Gonzalo Santos, conductor de 2920 Viedma, denunció que la fiscal Paula Deluque dispuso el archivo provisorio de la investigación cuatro meses después de iniciada, en la misma nota en la que WhatsApp informó que la última IP vinculada a la cuenta que lo amenazó de muerte está asociada a una funcionaria provincial de Cipolletti, delegada del Registro Civil y militante de Juntos Somos Río Negro. “Había que citarla, preguntarle y contrastar su respuesta con la información técnica. Simple. Pero nada de eso ocurrió”, sostuvo.
La semana pasada no hubo programa. Mientras el ciclo radial y televisivo del periodista Gonzalo Santos estaba fuera del aire, la Justicia rionegrina tomó una decisión que él define, sin eufemismos, como “demasiado grave para dejarla pasar”: archivó provisoriamente la causa por amenazas de muerte contra un periodista crítico y su familia. Lo hizo en el preciso instante en que la investigación —lenta, dice, “a paso de carreta”— empezaba a rozar el círculo íntimo del poder provincial.
El 16 de mayo pasado Santos radicó la denuncia. Las amenazas llegaron después de semanas de hostigamiento contra su esposo y su familia: mensajes, una llamada, identidades falsas, una publicación en Facebook y un video manipulado con inteligencia artificial. “No fue una discusión política ni una crítica —aclaró en el mensaje que difundió por su canal de YouTube 2920 Viedma y por FM de la Costa—. Fue una operación dirigida contra mi intimidad, mi familia y mi laburo.”
La causa avanzó con cautela burocrática: su esposa declaró, hubo custodia policial alrededor de su casa, el periodista aportó cada elemento nuevo. Cuatro meses después recibió en su teléfono la nota de la fiscal Paula Deluque: no había “elementos suficientes ni nuevas medidas razonables para continuar”. El expediente se cerraba, provisoriamente, por falta de material.
La paradoja del archivo
Esa misma nota contenía, casi al pasar, el dato que desmiente el fundamento del cierre.
Según relató Santos, WhatsApp —la empresa de Meta, subraya, no él— informó que la última IP vinculada a la cuenta investigada, la cuenta que lo hostigó y lo amenazó de muerte, está asociada a Erika Leonor Araneda, funcionaria provincial en Cipolletti, delegada del Registro Civil y militante pública de Juntos Somos Río Negro. Hoytel, agregó, verificó el dato: la cuenta que lo amenazó estaba conectada a un servicio de internet propiedad de Araneda.
“En el mismo documento en el que la fiscal me dice que archiva provisoriamente aparece este dato”, resume. Y formula la contradicción que sostiene todo su planteo: el escrito que cierra el expediente contiene, a la vez, la razón por la que debería permanecer abierto.
“Una IP no demuestra por sí sola quién tenía el teléfono en la mano. Por eso se investiga. La IP aporta una conexión concreta, una persona identificada y medidas posibles.”
Las medidas que nadie produjo
La lista de lo que faltó hacer es, en boca del periodista, el núcleo de la inconsistencia jurídica: establecer el domicilio de instalación del servicio, el momento exacto de la conexión, los dispositivos utilizados y quiénes accedían a esa conexión. Determinar qué relación existe entre Araneda y la titular de la cuenta de WhatsApp —persona ya identificada en la causa con nombre, apellido, DNI y domicilio— e investigar, además, las identidades falsas y los posibles participantes de la segunda capa, la ampliación de denuncia que la defensa presentó después.
“Había que citarla, preguntarle y contrastar su respuesta con la información técnica. Simple. Pero nada de eso ocurrió todavía. La fiscalía sostuvo que no quedaban medidas razonables mientras dejaba sin producir la más evidente, surgida de su propia investigación.”
En el expediente, enumera Santos, están los mensajes enviados a su esposa desde el mismo número, la llamada que recibió desde esa línea, los mensajes posteriores sobre una supuesta persona que iba a “hacer justicia por mano propia”, las publicaciones con identidades suplantadas que reprodujeron la misma narrativa falsa. “Valorados en conjunto, demuestran que la investigación no está agotada.”
Y añade, con la crudeza de quien se sabe solo: “La responsabilidad con la que trabajamos nos obliga a documentar cada cosa. La información la dio Zuckerberg, no Gonzalo Santos. Lo que no hace la justicia lo armé yo, para contárselo a ustedes y que vean cómo funciona nuestra provincia.”
