justicia se negaba a ver: que no se puede juzgar un conflicto ancestral bajo la lógica de la propiedad privada.
Los recursos demostraron que las condenas ignoraron deliberadamente el artículo 75 (incisos 17 y 22) de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para el pueblo mapuche, el territorio no es un simple predio de la Administración de Parques Nacionales ni de la estancia privada “La Escondida”; es el espacio de la vida comunitaria, de la espiritualidad y de la memoria ancestral. Allí se erige el rewe, sitio ceremonial cuya preservación había sido burlonamente pisoteada por la fiscalía y las querellas.
Terrorismo de Estado: De la “Campaña al Desierto” al macrismo
Para entender la magnitud de esta absolución, hay que recordar el baño de sangre y la violencia institucional que la originó. La llamada “Causa Madre” o “Causa Winkul” fue el punto de partida de la mayor ofensiva contra el pueblo mapuche en más de un siglo.
Todos recordarán el desastre de 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri, de la mano de Patricia Bullrich, invadió el Lof Lafken Winkul Mapu con tropas federales. Arrasaron al mejor estilo del General Roca: gasearon a niños, separaron a las lagmien de sus hijos y, días después, tendieron una emboscada artera. El resultado fue el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, y las heridas también por la espalda de Johana Coluhan y Gonzalo Coña. Ese fue el desembarco definitivo de la Gremial de Abogados en la Patagonia para batallar contra un Estado que había decidido cazar mapuches.
La traición del “progresismo” y el lobby terrateniente
Pero la crueldad no tuvo colores políticos. Durante el gobierno de Alberto Fernández, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que condujo Aníbal Fernández, se constituyó un “Comando Conjunto” que militarizó la región al estilo de una zona de guerra. Con la excusa mentida de un supuesto ataque a un puesto de Gendarmería, volvieron a arrasar el Winkul.
Las aberraciones fueron inauditas: mujeres detenidas durante más de ocho meses, niños dispersos en los montes casi muertos de frío, y una lagmien con un embarazo de ocho meses que debió parir estando privada de su libertad. La humillación llegó al extremo de trasladar a cuatro mujeres desde Bariloche hasta Ezeiza por tierra, en condiciones de vejación que replicaron la simbología de la Conquista del Desierto, cuando el pueblo mapuche fue deportado a la Isla Martín García. Tal fue la indignidad que la entonces Ministra de las Mujeres, Eli Gómez Alcorta, presentó su renuncia en repudio.
Lejos de rectificar, el gobierno de turno intentó cerrar el conflicto mediante una mesa de diálogo que, por primera vez, reconoció los derechos de la Comunidad Winkul sobre su sitio sagrado. Sin embargo, el lobby empresarial y terrateniente, utilizando a su brazo ejecutor en el Ministerio Público Fiscal, saboteó el acuerdo. La orden de los poderes fácticos era clara: condenar a como fuere.
La “Causa Trucha” y el racismo en los tribunales
Con la llegada del gobierno de Milei, se celebró un juicio oral amañado. Las grabaciones de las audiencias, difundidas por la Gremial, dejaron en evidencia el nivel jurídico mediocre de los fiscales y querellantes, pero sobre todo, el desprecio racista inaudito de funcionarios, testigos y del propio tribunal hacia las imputadas. Se impidió la prueba de descargo, se vulneró el ne bis in idem (expresión jurídica en latín que significa “no dos veces por lo mismo”) y se ignoró que Betiana Colhuan —hoy primera machi reconocida en décadas y guía espiritual de múltiples comunidades— era menor de edad al momento de los hechos, sin que jamás se abriera su legajo tutelar.
Fue una “causa trucha” que parió una “sentencia trucha”. Pero los operadores del Fuero Federal corrieron con el caballo del comisario, y se equivocaron.
Un triunfo que no cierra la pelea
La resolución de Casación de este 7 de julio no resuelve el fondo del conflicto territorial, pero admite las cuestiones de enorme trascendencia que la defensa planteó: la aplicación del derecho indígena, las obligaciones internacionales del Estado y la brutalidad de una sentencia arbitraria. Como bien señalaron desde la Gremial, “no tenían otra alternativa porque la brutalidad de la sentencia era evidente”.
Esta absolución es uno de los mayores triunfos de los últimos años en la defensa de los Derechos Humanos en Argentina. Sin embargo, la derecha política y los terratenientes no descansarán. Seguirán intentando boicotear el diálogo, seguirán hostigando y seguirán utilizando las fuerzas de seguridad para amedrentar.
Pero el fallo de la Sala II deja un mensaje claro: el derecho indígena existe, la Constitución manda, y la organización popular, acompañada por abogados y abogadas que no se rinden, sigue siendo el único dique de contención frente a la maquinaria de exterminio. El Lof Lafken Winkul Mapu sigue de pie, y su rewe también.
Con información de la “Gremial de Abogados” y “El Tren Programa De Radio Osovnikar Daniel“
