La organización elevó una nota al presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, para reclamar la aprobación inmediata del proyecto 1448-25, que busca suspender cortes de servicios básicos. Advirtieron que una reforma nacional podría desviar subsidios hacia las petroleras y encarecer las facturas en plena recesión económica.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del Alto Valle (APDH) manifestó este 17 de mayo su profunda preocupación por un proyecto de reforma de la Ley de Zona Fría para el gas que, según advirtieron, podría eliminar la tarifa diferencial patagónica. A través de una nota formal dirigida al presidente de la Legislatura de Río Negro, Pedro Pesatti, y a todos los legisladores provinciales, la Junta Promotora reclamó el tratamiento urgente de una norma de protección para los hogares vulnerables ante la inminente llegada del invierno.
Desde la organización señalaron que la modificación impulsada a nivel nacional implicaría un cambio de destino en los subsidios: dejarían de aliviar el costo del servicio para los usuarios para pasar a beneficiar directamente a las empresas petroleras. Esta medida trasladaría el impacto económico a las facturas de la comunidad, con el riesgo de fuertes aumentos en las boletas de gas para las familias patagónicas. Cabe destacar que el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda ya aprobó el dictamen oficialista respaldado por bloques aliados. Si bien la reforma, en principio, no aplicaría a la Patagonia, no hay nada que lo asegure una vez que se concrete, lo que genera una incertidumbre particular en los distritos incorporados en la ampliación de 2021, que actualmente perciben bonificaciones del 30% al 50% en sus facturas.
Legisladores y asociaciones de usuarios ya habían advertido sobre un fuerte impacto socioeconómico en los bolsillos de la clase media y los sectores más vulnerables, en un contexto nacional marcado por el receso económico. Frente a este escenario, la APDH Alto Valle exigió el tratamiento “urgente” en segunda vuelta del Proyecto de Ley 1448-25. La iniciativa provincial apunta a suspender posibles cortes de servicios básicos en hogares vulnerables. Los dirigentes de la organización calcularon que, de otorgársele carácter prioritario, la norma podría sancionarse en un plazo de siete a ocho días. Además, insistieron en la necesidad de avanzar rápidamente con su reglamentación para evitar “contratiempos e incertidumbre” y solicitaron una amplia campaña de difusión institucional para que la población conozca sus alcances y pueda acceder a los beneficios.
“Solicitamos no dilatar ningún tramo del circuito legislativo”, expresaron desde la Junta Promotora en su comunicado, cerrando con un llamado a “una profunda empatía con los necesitados” frente a la difícil situación económica y el frío que se avecina en la región. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), fundada en 1975, es una histórica organización no gubernamental argentina dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, cuya intervención en Alto Valle refleja la creciente movilización social en torno a la protección de los servicios públicos esenciales.
