Las nuevas filtraciones de audios que involucran al presidente hondureño Nasry Asfura abren un interrogante que excede ampliamente la política interna de Honduras: ¿hasta dónde llega la influencia de Estados Unidos e Israel en América Latina y qué papel desempeñan los gobiernos de ultraderecha en esa estrategia?
El tema fue analizado en el streaming Macondo, conducido por Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Leandro Grille, a partir de una nueva tanda de audios difundidos por medios como Canal Red y Dropsite News. Según lo expuesto durante el programa, las grabaciones describirían conversaciones en las que aparecen referencias a vigilancia de las comunicaciones, modificaciones legislativas, control de redes sociales y reconfiguración de instituciones hondureñas.
La gravedad de las acusaciones obliga, sin embargo, a distinguir entre lo que surge de las filtraciones, lo que ha sido sometido a mecanismos de verificación y las interpretaciones políticas realizadas por los periodistas. El material aportado sostiene que distintas herramientas forenses habrían considerado altamente probable la autenticidad de los audios, aunque también consigna que existieron cuestionamientos y análisis contrapuestos.
Honduras, ¿laboratorio de una nueva arquitectura de poder?
El caso hondureño aparece como el punto de partida de una hipótesis mucho más amplia. De acuerdo con el análisis de Macondo, los primeros audios habrían expuesto negociaciones vinculadas con el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, y con presuntas concesiones posteriores relacionadas con bases militares, zonas de desarrollo económico especial y modificaciones legales favorables a determinados intereses.
La nueva filtración agregaría un elemento particularmente sensible: el supuesto impulso de una legislación destinada a aumentar la vigilancia sobre las redes sociales, limitar el anonimato de los usuarios y facilitar el acceso estatal a las comunicaciones.
Si estas denuncias fueran corroboradas mediante investigaciones independientes, ya no estaríamos frente a una simple disputa diplomática ni ante el tradicional ejercicio del soft power. Estaríamos ante algo cualitativamente diferente: la utilización de tecnología, legislación e instituciones estatales como instrumentos de vigilancia política.
Y allí aparece la cuestión verdaderamente preocupante: la soberanía de un país no desaparece necesariamente mediante una invasión militar; también puede erosionarse mediante contratos, leyes, sistemas tecnológicos, acuerdos de seguridad y dependencia económica.
Pegasus, empresas privadas y el nuevo negocio de la vigilancia
Uno de los aspectos más inquietantes del material analizado es la referencia a empresas privadas de inteligencia y tecnología. El programa menciona a Pegasus, Black Cube y otras compañías vinculadas con herramientas de vigilancia y operaciones de inteligencia, además de antecedentes relacionados con el uso de tecnologías de espionaje en países latinoamericanos.
La privatización de la inteligencia constituye un fenómeno particularmente delicado. Cuando capacidades que históricamente estaban concentradas en organismos estatales pasan a manos de empresas privadas, el control democrático se vuelve más difícil.
El problema no es solamente quién posee la tecnología, sino quién decide contra quién se utiliza, bajo qué legislación, con qué controles y con qué posibilidad de rendir cuentas ante la sociedad.
La promesa de combatir el narcotráfico, el terrorismo o la desinformación puede convertirse, si no existen límites institucionales efectivos, en una puerta de entrada para ampliar la vigilancia sobre periodistas, opositores, dirigentes sociales y ciudadanos comunes.
De la seguridad al control político
La historia latinoamericana conoce demasiado bien el argumento de la seguridad utilizado para justificar mecanismos excepcionales de control. Lo novedoso es que ahora esa arquitectura puede desplegarse mediante tecnologías digitales capaces de monitorear comunicaciones, identificar personas, analizar grandes volúmenes de datos y condicionar el espacio público.
Por eso resulta especialmente significativa la discusión sobre la eliminación del anonimato en internet y el debilitamiento del cifrado de las comunicaciones que aparece en los audios analizados.
Una sociedad democrática necesita combatir el delito, pero también necesita preservar espacios de privacidad. Si toda persona es potencialmente sospechosa, la seguridad deja de ser una herramienta para proteger derechos y comienza a convertirse en un mecanismo para administrarlos desde arriba.
Una red regional que merece ser investigada
Los periodistas sostienen que Honduras no constituiría un caso aislado. En su interpretación, existiría una creciente articulación entre Israel, Estados Unidos, sectores de la ultraderecha latinoamericana, empresas tecnológicas, lobbies políticos y organizaciones religiosas. Mencionan conexiones con Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay y otros países de la región.
