Cada 12 de octubre, la memoria pública de Occidente activa un mecanismo de anestesia histórica. Lo que se celebra bajo eufemismos como el “encuentro de dos mundos”, la “hazaña geográfica” o la “expansión de la fe”, fue, en su esencia material y humana, un proceso de destrucción masiva. Aunque la historia tradicional se haya encargado de disfrazarlo, los argumentos históricos, demográficos, jurídicos y documentales permiten sostener, con rigurosa solidez, que la conquista y colonización europea de América constituyeron un proceso que puede y debe analizarse bajo la categoría de genocidio.
Para construir esta afirmación sin caer en anacronismos fáciles, es fundamental distinguir entre los hechos documentados, la interpretación histórica y la calificación jurídica. Es cierto que el término “genocidio” fue acuñado mucho después de los hechos, en 1944, por el abogado polaco Raphäel Lemkin, quien buscaba dar nombre a la destrucción sistemática de grupos humanos, inspirado inicialmente por el Holocausto, pero también por la necesidad de categorizar atrocidades históricas previas. Sin embargo, que el concepto sea posterior no lo hace inaplicable como lente analítico. De hecho, la “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio” de la ONU (1948) define el acto como la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso mediante la matanza, el daño físico o mental grave, la imposición de condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción, o el traslado forzoso de niños. Un repaso frío a la crónica colonial americana revela que todos estos elementos estuvieron presentes.
La prueba más contundente reside en el derrumbe demográfico. No se trata de una especulación, sino de una catástrofe de dimensiones continentales. Investigaciones académicas de referencia, como las reunidas por el geógrafo William M. Denevan en The Native Population of the Americas in 1492, así como estudios recientes en Quaternary Science Reviews, estiman una pérdida de hasta el 90 % de la población indígena durante el primer siglo de contacto. Si bien las enfermedades infecciosas introducidas desde Europa fueron un factor decisivo, es un error histórico y moral atribuirles la totalidad de la culpa. La violencia sistemática, el trabajo forzoso en minas y encomiendas, el hambre provocada por la desarticulación de las economías de subsistencia y el desplazamiento actuaron como acelerantes letales. Las epidemias fueron la chispa; el sistema colonial, el combustible.
Lejos de ser una “interpretación inventada siglos después” por el revisionismo moderno, esta destrucción fue denunciada en tiempo real. El fraile dominico Bartolomé de las Casas, en su Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552), documentó con crudeza las matanzas, la esclavización y los abusos. Su testimonio, aunque debe contrastarse con otras crónicas y datos arqueológicos por su naturaleza de alegato político, demuestra que la violencia no era un secreto, sino una realidad conocida y, en muchos casos, tolerada por las propias autoridades de la época. La promulgación de las Leyes Nuevas de 1542 por la Corona española no hace más que confirmar la existencia de estos abusos sistémicos, evidenciando la abismal distancia entre la legislación teórica y la brutalidad de su aplicación en el terreno.
¿Por qué, entonces, persiste el relato del “Descubrimiento”? Porque la historiografía tradicional operó como un mecanismo de encubrimiento. El lenguaje no es neutro: llamar “descubrimiento” a la llegada de Colón implica adoptar exclusivamente la perspectiva europea, borrando de un plumazo la existencia de pueblos con lenguas, sistemas políticos, conocimientos y redes comerciales milenarias. La supuesta “misión civilizadora” y evangelizadora sirvió como cortina de humo para legitimar la apropiación de territorios, la extracción de metales preciosos y la reorganización forzada de las sociedades originarias en beneficio de la metrópoli. Esta invisibilización de la experiencia indígena, de su resistencia y de su supervivencia, ha sido la verdadera victoria de la conquista: la colonización de la memoria.
No obstante, un ejercicio crítico riguroso exige matices. Calificar jurídicamente todo el proceso colonial como un único y monolítico “genocidio” presenta desafíos, dada la diversidad de actores, épocas y regiones, y la complejidad de probar la “intención” de destrucción en cada contexto específico, más allá del interés económico. Asimismo, es vital distinguir entre el genocidio (destrucción física) y el etnocidio (destrucción cultural), aunque en la práctica colonial ambas fuerzas avanzaron de la mano. Pero esta precisión académica no debe convertirse en una excusa para negar o minimizar los hechos. No es necesario exagerar las cifras ni atribuir una conspiración homogénea a cinco siglos de historia para formular una crítica demoledora.
La tesis sólida que debe guiar nuestra memoria histórica es clara: la expansión imperial europea en América fue un proceso que, en numerosas regiones, estuvo acompañado de matanzas, esclavización, desposesión territorial y una catástrofe demográfica sin precedentes, agravada deliberadamente por las condiciones del orden colonial.
Revisar críticamente el relato del 12 de octubre no implica “cancelar” la historia, sino completarla. Significa reconocer que América no comenzó su historia en 1492, y que la verdadera hazaña no fue la llegada de las carabelas, sino la resistencia, la supervivencia y la preservación de la identidad de los pueblos originarios frente a un proyecto diseñado para aniquilarlos. Mientras sigamos celebrando el eufemismo en lugar de confrontar la evidencia, seguiremos siendo cómplices de ese gran acuerdo histórico para silenciar el genocidio fundacional de nuestro tiempo moderno.
