Trabajadores precarizados aseguran que existe un clima de temor y disciplinamiento en el municipio: falta de elementos de seguridad, descuentos por enfermedad, sanciones por medidas de fuerza y despidos ante reclamos. ATE afirma que numerosas denuncias por las condiciones laborales fueron realizadas ante las autoridades, pero muchas continúan sin respuesta.
¿Qué vale un par de botines de seguridad para el gobierno municipal de Choele Choel? Para algunos trabajadores, según los testimonios recogidos, puede valer nada. Para quien necesita conservar un empleo, puede valer muchísimo: incluso el puesto de trabajo.
Ese es el dato más preocupante que surge de los testimonios de trabajadores municipales precarizados, quienes describen un escenario laboral signado por el miedo a reclamar, la falta de elementos básicos de seguridad y una relación con los funcionarios municipales que califican de hostil y arbitraria.
La denuncia más grave es concreta: un trabajador habría sido despedido después de pedir un par de botines de seguridad para realizar tareas en el basurero municipal.
El hombre había sido enviado a trabajar con zapatillas. Después de una jornada de lluvia, terminó con el calzado mojado y cubierto de barro. Al día siguiente continuó realizando tareas y pidió algo que, en cualquier ámbito laboral mínimamente responsable, debería formar parte del equipamiento básico: calzado adecuado.
Según el testimonio de sus compañeros, lo echaron.
“Fue buena onda pedirle que le den un par de botines porque tenía un solo par de zapatillas”, relató uno de los trabajadores. “La tarde anterior lo habían mandado al basurero y estaba con todas las zapatillas mojadas, llenas de barro. No lo pueden mandar al basurero sin botines, por lo menos. Y lo echaron”.
El mensaje para los demás: no reclames
Si el episodio ocurrió tal como lo relatan los trabajadores, el problema excede ampliamente el caso individual.
Porque el despido de una persona después de reclamar un elemento de seguridad puede convertirse en una advertencia para todos los demás: si pedís demasiado, podés ser el próximo.
Y eso es precisamente lo que denuncian los trabajadores.
Afirman que muchos conocen las disposiciones de la ordenanza municipal que establece condiciones y horarios de trabajo, pero que prefieren no reclamar porque existe temor a perder el empleo.
“Si reclaman, se quedan sin trabajo”, sintetizó uno de ellos.
El resultado es un mecanismo perverso: el trabajador tiene derechos en el papel, pero el miedo le impide ejercerlos.
“Choele te quiere ver bien”: el nombre que genera indignación
La situación adquiere una dimensión casi irónica por el propio nombre del programa municipal al que pertenecen muchos de estos trabajadores: “Choele te quiere ver bien”.
Los trabajadores lo ven de otra manera.
“Por 300 lucas de mierda por mes. Son los del plan ‘Choele te quiere ver bien’. Imaginate si te quisieran ver mal”, expresó uno de ellos.
La frase, más allá de su crudeza, resume el sentimiento de quienes aseguran estar atrapados en una modalidad de empleo en la que la precariedad económica se combina con la falta de estabilidad y el temor a reclamar.
ATE: denuncias, informes y problemas que siguen
Desde ATE sostienen que vienen realizando reclamos de distinta naturaleza y que incluso solicitaron la intervención de la Secretaría de Trabajo para verificar las condiciones en las que se desempeñan los trabajadores.
El monitoreo habría generado un informe donde quedaron expuestas numerosas deficiencias.
Algunas fueron corregidas. Entre ellas, la colocación de baños químicos para trabajadores vinculados a tareas de mantenimiento y espacios verdes.
Pero otras cuestiones, según el gremio y los trabajadores, permanecen sin resolver.
Y algunas resultan especialmente graves.
Trabajadores colgados de los camiones
La recolección de residuos continúa realizándose, según los testimonios, con camiones volcadores en los que los trabajadores deben viajar sujetos de la puerta.
El conductor incluso tendría que circular con la ventanilla abierta para permitir que sus compañeros encuentren un lugar desde donde agarrarse.
La escena resulta todavía más peligrosa durante los días de lluvia.
El barro y el agua convierten el estribo donde se paran los trabajadores en una superficie resbaladiza. Una caída puede significar quedar debajo de las ruedas del vehículo.
No es una exageración retórica: es el riesgo concreto de una persona trabajando en el exterior de un camión en movimiento.
Y mientras eso sucede, algunos de esos trabajadores, según denuncian, ni siquiera disponen de botines de seguridad.
La pregunta vuelve a aparecer: ¿cuánto cuesta un par de botines frente al costo humano de un accidente?
Sin calefacción en el cementerio y el centro de reciclado
La lista de reclamos tampoco termina en los camiones.
Los trabajadores denuncian que no se habría colocado calefacción adecuada en el lugar donde desarrollan sus tareas quienes están afectados al cementerio municipal.
La misma situación se produciría en el centro de reciclado.
En una ciudad de la Patagonia, durante el invierno, no se trata precisamente de un detalle menor.
