La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) resolvieron unificar sus reclamos contra el cierre del programa Volver al Trabajo y anunciaron una serie de medidas de protesta que incluirán una jornada nacional de lucha el 22 de julio y una movilización conjunta el 7 de agosto, en el marco de la tradicional marcha de San Cayetano bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.
La decisión fue adoptada luego de que la Cámara Federal de San Martín dejara sin efecto la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener vigente el programa, anteriormente conocido como Potenciar Trabajo. A partir de ese fallo judicial, más de 900.000 personas dejarán de percibir desde agosto la prestación mensual de 78.000 pesos.
Durante un encuentro con la conducción de la UTEP, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, confirmó que el gremio estatal evaluará convocar a una jornada nacional de lucha para acompañar la movilización del 7 de agosto y anunció además la adhesión a la protesta prevista para el 22 de julio, que incluirá asambleas, manifestaciones y cortes de ruta en distintos puntos del país bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”.
“Pensar que una de las definiciones más clásicas y antiguas de Justicia es la voluntad de dar a cada uno lo suyo. Con esta Justicia que le da solo a los ricos y para eso le quita todo a los pobres estamos perdidos”, afirmó Aguiar.
El dirigente sindical cuestionó con dureza la decisión judicial y sostuvo que “no se puede tolerar la decisión de quitarle su único ingreso a los más necesitados”, al considerar que la medida provocará “un daño irreparable a cientos de miles de familias”. Además, advirtió que el país “está pasando de una pobreza circunstancial a una pobreza estructural” y calificó la eliminación del programa como “una política de Estado”.
Según estimaciones difundidas por las organizaciones, la pérdida del beneficio implica que cada familia dejará de contar con un ingreso equivalente a la compra de 35 litros de leche, 20 kilos de pan, seis kilos de carne o 95 viajes en colectivo, lo que, afirman, agravará la situación de los sectores más vulnerables.
La delegación de la UTEP que participó del encuentro estuvo integrada por la secretaria adjunta Dina Sánchez, el secretario de Organización Ramiro Berdesegar, la secretaria Gremial Johanna Duarte, la secretaria Ejecutiva Marina Joski y Laura Cibelli, integrante de la Mesa Ejecutiva.
Desde ambas organizaciones también recordaron que, al conceder inicialmente la medida cautelar, el juez de primera instancia había considerado que el objetivo del programa era promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de mayor vulnerabilidad, advirtiendo que la interrupción abrupta del beneficio generaría un riesgo de daño irreparable.
Con este nuevo escenario judicial, la histórica marcha de San Cayetano, que partirá desde el Santuario de Liniers y culminará en Plaza de Mayo, suma un nuevo eje de conflicto social con el reclamo por la restitución del programa y la defensa de los ingresos destinados a trabajadores y trabajadoras de la economía popular.
