Un informe del periodista Hugo Alconada Mon expone con datos oficiales cómo el Gobierno desvió miles de millones de pesos destinados a obras, transporte, vivienda y energía para sostener una meta fiscal que, según la legislación vigente, constituye una maniobra ilegal. El resultado: rutas que matan, barrios paralizados y un superávit construido sobre fondos con candado jurídico.
Lo que durante la campaña de 2023 Javier Milei denunció como “cajas de la política” se convirtió, una vez en el poder, en la caja que financia su propio relato. Un exhaustivo informe publicado este domingo por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, elaborado a partir de balances contables, planillas presupuestarias e informes de la Jefatura de Gabinete y la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), revela con precisión quirúrgica que el Gobierno nacional utilizó —y continúa utilizando— recursos de fideicomisos públicos con destino legal específico para engrosar las arcas del Tesoro y sostener el declamado “déficit cero”.
Los números son contundentes y, a la luz de la ley, alarmantes.
La cifra: 8,2 billones recaudados, una fracción ejecutada
Durante los primeros dos años de la presidencia de Milei, los 29 fondos fiduciarios que siguen en funcionamiento pleno o remanente recaudaron más de $8,2 billones. Acumularon un superávit cercano a los US$ 3.000 millones. Sin embargo, la ejecución efectiva destinada a los fines que fija cada ley de creación fue apenas una porción:
- 2024: se ejecutó apenas el 55,8% de lo recaudado.
- 2025: el 69,5%.
- Primer trimestre de 2026: el 69,7%.
El resto —una masa de miles de millones de pesos— terminó en letras del Tesoro, títulos públicos, bonos estatales y plazos fijos dispuestos por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. No en rutas. No en obras hídricas. No en barrios populares. No en energías renovables. En instrumentos financieros para sostener una contabilidad fiscal.
El superávit financiero de esos fondos ascendió a $1,86 billones en 2024 y a $1,23 billones en 2025, equivalentes a US$ 1.978 millones y US$ 973 millones respectivamente. Para 2026, el Instituto Consenso Federal proyecta otros US$ 956 millones. En tres años, casi US$ 4.000 millones de recursos con destino legal específico, inmovilizados como colchón financiero del Tesoro.
El mecanismo: de plazos fijos a letras del Tesoro
Tres expertos en presupuesto público consultados por La Nación confirmaron que colocar la recaudación transitoriamente en plazos fijos mientras se tramitan las órdenes de pago es una práctica “válida” en contexto inflacionario. Pero advirtieron un viraje deliberado: durante el último año y medio, la recaudación dejó de resguardarse en plazos fijos del Banco Nación y pasó a colocarse masivamente en letras del Tesoro y títulos públicos.
La distinción no es semántica: es política. Un plazo fijo resguarda el dinero hasta su ejecución; una letra del Tesoro financia al Estado para otros fines. “El Gobierno pisa partidas que tiene que asignar por ley y presenta los recursos no aplicados como superávit, que invierte en títulos públicos. Es decir, financian al Tesoro para otros fines”, sintetizó una de las especialistas.
La orden de la Casa Rosada continuará en 2026: las planillas presupuestarias habilitan a Caputo a disponer colocaciones por el equivalente a US$ 880 millones adicionales en letras, bonos, títulos y plazos fijos.
Casos concretos: la radiografía del desvío
Transporte: $999 de cada $1.000 van a colocaciones
El Sistema de Infraestructura del Transporte (SisVial) proyecta para 2026 gastos corrientes y de capital por casi $2,85 billones e inversiones financieras por $751.481 millones, lo que equivale al 99,97% del resultado financiero previsto. En criollo: de cada $1.000 de excedente, $999 se destinan a colocaciones, no a obras.
Durante el primer trimestre de 2026, el SisVial registró $636.115 millones en ingresos, colocó netamente $197.127 millones en inversiones financieras y destinó a obras apenas 2,7 veces menos que esa colocación. Al 31 de mayo, la cartera financiera ya superaba el billón de pesos.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció públicamente que el Gobierno utiliza recursos viales “para lograr el equilibrio fiscal”, pese a que el régimen legal del fondo establece un destino específico e intransferible.
Infraestructura hídrica: el 25% ejecutado
El Fondo de Infraestructura Hídrica recaudó $399.541 millones entre enero de 2024 y marzo de 2026. Gastó apenas $99.761 millones: el 25% de los recursos disponibles. El resto fue a letras del Tesoro, plazos fijos y depósitos a la vista. Obras como las de la cuenca del río Salado, en la provincia de Buenos Aires, permanecen rezagadas mientras el dinero se multiplica en instrumentos financieros.
FISU: 193.266 familias castigadas
El Fondo de Integración Socio Urbana, creado para financiar infraestructura y vivienda en barrios populares, fue anunciado para disolución en mayo de 2025. Una medida cautelar del CELS frenó la liquidación, pero el Gobierno respondió con un recorte del 94% en los desembolsos, paralizando 636 proyectos que afectan a 193.266 familias. Mientras tanto, colocó $204.000 millones en letras del tesoro y bonos, $64.000 millones en un fondo común de inversión y $95.600 millones en cuentas corrientes del Banco Nación.