Una práctica que, según los trabajadores, viene de antes
Los empleados consultados aclaran que no atribuyen todos los problemas exclusivamente a la actual administración.
El programa ya existía durante la gestión del exintendente Daniel Belloso y, según los testimonios, estaba bajo la conducción de Darío Castro.
Los trabajadores recuerdan que entonces también existían restricciones para ausentarse por enfermedad.
Uno de los testimonios recuerda el caso de una trabajadora que se había sometido a una extracción dental y contaba con una receta médica. Aun así, habría tenido que presentarse a trabajar para evitar que le descontaran el día.
Cuando desde ATE habrían planteado la situación ante el intendente, la respuesta, según el relato, fue derivar el reclamo hacia el responsable del programa.
Es decir: cambia el gobierno, cambian los funcionarios, pero la precariedad parece sobrevivir a todos.
El paro también se paga
Los trabajadores cuentan además que quienes realizaron una medida de fuerza recientemente recibieron descuentos por el día no trabajado y, en algunos casos, suspensiones.
“Dependiendo de la cara”, ironizó uno de los testimonios al referirse a la duración de las sanciones.
La situación vuelve a poner en discusión el derecho de los trabajadores precarizados a organizarse y reclamar colectivamente.
Según los testimonios, muchos directamente evitan afiliarse a un sindicato por temor a ser despedidos.
El expediente del camión: dos meses de incertidumbre y una sanción menor
Otro caso expone lo que los trabajadores consideran una política de persecución desproporcionada.
Un empleado que conducía el vehículo utilizado para reparar luminarias sufrió un accidente mientras realizaba tareas en el barrio Maldonado.
Le habían cambiado la camioneta habitual por un camión más alto. El trabajador no habría advertido que el balde elevador tenía una altura diferente y terminó impactando contra la parte superior de un túnel.
El trabajador permaneció durante más de dos meses bajo la incertidumbre de si tendría que pagar la reparación, si sería despedido o si recibiría una sanción.
El municipio llegó a contratar una abogada sumariante.
Finalmente, la resolución habría sido un apercibimiento, tal como recomendó la profesional.
Para los trabajadores, el episodio demuestra una administración que puede ser extremadamente severa con sus empleados más vulnerables y, al mismo tiempo, extremadamente lenta para resolver problemas básicos de seguridad laboral.
La secretaria del intendente, en el centro de las denuncias
Los testimonios también apuntan contra la secretaria del intendente, a quien identifican como una de las personas encargadas de manejar los programas de trabajadores precarizados.
Según las denuncias, tendría intervención directa en las decisiones sobre continuidad o desvinculación de trabajadores.
Se trata de una acusación que el municipio debería responder públicamente, especialmente si se sostiene que una funcionaria tiene capacidad para decidir el futuro laboral de personas que cobran ingresos extremadamente bajos.
No se trata solamente de una discusión administrativa.
Cuando quien controla un programa de empleo también tiene poder para decidir quién continúa y quién queda afuera, la diferencia entre autoridad y disciplinamiento puede volverse extremadamente delgada.
La contradicción que el municipio deberá explicar
El gobierno municipal tiene la posibilidad y, sobre todo, la obligación de responder.
Debería explicar qué condiciones laborales tienen los trabajadores del programa, qué dice exactamente la ordenanza que los regula, cuántas personas están incorporadas, qué elementos de seguridad reciben, qué ocurrió con los informes de la Secretaría de Trabajo y cuáles fueron las observaciones efectivamente corregidas.
También debería aclarar si un trabajador fue despedido luego de reclamar botines de seguridad y bajo qué argumento se produjo su desvinculación.
Porque si el episodio se confirma, estamos frente a una situación que excede cualquier discusión política.
Un trabajador no debería tener que elegir entre cuidar sus pies y conservar su empleo.
El municipio que promete “ver bien” y trabajadores que tienen miedo de reclamar
Hay algo profundamente contradictorio en todo esto.
Mientras los discursos oficiales hablan de inclusión, contención, oportunidades y acompañamiento, los trabajadores que sostienen buena parte de las tareas cotidianas del municipio describen otra realidad: salarios bajos, precariedad, miedo, falta de elementos de seguridad, sanciones y temor a perder el trabajo por reclamar derechos elementales.
Y hay una pregunta que queda flotando por encima de todas las demás:
¿Qué clase de política de contención necesita que sus trabajadores tengan miedo de reclamar un par de botines?
Porque si “Choele te quiere ver bien” significa que el trabajador debe subir a un camión bajo la lluvia, agarrarse de una puerta, trabajar sin calzado de seguridad y guardar silencio para no perder su ingreso, entonces quizás haya llegado el momento de revisar seriamente qué significa, para el gobierno municipal, eso de “ver bien” a los trabajadores.
Y también de recordar algo elemental: los trabajadores municipales no son una variable descartable de la administración. Son personas, tienen derechos y merecen trabajar con seguridad y dignidad.
El silencio puede ser cómodo para quien gobierna.
Para quien trabaja, en cambio, puede terminar siendo obligatorio cuando tiene miedo de que reclamar sea la antesala del despido.
