Lo ocurrido en las últimas horas en el acceso a Choele Choel no puede ser catalogado con la frialdad burocrática de un simple “siniestro vial”. Fue, en todo caso, una tragedia evitable, el desenlace fatal y previsible de un abandono estatal que se viene arrastrando durante más de dos años y medio. Un camionero perdió la vida tras quedar atrapado en la cabina de su vehículo, que volcó de forma violenta en la rotonda de la Ruta 22, perdiendo toda su carga y quedando con las ruedas hacia el cielo. Pero las verdaderas responsables de esta muerte no fueron solo las leyes de la física: fueron la inacción, la sordera política y el cinismo judicial.
Según informaron fuentes oficiales, el conductor chocó contra la rotonda al no poder visualizarla a tiempo, perdiendo el control a pesar de sus intentos por estabilizar la unidad. El impacto fue tan brutal que la cabina quedó completamente destruida. Sin embargo, lo que debería ser una obra de infraestructura diseñada para proteger la vida, se ha convertido en una trampa mortal.
El jefe comunal de Choele Choel, Diego Ramello, fue contundente en sus declaraciones a la emisora Visión FM de Lamarque: la obra está paralizada por decisión del Gobierno nacional. No es un dato menor, sino la causa raíz de esta desgracia. Durante los festejos por el aniversario de la ciudad, el pasado 9 de julio, Ramello ya había elevado un pedido especial al gobernador Alberto Weretilneck, instando a que la Provincia de Río Negro asuma la ejecución y finalización de la obra. Tras más de 30 meses de parálisis, el municipio no solo exige, sino que suplica que se aprovechen las negociaciones con la Nación para el mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151, con el único objetivo de salvar vidas.
Pero las advertencias no comenzaron ayer. El legislador provincial Luciano Delgado Sempé expresó su profundo pesar y señaló con el dedo a quienes tenían el poder de evitarlo: “Es una tragedia que duele y que vuelve a demostrar que advertimos durante meses el peligro que representaba esa rotonda y nadie quiso escuchar”.
La historia judicial de este reclamo es un monumento a la impunidad institucional. Delgado Sempé recordó que promovió una acción ante la Justicia Federal para exigir medidas urgentes. La respuesta del juez Hugo Greca fue un rechazo rotundo, avalando la postura de Vialidad Nacional, que aseguró con una tranquilidad pasmosa que “no existía riesgo para la vida” y que la obra estaría terminada en 25 meses. Han pasado 16 meses, la obra sigue fantasmal, sin avances, y un hombre ha muerto. Más grotesco aún: como consecuencia de ese fallo, el legislador fue condenado a pagar casi cinco millones de pesos en costas judiciales a favor del abogado de Vialidad Nacional.
“Nos dijeron que no había peligro. Que solo se trataba de un descontento por las políticas públicas del gobierno nacional”, denunció Delgado Sempé. “Hoy los hechos demuestran que nuestras advertencias tenían fundamento. Querían que probemos una probabilidad, algo ridículo porque estábamos alertando de un peligro, no de hechos consumados como los que ahora hay que lamentar”.
La tragedia también pone al descubierto la podredumbre de los acuerdos de pasillo. Weretilneck y Silva presentaron la finalización de esta obra como parte del acuerdo político por la llamada “Ley Bases”. Entregaron sus votos en el Congreso a cambio de una promesa de infraestructura y seguridad. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei nunca la terminó, y los ciudadanos que todos los días circulan por esa ruta siguen poniendo en riesgo su vida a cambio de una moneda de cambio política que nunca se materializó.
Hoy, una familia llora la pérdida irreparable de un ser querido. Pero el luto no debe opacar la exigencia de justicia. La sociedad rionegrina tiene el derecho, y el deber, de preguntar quiénes son los responsables de que una obra indispensable siga sin terminar y por qué no se actuó cuando el peligro fue señalado con claridad meridiana.
Las responsabilidades políticas, administrativas y judiciales deben ser analizadas con absoluta seriedad y sin paños tibios. Porque una rotonda inconclusa no es solo un retraso en un cronograma: es una sentencia de muerte. Y la vida de los rionegrinos vale infinitamente más que cualquier especulación política, cualquier voto negociado o cualquier fallo judicial que mire para otro lado.
