La notificación que recibió el policía misionero Adolfo Girula representa un giro significativo en uno de los casos más controvertidos derivados del conflicto policial que atravesó la provincia de Misiones. Después de permanecer 92 días acampando en reclamo de justicia y tras casi dos años de un proceso judicial y administrativo que marcó su vida, fue formalmente desvinculado de la primera investigación iniciada luego de denunciar a sus superiores.
La resolución no solo lo exime de responsabilidad en esa causa inicial, sino que además contiene un dato que podría tener consecuencias administrativas: el documento lo reconoce como integrante activo de la Policía de Misiones, pese a que continúa en situación de disponibilidad.
Para Girula y su entorno, ese reconocimiento constituye un argumento suficiente para exigir que las autoridades revisen inmediatamente su situación administrativa y analicen su reincorporación plena a la fuerza.
Sin embargo, la resolución abre otra discusión mucho más profunda: ¿qué ocurrirá con todas las irregularidades que el efectivo denunció públicamente durante los últimos meses?
Porque si la Justicia concluye que no existían elementos para sostener la investigación inicial en su contra, queda pendiente responder quién investigará las graves acusaciones formuladas por Girula respecto del funcionamiento interno de la Policía y del Servicio Penitenciario de Misiones.
Noventa y dos días de protesta
Girula inició un prolongado acampe luego de denunciar presuntas irregularidades cometidas por superiores de la fuerza.
Durante 92 días sostuvo públicamente su reclamo mientras avanzaban, lentamente, tanto el expediente judicial como las actuaciones administrativas que terminaron alejándolo de sus funciones.
La reciente notificación representa para él el primer reconocimiento institucional de que aquella causa inicial no tenía fundamentos suficientes para mantenerlo involucrado.
Ahora espera que esa misma lógica alcance también al plano administrativo.
El investigador antidrogas que niega haber encabezado una protesta
Desde el comienzo de su exposición pública, Girula buscó desmontar la principal acusación que pesó sobre él.
Afirma que nunca fue delegado policial, nunca encabezó protestas y jamás integró los grupos de WhatsApp mediante los cuales —según la acusación original— se habría organizado una maniobra destinada a desestabilizar institucionalmente a la provincia.
Sostiene que durante aquel período trabajaba en el área de inteligencia de Drogas Peligrosas, realizando investigaciones sobre narcotráfico en la zona de Apóstoles.
Por la naturaleza de esas tareas operaba vestido de civil y utilizaba su teléfono celular personal como herramienta de trabajo para almacenar información vinculada con investigaciones criminales.
Reconoce haber acompañado los reclamos salariales durante sus horarios libres, pero asegura que nunca abandonó sus obligaciones laborales ni participó de acciones que afectaran el funcionamiento de la institución policial.
Incluso afirma que no conocía personalmente a la mayoría de los otros siete policías detenidos junto a él y que recién tomó contacto con ellos una vez que compartieron las celdas.
La hipótesis que sostiene sobre el origen de la causa
Uno de los aspectos más delicados de su relato es la interpretación que hace sobre las razones que terminaron llevándolo a prisión.
Girula sostiene que las investigaciones antidrogas que desarrollaba comenzaban a acercarse a personas con poder e influencia dentro de la provincia.
Durante su testimonio afirma que algunos superiores le habrían advertido que existían investigaciones que “hasta ahí había que llevar” porque continuar profundizándolas podía resultar peligroso.
No aportó pruebas documentales que respalden esa afirmación, pero considera que la posterior causa judicial habría servido para apartarlo definitivamente de esas investigaciones y neutralizar líneas de trabajo consideradas sensibles.
Se trata de una hipótesis formulada por el propio Girula que no aparece corroborada por otros elementos independientes.
Allanamiento, secuestro del celular e incomunicación
El policía relata que, tras quedar involucrado en la investigación, le retiraron el arma reglamentaria, documentación personal y secuestraron su teléfono celular.
Afirma que colaboró voluntariamente entregando incluso las claves de acceso al dispositivo porque entendía que no tenía nada que ocultar.
Según sostiene, todo ocurrió sin orden judicial para el procedimiento que afectó sus pertenencias.
Mientras tanto, su esposa, que se encontraba participando de una actividad religiosa junto a sus hijos, desconocía completamente lo que estaba sucediendo.
Girula asegura que permaneció incomunicado y fue trasladado esposado y con la cabeza cubierta hacia Posadas, donde recién conoció a los demás policías detenidos.
Trece días sin conocer la acusación
Uno de los puntos más cuestionados de su relato corresponde a los primeros trece días de detención.
Afirma que durante ese período ni sus abogados ni sus familiares pudieron acceder libremente a él y que tampoco recibió una explicación clara acerca de los delitos que supuestamente había cometido.
Según su versión, durante esos días les solicitaron firmar bajas voluntarias de la Policía e incluso documentos en blanco, algo que asegura haber rechazado.
Recién posteriormente fueron llevados ante autoridades judiciales, donde les comunicaron que estaban imputados por sedición, conspiración y coacción, acusados de integrar un grupo destinado presuntamente a alterar el orden institucional.
Girula rechaza completamente esas imputaciones y sostiene que jamás existió intención alguna de promover una sublevación.