Los demás fondos: 100% del excedente a inversión financiera
FOGAR, FODER, FONPEC y el Fondo Fueguino proyectan para 2026 resultados financieros positivos de $431.486 millones, $2.752 millones, $842,5 millones y $47.459 millones, respectivamente. En los cuatro casos, el Presupuesto asigna el 100% del excedente a inversión financiera. En dos de ellos, la ejecución del primer trimestre ya pulverizó la proyección anual: el FODER acumuló 3,5 veces lo previsto y el FONPEC, 7,7 veces. Los excedentes crecen más rápido de lo que el propio Gobierno anticipó.
Rutas que matan: el costo humano del ajuste
El desvío no es abstracto. Un relevamiento de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FePeViNa) cruzó 22 accidentes ocurridos en junio y julio de 2026 con indicadores oficiales sobre el estado de las calzadas y contabilizó 29 muertos. De los 17 casos con datos disponibles sobre el Índice de Estado (IE), 11 —el 64,7%— ocurrieron en tramos calificados como “malos” por la propia Dirección Nacional de Vialidad.
No se trata de establecer una causalidad mecánica entre cada muerte y el estado de la ruta: los siniestros son multicausales. Pero la concentración de accidentes fatales en corredores deteriorados mientras el fondo vial acumula más de un billón de pesos en títulos públicos constituye, cuando menos, una obscenidad administrativa.
La ventana legislativa: la sospecha que agrava el cuadro
Como si el desvío no bastara, La Nación reveló que durante los primeros cinco meses de 2026, $33.786 millones —el 52,7% de todos los pagos por obras del sistema vial— se desembolsaron durante tres “ventanas legislativas” en que se dirimieron votaciones sensibles para el Gobierno. La coincidencia temporal entre la ejecución de fondos y la necesidad de votos en el Congreso abre un interrogante que excede lo presupuestario y roza lo penal.
Lo que la ley dice: no se puede, punto
Más allá del debate político, la respuesta jurídica es inequívoca: el Estado argentino no puede desviar recursos de un fideicomiso público para utilizarlos en fines distintos a los pactados. La Ley 24.441 y el Código Civil y Comercial de la Nación establecen que, al constituirse un fideicomiso, se crea un “patrimonio de afectación”: un conjunto de bienes separado e intangible, jurídicamente asignado de manera exclusiva a los fines específicos del contrato.
Vulnerar ese candado no es una decisión de gestión discutible. Es, en los términos de la ley, una maniobra ilegal. Y las consecuencias están tipificadas:
1. Responsabilidad penal — Defraudación fiduciaria. La Ley 24.441 modificó el artículo 173 del Código Penal para tipificar el delito de defraudación fiduciaria. Un funcionario que utiliza dinero del fideicomiso para fines ajenos al contrato comete un delito perseguible penalmente. La jurisprudencia argentina ya registra condenas de prisión a administradores que desviaron fondos fiduciarios.
2. Sanciones administrativas e institucionales. La Auditoría General de la Nación y los tribunales de cuentas pueden objetar estas maniobras, derivando en sumarios, inhabilitaciones y denuncias por daño patrimonial al Estado.
3. Responsabilidad civil y nulidad. Todo acto administrativo que ordene transferir fondos fiduciarios a las arcas generales incumpliendo el contrato es susceptible de nulidad. El fiduciario debe restituir el patrimonio y resarcir a los beneficiarios.
4. Consecuencias financieras e internacionales. Muchos fideicomisos administran proyectos con aportes de inversores privados u organismos multilaterales. El desvío incumple contratos y acuerdos internacionales, puede desencadenar demandas cruzadas, el cese de desembolsos y la destrucción de la credibilidad crediticia del país.
En resumen: lo que el Gobierno presenta como “superávit” es, en rigor, dinero con destino legal específico que no llegó a destino. Y no llegó porque fue deliberadamente inmovilizado para financiar al Tesoro.
La pregunta que incomoda
La pregunta central ya no es cuánto recauda cada fideicomiso ni cuánto ejecuta. La pregunta es: ¿qué ocurre con el dinero que queda en el medio? ¿Cuánto permanece como excedente? ¿Cuánto coloca financieramente el Ministerio de Economía? ¿Cuánto se transfiere al Tesoro durante las liquidaciones? ¿Cuánto llega efectivamente al destino específico que justificó la creación de cada fondo?
El informe de Alconada Mon responde con datos duros: la mayor parte no llega. Se queda en letras, bonos y plazos fijos. Se queda financiando un equilibrio fiscal que el Gobierno exhibe como trofeo mientras las rutas se deterioran, los barrios populares se paralizan y las obras hídricas se postergan.
El “déficit cero” tiene un costo. Y ese costo no lo paga la “casta” que Milei prometió combatir. Lo pagan las 193.266 familias sin vivienda digna, los 29 muertos en rutas calificadas como “malas”, las provincias sin obras hídricas y los trabajadores del conocimiento, la industria fueguina y las energías renovables cuyos fondos duermen en una cuenta del Tesoro.
El superávit es real. La legalidad de su origen, no tanto.
Fuentes: Informe de Hugo Alconada Mon, diario La Nación (16/08/2026); balances contables y planillas presupuestarias de la Jefatura de Gabinete y la Oficina Nacional de Presupuesto; Instituto Consenso Federal; Federación del Personal de Vialidad Nacional (FePeViNa); Ley 24.441; Código Civil y Comercial de la Nación; Código Penal argentino, art. 173.
