El magistrado marplatense enfrenta un jury sin precedente: pretenden destituirlo por difundir un fallo de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu. No existe denuncia penal en su contra. El veredicto se lee este martes a puertas cerradas.
Lo que ocurre con el juez federal Alfredo López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, no tiene nombre posible en un Estado de derecho. Es, lisa y llanamente, un escarmiento. Una advertencia mafiosa dirigida a cualquier funcionario que ose mencionar en voz alta lo que el mundo entero ya sabe: que sobre Benjamín Netanyahu pesa una orden de captura de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y que la República Argentina, como signataria del Tratado de Roma, está obligada a cumplirla.
Por repostear esa información —publicada en el propio portal de las Naciones Unidas y en medios europeos— en sus redes sociales personales, López enfrenta un juicio político de destitución impulsado por la DAIA, la organización FACA presidida por la diputada Sabrina Ajmechet, y la fundación Apolo de Yamil Santoro, quien reconoció públicamente ser financiado por la embajada de Israel. No hay una sola denuncia penal contra el magistrado. No hay un solo agravio concreto. No hay un solo tuit que haya sido siquiera denunciado en la propia red social X. Y aun así, el aparato se puso en marcha.
Un proceso plagado de irregularidades
La entrevista concedida por López al periodista Sebastián Salgado en el canal Data Urgente expone, con la sobriedad de quien ha ejercido la magistratura durante décadas, un catálogo de atropellos procesales que avergonzarían a cualquier manual de derecho.
La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, presidida por el senador Luis Juez, jamás le dio traslado de la denuncia de la fundación Apolo. López no pudo ejercer su derecho de defensa. No pudo ofrecer un solo testigo en esa etapa. Quienes declararon en su contra eran, sin excepción, miembros de las propias organizaciones denunciantes: acusador y testigo fundidos en la misma persona.
La elevación a jury se resolvió alterando fechas, aprovechando la ausencia de tres consejeros que no acompañaban la medida e incorporando el voto de un representante del Poder Ejecutivo —el señor Roca— que no había participado del proceso y que se había abstenido de votar en una sesión anterior. Con tres ausencias y un voto espurio, fabricaron el quórum de cuatro voluntades necesarias.
Ya en el jury, el propio tribunal debió llamarle la atención a Luis Juez por actuar “con mala fe” —en palabras del presidente del jurado— al pretender introducir prueba que no estaba en la causa, entregar elementos irregulares a los testigos y, durante los alegatos, intentar incorporar documentación de forma manifiestamente ilegal. Juez, según relató López, ni siquiera tuvo “la hombría” de permanecer en la sala para escuchar las palabras finales del acusado.
Quiénes acusan: prontuarios y contradicciones
La diputada Sabrina Ajmechet, denunciante en esta causa, no se presentó al jury. Declaró por Zoom, alegando “miedo”, y respondió a todas las preguntas con un libreto preestablecido sobre la persecución histórica del pueblo judío, sin relación alguna con los hechos del juicio. La misma legisladora que reivindica las acciones del Estado de Israel, que denosta el reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas y que ha publicado mensajes ofensivos contra la religión católica y la bandera nacional, se erige ahora en guardian de la ética judicial argentina.
Luis Juez, el acusador formal, acumula un historial que incluye haber sido embajador en Ecuador designado por Macri y expulsado a pedido del propio presidente ecuatoriano por llamar “mugrientos” a los ciudadanos de ese país, además de causas penales por enriquecimiento ilícito y el reconocimiento judicial forzado de una hija. Es este personaje quien pretende erigirse en juez moral de un magistrado que compartió una resolución de la ONU.
El salario suspendido: un castigo anticipado sin base legal
Como si la persecución judicial no bastara, a López le suspendieron los haberes. No existe norma que lo habilite. No está condenado. No puede ejercer como abogado porque sigue siendo juez. No puede cobrar jubilación. El propio Consejo de la Magistratura se negó a resolver sus planteos, y una funcionaria de la comisión de Recursos Humanos resolvió por analogía con un caso que no tiene ningún punto de contacto: el del juez Bento de Mendoza, destituido por delitos económicos con causas penales firmes. López no tiene una sola.
“El miedo es un instrumento de control”, dijo el magistrado en su alegato final. “Le pedí al jurado que tuviera la dignidad, el honor y la valentía de hacer justicia.”
Lo que está en juego no es López
El juez lo dice con claridad: no se trata de su persona. Se trata de la libertad de expresión en cuestiones públicas. Se trata de que un magistrado argentino no puede ser destituido por señalar que la Corte Penal Internacional —cuya jurisdicción Argentina aceptó voluntariamente— ordenó la captura de un jefe de Estado extranjero por genocidio, hambrunas provocadas, vejaciones y violaciones. Se trata de que la DAIA no representa a la colectividad judía, como el propio López recuerda al señalar que aproximadamente el 30% de los judíos del mundo, incluidos ciudadanos israelíes, repudian el genocidio en Palestina. Se trata de que el sionismo utiliza a instituciones locales como escudo protector de las acciones criminales del Estado de Israel y como mecanismo de disciplinamiento interno.
Se trata, también, del daño concreto: el apartamiento de López generó un atraso procesal gravísimo en Mar del Plata, una ciudad con alto índice de litigiosidad en amparos de salud y reajustes jubilatorios. Miles de justiciables pagan el precio de esta persecución.
Martes, 15:30: veredicto a puertas cerradas
Este martes a las 15:30 se leerá el veredicto. Por primera vez en la historia de estos procesos, no se permitirá público en la sala de audiencias. La opacidad como sello de un procedimiento que no soporta la luz. Pese a ello, se ha convocado a un acompañamiento popular en las inmediaciones.
El diario Jerusalem Post ya publicó una nota sobre este caso. El interés del lobby sionista internacional por el resultado es explícito y descarnado. Mientras tanto, en Argentina, la policía de seguridad aeroportuaria recibe clases de hebreo para “atender” los vuelos directos de El Al entre Tel Aviv y Buenos Aires, en el marco del acuerdo impulsado por el gobierno de Milei. Las máscaras, como dijo López, han caído. Ya ni siquiera se molestan en disimular.
Lo que se resuelve este martes no es la suerte de un juez. Es si en la Argentina todavía existe un Poder Judicial capaz de resistir la presión de un lobby extranjero que financia diputados, embestidas jurídicas y operaciones mediáticas para silenciar a quien diga una verdad que está publicada en la página de las Naciones Unidas. Si ese poder ya no existe, entonces el Estado de derecho es apenas una escenografía. Y el veredicto, una formalidad.
La entrevista completa puede verse en el canal de YouTube “Data Urgente”, conducida por el periodista Sebastián Salgado.