La exposición pública antes del juicio
Otro episodio que recuerda con indignación fue su presentación ante los tribunales.
Relata que permanecieron durante horas esposados y con chalecos mientras distintos medios registraban imágenes que luego fueron difundidas públicamente.
Considera que esa cobertura periodística consolidó una condena social anticipada, presentándolos como responsables de un intento de levantamiento contra el gobierno provincial cuando todavía no existía resolución judicial alguna.
El teléfono que continúa secuestrado
Uno de los aspectos que más cuestiona es el tratamiento de su teléfono celular.
Afirma que el aparato continúa secuestrado y asegura que nunca fue sometido a una pericia que acreditara las acusaciones formuladas en su contra.
También denuncia supuestas irregularidades en la cadena de custodia y sostiene que el dispositivo habría sido manipulado por personal policial, circunstancia que —según entiende— comprometería las garantías procesales.
Hasta el momento no existen elementos públicos incorporados al expediente que permitan confirmar o descartar esas afirmaciones.
Un sistema penitenciario bajo fuertes cuestionamientos
Durante los nueve meses que permaneció detenido —entre septiembre de 2024 y junio de 2025— Girula estuvo alojado en distintas unidades penitenciarias.
Describe una experiencia marcada por condiciones que califica como inhumanas.
Cuenta que compartió espacios con personas que él mismo había investigado o detenido cuando trabajaba en narcóticos.
También denuncia allanamientos nocturnos permanentes dentro de las celdas, amenazas con armas largas, destrucción de pertenencias personales, revisiones constantes de colchones y alimentos y búsquedas reiteradas de teléfonos celulares.
Huelga de hambre y denuncias de malos tratos
Ante la falta de respuestas judiciales, Girula afirma que junto a otros policías inició una huelga de hambre.
Según su relato, la respuesta institucional consistió en trasladarlos a un sector de castigo.
Allí asegura que permanecieron en celdas con condiciones sanitarias extremadamente deficientes, rodeados de excrementos y orina, sin colchones durante gran parte del día y sometidos a un régimen que considera degradante.
También sostiene que realizaron denuncias ante organismos provinciales vinculados con derechos humanos y prevención de la tortura, pero afirma que nunca recibieron inspecciones ni respuestas.
Traslados confusos
Entre los episodios que describe figura un traslado especialmente llamativo.
Afirma que fue retirado del penal con destino supuestamente a otra unidad penitenciaria, aunque terminó permaneciendo varias horas detenido al costado de la Ruta Nacional 14 mientras los custodios aguardaban instrucciones.
Posteriormente regresó al establecimiento original y luego fue objeto de nuevos traslados entre distintas dependencias carcelarias.
Nueve meses detenido y una investigación prácticamente inmóvil
Girula sostiene que recuperó la libertad en junio de 2025 luego de pasar nueve meses bajo prisión preventiva.
Afirma que al revisar posteriormente la situación de los expedientes comprobó que tanto la investigación administrativa como la judicial apenas habían registrado avances sustanciales.
Esa circunstancia fortalece, según expresa, su convicción de haber permanecido encarcelado sin fundamentos suficientes.
La reciente notificación que lo desvincula de la primera causa parece darle parcialmente la razón respecto de ese expediente, aunque todavía resta conocer cómo evolucionarán las demás actuaciones.
Acusaciones contra el poder político
En distintos tramos de sus declaraciones públicas, Girula formuló acusaciones directas contra sectores del oficialismo misionero.
Sostiene que su abogado le manifestó que tanto él como otros policías eran “presos políticos” y atribuye al histórico dirigente Carlos Rovira una fuerte capacidad de influencia sobre distintas instituciones provinciales.
Asimismo menciona presuntas investigaciones por enriquecimiento ilícito que, según afirma haber leído, involucrarían a dirigentes del espacio gobernante.
Ninguna de esas afirmaciones fue acompañada, durante la entrevista, por documentación o pruebas independientes que permitan corroborarlas, por lo que constituyen exclusivamente manifestaciones del entrevistado y requieren verificación mediante fuentes judiciales y documentales.
La gran pregunta que sigue sin respuesta
La resolución que desvincula a Adolfo Girula de la primera investigación judicial puede significar un punto de inflexión en su situación personal, pero difícilmente cierre el debate de fondo.
Si efectivamente la Justicia concluyó que no existían razones suficientes para mantener aquella causa en su contra, permanece abierta una cuestión institucional de enorme relevancia: quién investigará las denuncias que él mismo formuló sobre presuntos abusos de autoridad, allanamientos sin orden judicial, amenazas, secuestro de su teléfono celular, eventuales irregularidades procesales y las condiciones de detención que describió durante los nueve meses que permaneció privado de su libertad.
En un sistema republicano, denuncias de esa magnitud deberían activar investigaciones independientes capaces de establecer si existieron o no conductas ilegales por parte de funcionarios públicos.
Si esas denuncias no son examinadas con la misma profundidad con la que se investigó al propio Girula, inevitablemente persistirá el interrogante sobre la capacidad de la Justicia misionera para actuar con plena autonomía frente al poder político. La desvinculación del policía de una de las causas podría convertirse entonces en un acto reparador para su situación individual, pero insuficiente para disipar las dudas sobre el funcionamiento institucional si las restantes denuncias permanecen sin respuesta.
