Estados Unidos profundiza su avance militar sobre el hemisferio occidental y presenta la lucha contra los cárteles como argumento para reforzar su presencia en la región. La creación de una fuerza conjunta bajo mando estadounidense y el llamado “Escudo de las Américas” dibujan un nuevo mapa de alineamientos en el que Washington busca recuperar capacidad de decisión sobre América Latina.
La lucha contra el narcotráfico parece convertirse, una vez más, en la puerta de entrada para una estrategia mucho más ambiciosa de Estados Unidos sobre América Latina. Bajo el argumento de combatir a los cárteles y al denominado “narcoterrorismo”, la administración de Donald Trump avanza en la construcción de una estructura de cooperación militar regional cuyo centro de gravedad está en Washington.
El movimiento más reciente se produjo el 3 de agosto, cuando el Comando Sur anunció la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM). La nueva estructura tendrá como misión coordinar operaciones militares de Estados Unidos y de países latinoamericanos bajo un mando operativo unificado.
Presentada como una herramienta para fortalecer la seguridad regional, la decisión supone en los hechos un salto cualitativo: la lucha contra organizaciones criminales deja de ser exclusivamente un asunto policial, judicial o de inteligencia y pasa a quedar cada vez más integrada a una arquitectura militar diseñada y conducida por Estados Unidos.
El narcotráfico como argumento para recuperar el control hemisférico
El discurso de Washington no es nuevo. Los cárteles ya eran considerados una amenaza durante el primer gobierno de Trump, aunque entonces su persecución se apoyaba principalmente en instrumentos policiales y judiciales.
En su segunda administración, el diagnóstico cambió. Determinadas organizaciones criminales latinoamericanas fueron incorporadas a la lista estadounidense de Organizaciones Terroristas Extranjeras, una decisión que amplió las herramientas penales, financieras y migratorias contra ellas.
Pero el paso siguiente fue mucho más significativo: en agosto de 2025, Trump ordenó al Pentágono preparar opciones militares contra los cárteles designados como terroristas. Meses después, la Operación Southern Spear pasó de ser una misión naval antinarcóticos a una campaña presentada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, como una ofensiva contra los “narcoterroristas” del hemisferio. Para diciembre, Estados Unidos ya realizaba ataques contra embarcaciones atribuidas a organizaciones designadas como terroristas.
La pregunta inevitable es si el narcotráfico constituye realmente el objetivo final o si funciona como la justificación política para recuperar una presencia militar y estratégica mucho más profunda en una región que Washington históricamente consideró parte de su área de influencia.
La vieja Doctrina Monroe vuelve a escena
La señal más contundente aparece en el propio discurso oficial estadounidense.
El 11 de agosto, el Departamento de Estado retomó explícitamente la Doctrina Monroe, formulada en el siglo XIX para establecer la oposición de Estados Unidos a la intervención de potencias europeas en América.
Más de dos siglos después, Washington vuelve a reivindicar aquel principio en un contexto completamente diferente. El mensaje difundido por el Departamento de Estado concluyó con una frase de Donald Trump que difícilmente pueda interpretarse como una declaración menor: “El dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado”.
La palabra elegida resulta reveladora: dominio.
El problema, entonces, excede al narcotráfico. Si Washington se atribuye el derecho de definir cuáles son las amenazas, quiénes son los enemigos y qué tipo de respuesta militar debe adoptarse en América Latina, el riesgo es que los países de la región terminen funcionando como piezas de una estrategia geopolítica ajena.
El “Escudo de las Américas”: cooperación o subordinación
En marzo de 2026, Estados Unidos reunió a gobiernos latinoamericanos y caribeños para impulsar el denominado Escudo de las Américas, del que surgió la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C). La iniciativa pretende coordinar capacidades militares frente a los cárteles y otras organizaciones consideradas terroristas.
Dieciocho países se incorporaron inicialmente al núcleo de la iniciativa. Entre ellos se encuentran Argentina, Paraguay y Ecuador, cuyos gobiernos muestran una disposición particularmente estrecha a profundizar la cooperación con Washington en materia de seguridad.
El problema aparece cuando se observa quién define la agenda y quién concentra la capacidad militar.