El mapa: Cipolletti, la capital de facto
Aquí la denuncia cruza de lo judicial a lo político. Araneda, señala Santos, no es una desconocida: ingresó a la administración provincial en 2017 mediante un decreto del gobernador Alberto Weretilneck, conduce hoy una delegación del Registro Civil y en sus redes llama “jefe querido” al mandatario y exhibe cercanía con el intendente de Cipolletti y presidente de Juntos Somos Río Negro, Rodrigo Buteler. “Está lleno de fotos con Buteler.”
El detalle geográfico no es menor: la trama ocurre en Cipolletti, la ciudad natal del gobernador, el municipio que gobierna el jefe del partido oficialista, lo que el periodista llama “la capital de facto del poder rionegrino”. La investigación periodística que su redacción publicó el domingo —extensa, documentada, dice, y disponible en Noticias Río Negro y en las redes de 2920— reconstruyó alrededor de Araneda un mapa de funcionarios, operadores territoriales, cargos públicos y relaciones partidarias.
“Ese trabajo no determina quién realizó la amenaza. Eso lo tiene que hacer la Justicia. Demuestra algo políticamente decisivo: la conexión señalada por la causa conduce a una persona situada en el corazón del oficialismo.”
Un mensaje disciplinador
La gravedad, sostiene Santos, no está en lo privado sino en lo institucional. “Esto no es un asunto entre un periodista y una cuenta falsa. Cuando un periodista crítico es amenazado de muerte, el rastro técnico llega hasta una funcionaria del oficialismo y la Justicia cierra la investigación sin siquiera citarla, aparece un problema institucional que compromete a toda la provincia.”
Y traza la línea con precisión de abogado, aunque no lo sea: “No estoy afirmando que la fiscal haya recibido una orden política. No tengo la prueba, si la tuviera la diría. Afirmo que su decisión resulta objetivamente funcional al poder político, porque evita que una funcionaria explique su relación con la conexión detectada y que la investigación avance sobre su entorno.”
La frase que resume la denuncia: “Cuando en Río Negro una causa sensible se detiene exactamente donde comienza el poder político, la hipótesis de connivencia deja de ser una fantasía y se convierte en una pregunta pública que las instituciones deben despejar.”
El periodista se permite además una mirada incómoda sobre la oposición: “Suena extraño cuando los que dicen que son candidatos de la oposición se sacan todos los días fotos con Weretilneck, hacen sonrisita, firman los acuerdos que les proponen. ¿A qué quieren engañarse? Son lo mismo. De estas cosas ni hablan, porque creen que no les tocan el culo a ellos. Se lo tocan a los rionegrinos que vivimos acá. Y después nos piden que los vayamos a votar.”
Qué se exige
Con su abogado, Santos pidió formalmente la revisión del archivo y la continuidad de la investigación. Espera respuesta. Las exigencias que formula son tres y están dirigidas a los tres vértices del triángulo:
Weretilneck debe explicar qué hará su gobierno frente a una funcionaria alcanzada por esta investigación. Buteler debería aclarar qué vínculo mantiene su estructura política con Araneda. Paula Deluque debe explicar por qué archivó antes de producir las medidas más básicas sobre la pista que su propia causa encontró.
“Nadie está pidiendo un privilegio ni una condena anticipada. Lo que exigimos es elemental: que el Estado investigue, que las instituciones funcionen y que el poder no sea una frontera que la Justicia no se atreva a cruzar. Para eso decimos que somos una república. Si no, directamente no lo digamos más.”
El cierre es una advertencia y una promesa: “La amenaza fue dirigida contra mí, pero el mensaje disciplinador alcanza a cualquiera que investigue, denuncie o contradiga al poder. No es casual que haya tan poco periodismo de investigación con nombre, apellido y documento en esta provincia. La fiscalía abrió la puerta, encontró un nombre y decidió cerrarla provisoriamente. Una provincia seria investiga incluso cuando la pista conduce a sus propios funcionarios. Yo creo que esta puede ser una provincia seria. Yo no voy a parar de ninguna manera.”
Nota de redacción: todas las afirmaciones sobre la vinculación entre la dirección IP informada por WhatsApp y la funcionaria mencionada provienen de la denuncia pública del periodista y de la documentación que dice haber recibido de la Fiscalía. Ninguna persona nombrada se encuentra imputada y la propia denuncia admite que una IP no identifica a quien tuvo el teléfono en la mano. El planteo de revisión del archivo está pendiente de respuesta judicial.
