A ocho años y medio del hundimiento del ARA San Juan, la Justicia argentina dictó una sentencia que dejó un sabor amargo entre los familiares de las 44 víctimas. Hubo una única condena, de cumplimiento condicional, tres absoluciones y, una vez más, ninguna responsabilidad política juzgada. Para los familiares, el fallo consolida un proceso que dejó fuera del banquillo a quienes conducían el Estado y tenían el deber constitucional de garantizar la seguridad de las Fuerzas Armadas.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz resolvió este miércoles condenar al excomandante de la Fuerza de Submarinos de la Armada, Claudio Villamide, a tres años de prisión en suspenso por los delitos de estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La condena, sin embargo, no implicará prisión efectiva. Al tratarse de una pena de ejecución condicional, Villamide permanecerá en libertad.
En contraste, fueron absueltos el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos, Héctor Aníbal Alonso; y el exjefe de Operaciones de esa fuerza, Hugo Correa.
Una fiscalía que habló de incumplimientos graves
Durante el juicio, el fiscal Gastón Pruzán sostuvo que existieron numerosos incumplimientos operativos y administrativos que incrementaron significativamente el riesgo de la misión y contribuyeron directamente al desenlace fatal.
Por esa razón había solicitado condenas superiores a las finalmente impuestas:
- cinco años para Villamide;
- cinco años para López Mazzeo;
- cuatro años para Alonso;
- tres años y seis meses para Correa.
Las defensas, por el contrario, insistieron en que el submarino se encontraba técnicamente apto para navegar y señalaron que el propio comandante Pedro Fernández había decidido iniciar la misión, lo que demostraría que la nave estaba en condiciones operativas.
Finalmente, el tribunal sólo encontró responsabilidad penal en Villamide.
El gran ausente: la responsabilidad política
Pero la sentencia volvió a dejar al descubierto una discusión mucho más profunda que la estrictamente militar.
Desde el primer momento, los familiares sostuvieron que el hundimiento del ARA San Juan no podía analizarse únicamente desde la cadena de mandos de la Armada.
El 15 de noviembre de 2017 desapareció un submarino perteneciente al Estado argentino con 44 tripulantes a bordo.
Las Fuerzas Armadas dependen constitucionalmente del Presidente de la Nación, quien ejerce el comando supremo de las mismas y tiene la responsabilidad política última sobre su conducción.
En aquel momento ese cargo era ocupado por Mauricio Macri.
Por ello, desde hace años los familiares y las querellas sostienen que las decisiones políticas sobre el estado operativo del submarino, el presupuesto destinado al mantenimiento de la flota, los controles realizados y las autorizaciones para la misión nunca fueron investigadas con la profundidad que el caso requería.
Una investigación que apuntó hacia la Casa Rosada
En noviembre de 2020, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó investigar las posibles responsabilidades penales del entonces presidente Mauricio Macri, del ministro de Defensa Oscar Aguad y del entonces jefe de la Armada Marcelo Srur.
La resolución fue contundente.
Los camaristas entendieron que la jueza de primera instancia había desvinculado prematuramente a esos funcionarios cuando todavía existía abundante prueba pendiente de producir.
Las querellas afirmaban que:
- Macri conocía las graves deficiencias técnicas del submarino;
- el Gobierno sabía que el ARA San Juan tenía limitaciones importantes para realizar inmersiones profundas;
- aun así fue enviado a una misión considerada de alto riesgo.
La abogada querellante Valeria Carreras llegó a afirmar que “los enviaron a la muerte”.
Sin embargo, esa línea investigativa nunca terminó sentando a ninguno de esos funcionarios en el banquillo de los acusados.
El juicio oral iniciado en marzo de 2026 quedó reducido exclusivamente a cuatro altos mandos militares y a delitos culposos.
La otra herida: el espionaje a quienes pedían justicia
Como si el dolor por la pérdida de los 44 tripulantes no hubiera sido suficiente, los familiares atravesaron otro episodio que marcó profundamente la causa.