Hay aquí una diferencia fundamental entre analizar hechos y afirmar la existencia de una conspiración regional perfectamente coordinada. Lo primero exige investigación; lo segundo no puede darse por demostrado solamente a partir de testimonios, coincidencias políticas o audios cuya autenticidad, aunque haya sido respaldada por herramientas forenses según el material analizado, requiere además corroboración periodística y judicial independiente.
Pero precisamente por eso el tema merece ser investigado y no descartado con ligereza.
Porque una cosa es la cooperación diplomática entre Estados. Otra muy distinta es que gobiernos extranjeros, empresas privadas de inteligencia y grupos políticos locales intervengan en procesos electorales, en la elaboración de leyes o en los sistemas de vigilancia de un país.
El vínculo entre ultraderecha y política exterior
El programa también pone el foco en el acercamiento entre gobiernos y dirigentes latinoamericanos de derecha e Israel. Entre los ejemplos mencionados aparecen Javier Milei en Argentina, sectores de la derecha colombiana, Jair y Flávio Bolsonaro en Brasil y dirigentes de la derecha uruguaya que realizaron viajes a Israel.
Viajar a Israel, mantener relaciones diplomáticas o establecer acuerdos de cooperación no constituye, por sí mismo, una prueba de injerencia. Los Estados mantienen relaciones internacionales y buscan alianzas de acuerdo con sus intereses.
El problema comienza cuando esas relaciones se combinan con acusaciones de interferencia electoral, vigilancia tecnológica, acuerdos de seguridad opacos o modificaciones legislativas destinadas a favorecer intereses externos.
Ahí la discusión deja de ser ideológica y pasa a ser institucional.
El narcotráfico como argumento de intervención
Otro de los ejes más controvertidos del análisis es el papel del narcotráfico. Los periodistas cuestionan que el discurso del “narcoterrorismo” pueda ser utilizado selectivamente para justificar intervenciones sobre determinados gobiernos mientras se mantienen relaciones con actores políticos acusados o vinculados con estructuras del crimen organizado.
La pregunta es incómoda pero legítima: ¿la lucha contra el narcotráfico constituye realmente una política universal o puede transformarse también en una herramienta de selección geopolítica?
No se trata de minimizar el poder devastador del narcotráfico ni de negar la necesidad de combatirlo. Se trata de exigir que esa lucha no se convierta en una licencia para intervenir en los asuntos internos de los países latinoamericanos.
Porque si la vara cambia según quién gobierna, la lucha contra el narcotráfico deja de ser una política de seguridad y puede convertirse en una herramienta de disciplinamiento internacional.
América Latina frente a una vieja tentación
La historia de América Latina está marcada por intervenciones extranjeras, golpes de Estado, operaciones de inteligencia, condicionamientos económicos y disputas por recursos estratégicos.
La diferencia contemporánea es que buena parte de esa disputa puede desarrollarse sin que la población siquiera la perciba.
No hacen falta soldados desembarcando en una capital. Puede alcanzar con una plataforma tecnológica, un contrato de seguridad, una empresa de inteligencia, un lobby parlamentario, una campaña digital, una modificación legislativa o una dependencia económica.
Por eso el verdadero debate que plantean estas filtraciones no debería reducirse a decidir si los protagonistas de los audios son simpáticos o antipáticos, si Israel tiene derecho a desarrollar relaciones diplomáticas o si Estados Unidos puede establecer acuerdos militares.
La pregunta es otra:
¿Quién controla la información, quién controla la tecnología y quién controla las decisiones de los Estados latinoamericanos?
Si las democracias de la región permiten que la vigilancia privada, los intereses geopolíticos y los grandes capitales tecnológicos se incorporen a sus estructuras estatales sin controles públicos suficientes, el riesgo no será solamente perder privacidad.
Será algo mucho más profundo: que las sociedades sigan votando mientras decisiones fundamentales sobre su soberanía se toman en espacios que permanecen fuera del alcance de sus ciudadanos.
Las filtraciones, por sí solas, no permiten afirmar que exista una operación continental perfectamente coordinada. Pero sí plantean suficientes interrogantes como para exigir investigaciones serias, independientes y transparentes.
Y en una región con una historia demasiado extensa de injerencias externas, mirar hacia otro lado sería, como mínimo, una irresponsabilidad.
