El Municipio agotó todas las instancias judiciales en un juicio absurdo por un predio comprado de buena fe en una subasta pública. Entre el brutal pago de costas, la caída de la coparticipación y un histórico despilfarro de tierras, la gestión local demuestra una vez más su incapacidad para administrar el erario. La sombra de los honorarios del Secretario Legal y las oportunidades de diálogo despreciadas completan el cuadro de una gestión a la deriva.
Lo que comenzó como una arrogante tentativa de recuperar un pedazo de calle mediante un juicio exprés, se ha transformado en un suicidio financiero para las arcas municipales. El Municipio de Choele Choel acaba de cerrar una de las páginas más vergonzosas de su historia judicial reciente: perdió la demanda contra el ciudadano Luis Eduardo González en todas las instancias (primera instancia, Cámara de Apelaciones y, recientemente, Casación).
El resultado no es solo una derrota legal, sino un golpe al bolsillo de los vecinos. Al haber perdido en todas las etapas, la comuna deberá asumir las costas del proceso: un 25% en concepto de honorarios para el abogado del Municipio y un 30% para los letrados de la parte demandada por cada instancai perdida. Estos porcentajes se calculan sobre el valor del predio en litigio, ubicado en las calles Conrado Villegas y Almirante Brown. Aunque resta una tasación oficial para determinar el monto exacto, versiones de mercado estiman que el valor de la tierra ronda los 400 mil dólares.
Un desembolso de esta magnitud es un lujo que Choele Choel no se puede permitir. El impacto económico es demoledor, máxime cuando desde el propio Ejecutivo municipal han dado señales de alerta ante una inminente caída en los ingresos por coparticipación federal y mientras mantiene al total de empleados bajo la línea de pobreza, y una buena porción de trabajadores bajo la línea de indigencia. Sin embargo, la terquedad política pareció imponerse a la prudencia administrativa.
El “doble negocio” y la polémica del Secretario Legal
Uno de los datos más llamativos y escandalosos de este expediente es el rol del Dr. Pablo Alejandro Forte. Forte no solo percibe un sueldo del erario público en su carácter de Secretario Legal y Técnico del Municipio, sino que ahora queda la incógnita —y el reclamo de los vecinos— de si también cobrará honorarios privados por haber actuado como letrado en las tres instancias del juicio (calculados en un 25% por cada una).
Esta situación ya había generado roces legales en septiembre de 2020, cuando el propio demandado interpuso una “excepción de falta de personería”. En aquella ocasión, se le señaló al tribunal que el Dr. Forte no podía resultar apoderado de la Municipalidad, ya que en simultáneo era apoderado de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro en esa misma circunscripción judicial, lo que configuraba un evidente conflicto de intereses. Aunque luego Forte dejó el cargo provincial para abocarse de lleno a la secretaría municipal, la sombra de la prolijidad y la ética en el manejo de lo público vuelve a planear sobre este expediente.
Intransigencia y ceguera política: ¿Por qué ir a juicio?
La gran pregunta que resuena en los pasillos y en las calles de Choele Choel es: ¿Se justificaba avanzar en un juicio que las sentencias dejan en claro que no tenía la menor posibilidad de ganarse?
El demandado, Luis Eduardo González, compró el terreno en 2011 en una subasta pública producto de la quiebra de la empresa ALIDE. Al revisar el Registro de la Propiedad, no figuraba restricción alguna ni condición sobre el uso de la totalidad de la superficie. González actuó de buena fe.
Las “versiones de boca en boca” que corren por el pueblo revelan un dato aún más grave: habría existido un intento de solución extrajudicial. Los compradores de la tierra habrían ofrecido al municipio una salida airosa y beneficiosa para todos: brindarles servicios a los futuros loteos a cambio del espacio que ocupaba la supuesta calle. Sin embargo, el intendente Diego Ramello se habría mantenido intransigente, cerrando la puerta al diálogo y empujando al municipio a un litigio costoso e innecesario.
Un desastre jurídico anunciado
Los jueces de primera instancia, de la Cámara y finalmente de Casación desmenuzaron la improvisación municipal. Para ganar un “interdicto” (juicio rápido), el Municipio debía probar que usaba y mantenía el lugar como calle, y que González se lo había usurpado. El Municipio no pudo probar nada de eso.
Más grave aún fue el tiro por la culata: se descubrió que el propio Municipio había participado en la subasta de 2011 donde González compró el terreno, y en ese momento no hizo ninguna objeción ni avisó que esa parte era calle. Además, la ordenanza de 1993 que el municipio esgrimió para decir que era espacio público, jamás pudo probarse que hubiera sido publicada o notificada a la gente en su momento.
El intento de llevar el caso a Casación fue rechazado por tres motivos que evidencian la mala praxis letrada: el escrito no respetó las reglas de formato, se utilizó una vía recursiva que no corresponde para este tipo de juicios rápidos (que no definen propiedad perpetua), y los abogados municipales se limitaron a repetir su propia versión de la historia en lugar de argumentar errores de derecho.
Un histórico despilfarro de tierras públicas
Este caso no es un hecho aislado, sino la confirmación de una modalidad de gestión desastrosa. Queda en evidencia que las gestiones municipales anteriores “regalaron” ese predio a la empresa ALIDE con una desprolijidad criminal, al no reservar una cláusula de reversión que exigiera la devolución de la tierra si cesaba la actividad industrial. El resultado es que, años después, el municipio termina perdiendo tierras que podrían haber sido utilizadas para la construcción de viviendas sociales.
Lamentablemente, la gestión del propio Ramello ha demostrado no haber aprendido nada de los errores del pasado. Choele Choel arrastra varios casos similares donde el Estado termina perdiendo tierras, como el histórico predio de la Campagnola, que no es responsabilidad de la gestión Ramello pero que muestra un patrón constante. Más reciente aún es el intento fallido de radicación de un establecimiento de chacinados que, bajo la actual gestión, nunca cumplió con su proyecto productivo, pero que tampoco restituyó las tierras municipales en cumplimiento de la ordenanza que así lo exigía.
Mientras los vecinos de Choele Choel se preguntan cómo se pagarán estas cifras milllonarias, en un contexto de vacas flacas, el Municipio de Ramello y su equipo legal siguen dando la espalda a la realidad, demostrando que cuando la intransigencia y la improvisación se apoderan de la gestión pública, el único que termina pagando los platos rotos es el bolsillo del ciudadano.
