El Gobierno recurre al FMI, Banco Mundial y la CAF para cubrir pagos inmediatos por más de USD 4.000 millones, mientras crece la preocupación por el fuerte endeudamiento sin impacto visible en obras, salud, educación o contención social.
El ministro de Economía, Luis Caputo, consiguió un nuevo desembolso de USD 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional y avanzó en gestiones para sumar otros USD 2.000 millones del Banco Mundial, a los que podrían agregarse USD 1.000 millones de la CAF. La estrategia apunta a reforzar las arcas del Tesoro en un contexto crítico, marcado por vencimientos inminentes de deuda y escasez de reservas.
El objetivo inmediato es claro: cubrir los compromisos del próximo 9 de julio, cuando el país deberá afrontar pagos por más de USD 4.000 millones entre capital e intereses de bonos Bonares y Globales, reestructurados durante la gestión de Martín Guzmán. La señal hacia los mercados es contundente: Argentina pagará, incluso sin contar con reservas suficientes.
Sin embargo, el esquema evidencia una dinámica cada vez más cuestionada: tomar nueva deuda para cancelar obligaciones previas. Solo en relación al FMI, la deuda argentina creció en 2025 unos USD 15.000 millones, alcanzando al 11 de abril de 2026 los USD 57.250 millones, un incremento del 36% en apenas un año.
Según publicó la periodista Luciana Glezer en La Política Online, en el mercado también circula la versión de que el Gobierno podría utilizar estos fondos como garantía para acceder a financiamiento adicional de bancos de Wall Street por entre USD 8.000 y USD 10.000 millones, una hipótesis que el propio Caputo negó, aunque sin disipar del todo las dudas.
El trasfondo financiero quedó expuesto por el propio Banco Central, que admitió que los dólares que adquiere terminan siendo transferidos al Tesoro para afrontar pagos externos. En la práctica, se trata de un circuito cerrado que impide la acumulación genuina de reservas.
A esto se suma el escepticismo en torno al anunciado swap de USD 20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos, que, según fuentes citadas por LPO, nunca pasó de ser un anuncio sin respaldo efectivo. Intentos previos de financiamiento privado también fracasaron, incluso con bancos como JP Morgan, ante la falta de garantías.
En este contexto, crece una duda de fondo que atraviesa tanto al mercado como a distintos sectores de la sociedad: el acelerado endeudamiento desde el inicio del gobierno de Javier Milei no muestra correlato en inversión pública, infraestructura, salud, educación ni políticas de contención social. Los recursos obtenidos se destinan casi exclusivamente a sostener el frente financiero y cumplir con acreedores.
El calendario a mediano plazo refuerza la preocupación. En 2027, Argentina deberá enfrentar vencimientos por unos USD 33.100 millones, incluyendo compromisos con organismos internacionales, bonos en dólares y deuda con privados. Sin acceso sostenido al crédito voluntario, ese escenario aparece como uno de los principales desafíos de la actual estrategia económica.
