En medio de una crisis económica marcada por alta inflación, caída de la actividad y conflictos por medidas gubernamentales, sindicatos, transportistas, campesinos y otras organizaciones intensifican las movilizaciones. La demanda de renuncia del presidente Rodrigo Paz gana protagonismo tras meses de cuestionamientos a su gestión.
Bolivia atraviesa un escenario de creciente tensión política y social, con protestas y bloqueos de rutas que se multiplican en distintas regiones del país. Las movilizaciones, que comenzaron con reclamos sectoriales vinculados a salarios, combustibles y políticas agrarias, confluyen ahora en una demanda común: la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a seis meses de haber asumido el cargo.
El contexto económico agrava la situación. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Bolivia registraría una inflación del 20,7% y una contracción económica del 3% durante este año. Diversos sectores sostienen que el deterioro de las condiciones de vida y las medidas adoptadas por el Ejecutivo alimentaron el descontento social.
Entre los principales focos de conflicto se encuentran los reclamos de la Central Obrera Boliviana (COB), que exige una recomposición salarial acorde al aumento del costo de vida; las protestas de transportistas por la calidad de los combustibles tras la reducción de subsidios; y las movilizaciones de organizaciones campesinas e indígenas contra la denominada Ley 1720, vinculada a la reclasificación de propiedades rurales.
La norma fue finalmente derogada por el Gobierno ante la presión social, pero los sectores movilizados consideran que la decisión llegó tarde. Según dirigentes sindicales, el malestar acumulado derivó en una consigna unificada contra la administración de Paz. Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, afirmó recientemente que “ya no hay pliego petitorio, el pedido único es la renuncia del presidente”. El dirigente enfrenta actualmente una orden de aprehensión por presuntos delitos de terrorismo, una medida que ha generado nuevas críticas desde organizaciones sindicales.
Los cuestionamientos también apuntan a la orientación económica del Gobierno. Sectores opositores y organizaciones sociales acusan a Paz de haber incumplido promesas de campaña, entre ellas su rechazo a acudir al FMI y su compromiso de mantener subsidios a los combustibles. Asimismo, critican la eliminación de diversos impuestos que gravaban a grandes fortunas, transacciones financieras y actividades empresariales.
El Ejecutivo, por su parte, sostiene que las reformas buscan atraer inversiones y estabilizar una economía afectada por la escasez de recursos y los desequilibrios fiscales. Sin embargo, las medidas han sido interpretadas por amplios sectores sociales como un giro hacia políticas de corte neoliberal.
En los últimos días, el anuncio de operativos para despejar rutas bloqueadas elevó aún más la tensión. Lejos de disminuir, las protestas se expandieron y sumaron nuevos puntos de bloqueo. Entre los sectores movilizados figuran trabajadores mineros, docentes, juntas vecinales, organizaciones campesinas, gremiales y transportistas.
Mientras el conflicto continúa escalando, Bolivia enfrenta una de las mayores crisis políticas de los últimos años. La capacidad del Gobierno para contener el descontento social y encontrar canales de diálogo aparece como uno de los principales desafíos para evitar una profundización de la confrontación en las próximas semanas.
