El referente de la protesta policial en Río Negro, Rubén Muñoz, cuestionó los estudios obligatorios para ascensos y abrió una discusión sensible sobre salud mental, consumo de sustancias y condiciones laborales dentro de la fuerza. Sus declaraciones reavivaron un debate histórico en la provincia sobre la aptitud psicológica del personal policial y el impacto del desgaste laboral.
El líder de la protesta policial que mantiene acampes en reclamo de mejoras salariales y laborales, Rubén Muñoz, volvió a poner en agenda uno de los temas más delicados dentro de la Policía de Río Negro: la salud mental del personal y los criterios utilizados para determinar la aptitud psicológica en los ascensos.
A través de una extensa publicación en Facebook, Muñoz cuestionó el oficio N° 293 de la Dirección General de Institutos y Perfeccionamiento y la Junta de Calificaciones Policial y Colegiada, referido a los estudios médicos obligatorios para certificaciones y promociones dentro de la fuerza.
El dirigente aclaró que está de acuerdo con la obligatoriedad de los controles, pero apuntó contra el costo económico que deben afrontar los propios efectivos. “¿Quién los paga? ¿Cuánto cubre IPROSS? ¿Qué pasa si el personal no cuenta con el dinero para solventarlos?”, planteó.
Según sostuvo, la medida termina siendo “clasista”, ya que muchos policías “de sueldo a sueldo apenas pueden sostener el canasto alimentario familiar” y no tienen recursos para afrontar estudios médicos privados. En ese sentido, remarcó que la responsabilidad del cuidado de la salud laboral corresponde al Estado como empleador.
Sin embargo, el punto más sensible del planteo estuvo centrado en las evaluaciones psicológicas. Muñoz cuestionó que la aptitud o no aptitud del personal pueda resolverse “por psicólogos y mucho menos por un test o análisis”, y afirmó que ese tipo de certificaciones deberían ser emitidas únicamente por psiquiatras y luego de “un largo proceso”.
“Recomendamos al personal que la no aptitud sea firmada por un psiquiatra”, escribió, en un mensaje que rápidamente generó repercusiones y reabrió una discusión histórica en Río Negro sobre los controles psicológicos dentro de la fuerza policial.
El tema no es nuevo. Desde hace años, distintos episodios de violencia institucional, suicidios y conductas problemáticas de algunos efectivos vienen alimentando cuestionamientos sobre el estado de salud mental del personal policial. A eso se suma el desgaste derivado de extensas jornadas laborales, presión permanente y bajos salarios que obligan a muchos agentes a realizar adicionales para complementar ingresos, reduciendo drásticamente sus tiempos de descanso.
Muñoz también puso el foco en el tratamiento institucional de los casos vinculados al consumo de sustancias psicoactivas. Según señaló, el protocolo establece que un resultado positivo debe ser comunicado de inmediato a los superiores “a los fines preventivos y administrativos”, pero advirtió que no existen mecanismos claros de acompañamiento o tratamiento.
“Hoy el consumo de sustancias psicoactivas en la institución policial es un grave problema y no hay que esconderlo, hay que tratarlo y prevenirlo”, sostuvo.
En el mismo mensaje cuestionó además qué ocurre cuando quien da positivo es un jefe policial y reclamó políticas preventivas reales, con talleres, charlas y principalmente mejoras en las condiciones laborales.
Las declaraciones se producen en medio del conflicto salarial que mantiene en protesta a sectores policiales y penitenciarios, y vuelven a instalar un debate incómodo para la conducción política y policial: las condiciones de trabajo, la salud mental y los mecanismos de control dentro de una fuerza sometida a altos niveles de tensión cotidiana.