La nueva fuerza conjunta no será conducida desde una estructura latinoamericana autónoma. La JTF-WHEM dependerá del Comando Sur estadounidense, responsable de las operaciones militares de Washington en América Central, América del Sur y el Caribe.
Así, bajo la retórica de la cooperación, se configura una arquitectura en la que Estados Unidos conserva el centro de mando mientras los países latinoamericanos aportan capacidades, territorio y fuerzas para una estrategia cuyos objetivos generales son definidos en Washington.
De la cooperación a la militarización
El cambio más profundo consiste precisamente en la transformación del concepto de seguridad.
Durante décadas, el combate al narcotráfico se desarrolló principalmente mediante policías, fuerzas de seguridad, jueces, organismos de inteligencia y cooperación internacional. Ahora, la respuesta estadounidense incorpora progresivamente estructuras militares multinacionales.
La JTF-WHEM pretende integrar inteligencia, vigilancia, comunicaciones, procedimientos y planificación operativa de distintos países. El objetivo declarado es alcanzar la interoperabilidad necesaria para desarrollar operaciones conjuntas.
Pero la militarización de un problema social, económico y criminal también puede convertirse en una herramienta de proyección de poder.
El narcotráfico existe y constituye una amenaza real para las sociedades latinoamericanas. Lo discutible es que la respuesta a ese problema deba quedar subordinada a una estrategia militar continental diseñada por la principal potencia del hemisferio.
América Latina ante una nueva forma de tutela
Los países de la región comienzan a tomar posiciones diferentes. Ecuador, Guatemala y Honduras avanzaron hacia una coordinación militar más estrecha con Washington. México, en cambio, mantiene la cooperación pero insiste en un límite que resulta significativo: “coordinación sin subordinación”, junto con la defensa de la soberanía y la territorialidad de su país.
La diferencia no es meramente diplomática.
Mientras algunos gobiernos aceptan profundizar la integración de sus estructuras de seguridad con Estados Unidos, otros intentan preservar un margen de autonomía. En el medio queda una América Latina que históricamente ha padecido intervenciones, presiones políticas y condicionamientos de la potencia del norte.
El escenario que comienza a dibujarse no necesariamente divide al continente entre amigos y enemigos de Washington. Es más sutil: establece distintos grados de subordinación, desde el alineamiento militar estrecho hasta una cooperación limitada por la soberanía nacional.
Washington quiere definir las reglas del hemisferio
La ofensiva estadounidense tampoco se limita a las operaciones contra los cárteles. El 22 de julio, representantes de 33 países participaron en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, realizada en Cusco. El encuentro respaldó la cooperación frente al crimen organizado transnacional, el terrorismo y otras amenazas.
Allí, el subsecretario de Defensa estadounidense Elbridge Colby definió al hemisferio como “nuestra prioridad” y habló de un “cambio fundamental” en la política de Washington. Estados Unidos, además, asumirá la presidencia pro tempore de la conferencia y será sede de la próxima reunión, en 2028.
El mensaje es difícil de disimular: Washington no pretende simplemente combatir el narcotráfico. Pretende volver a ocupar el centro de la arquitectura política, militar y estratégica del continente.
Y allí aparece la cuestión de fondo.
¿Quién define las amenazas de América Latina? ¿Quién decide cuándo una amenaza criminal debe convertirse en una amenaza militar? ¿Quién determina qué países son aliados y cuáles quedan fuera del nuevo esquema?
Si las respuestas vuelven a estar en Washington, el problema ya no será solamente el narcotráfico.
Será la soberanía latinoamericana.
Porque detrás de la bandera de la lucha contra los cárteles puede estar regresando una vieja lógica: la de una potencia que se reserva el derecho de establecer las reglas de su propio “patio trasero”.
La diferencia es que ahora esa pretensión aparece revestida de cooperación, lucha contra el terrorismo y seguridad hemisférica. Pero la estructura que se está construyendo —una coalición regional con capacidades militares coordinadas bajo un mando estadounidense— vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que América Latina conoce demasiado bien: ¿cooperación entre iguales o una nueva forma de tutela de Washington sobre el continente?
Con Información de “TRT en Español”