Mientras reclamaban respuestas al Estado, fueron objeto de tareas de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri.
La Justicia investigó presuntas maniobras de espionaje ilegal realizadas entre 2017 y 2018 sobre padres, madres, esposas e hijos de las víctimas.
Las investigaciones incluyeron seguimientos, fotografías, informes y recopilación de información sobre personas cuyo único “delito” consistía en exigir conocer qué había ocurrido con sus familiares desaparecidos.
Aunque en octubre de 2025 la Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento de Mauricio Macri y de exfuncionarios de la entonces AFI en esa causa, el episodio dejó una profunda marca institucional.
Para numerosos familiares, el Estado no sólo falló en proteger la vida de los submarinistas, sino que además destinó recursos de inteligencia para vigilar a quienes reclamaban verdad y justicia, una circunstancia que alimentó la sensación de abandono y revictimización.
Una causa marcada por las críticas
Las objeciones de los familiares nunca estuvieron centradas únicamente en las condenas.
También cuestionaron todo el desarrollo del proceso judicial.
Entre los principales reclamos señalaron:
- que nunca se investigó seriamente a los responsables políticos;
- que tras el hallazgo del submarino no se realizaron todas las pericias reclamadas;
- que el juicio fue llevado a Río Gallegos, dificultando enormemente la presencia de los familiares y de cientos de testigos;
- que muchas pruebas solicitadas por las querellas jamás fueron producidas.
Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes y abogado querellante, anunció incluso que recurrirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Mi hermano no valía tres años”
Tras conocerse la sentencia, Claudio Rodríguez, hermano del suboficial principal Hernán “Moncho” Rodríguez, difundió un duro mensaje que sintetiza el sentimiento de buena parte de las familias.
Con profunda indignación sostuvo que el fallo deja una sensación de absoluta injusticia.
Afirmó que desde el comienzo advirtieron que faltaban pruebas, que nunca se investigó a toda la cadena de responsabilidades y que deliberadamente el juicio se realizó lejos de Mar del Plata, dificultando la presencia de quienes perdieron a sus seres queridos.
También cuestionó la precariedad con la que, según sostuvo, continúan trabajando muchos integrantes de la Armada y lanzó un mensaje dirigido a los actuales submarinistas y marinos para que extremen los cuidados ante órdenes impartidas por superiores que, según expresó, terminaron eludiendo sus responsabilidades.
En uno de los pasajes más dolorosos de su mensaje resumió el sentimiento de muchas familias al afirmar que “mi hermano no valía tres años”, en referencia a la condena impuesta a Villamide.
Finalmente manifestó haber perdido la confianza tanto en la Justicia como en la conducción de la Armada, aunque concluyó reivindicando la memoria de su hermano y de los otros 43 tripulantes con un último “¡Viva la Patria!”.
Una sentencia que difícilmente cierre la historia
El fallo marca un cierre judicial para una parte del expediente, pero difícilmente clausure el debate público.
La desaparición del ARA San Juan no fue únicamente una tragedia naval. También expuso años de deterioro material de las Fuerzas Armadas, decisiones administrativas, deficiencias de control y responsabilidades de conducción política que, para los familiares, nunca fueron plenamente esclarecidas.
En cualquier sistema republicano, la responsabilidad por el funcionamiento de las Fuerzas Armadas no se agota en la cadena militar. El Presidente de la Nación ejerce el comando supremo de esas fuerzas y, por ello, ostenta la máxima responsabilidad política sobre su conducción. Determinar si esa responsabilidad también debía traducirse en consecuencias penales era precisamente una de las cuestiones que los familiares pretendían que la Justicia investigara en profundidad.
Ocho años y medio después del hundimiento, el resultado es una única condena sin prisión efectiva, tres absoluciones y ninguna responsabilidad política establecida en sede penal. Para las familias de los 44 tripulantes, la sensación es que el Estado no sólo falló antes de la tragedia, sino también después, cuando debía ofrecer una investigación completa, independiente y capaz de responder todas las preguntas que aún permanecen abiertas.
