A doce meses de haber sido separada de su cargo, la docente Bibiana Sepúlveda denunció la falta de resolución por parte de las autoridades educativas. Asegura que presentó pruebas, amplió su declaración y ofreció testigos que nunca fueron convocados. El caso reabre interrogantes sobre las verdaderas razones de una medida que afectó a una directora respaldada por gran parte de la comunidad educativa y reconocida por sus constantes reclamos para mejorar las condiciones de funcionamiento de la escuela agrotécnica.
A un año de su apartamiento como directora titular del Centro de Educación Técnica N.º 29 de Luis Beltrán, la docente Bibiana Sepúlveda volvió a cuestionar públicamente al Consejo Provincial de Educación y al Ministerio de Educación de Río Negro por la falta de definiciones sobre su situación administrativa.
La docente, que accedió al cargo mediante concurso, denunció que después de doce meses las autoridades no han emitido una resolución, no respondieron a los argumentos presentados en su descargo y tampoco convocaron a los testigos ofrecidos para respaldar su versión de los hechos.
La situación genera cada vez más interrogantes dentro de la comunidad educativa, especialmente porque durante este período no hubo avances conocidos en la investigación y porque el procedimiento parece haberse estancado pese a que la propia docente cumplió con todas las instancias requeridas.
A través de una publicación difundida este lunes en sus redes sociales, Sepúlveda expresó su malestar bajo el título “Un año de silencio es injusticia”.
“El 23 de mayo se cumplió un año desde que fui separada de mi cargo como directora titular por concurso en el CET N.º 29 de Luis Beltrán. Un año. Sin resolución. Sin respuestas. Sin avances concretos”, manifestó.
Según detalló, recién fue convocada a declarar el 5 de diciembre de 2025, más de seis meses después de haber sido apartada de sus funciones. Además, señaló que amplió posteriormente su testimonio, presentó documentación y ofreció testigos que hasta la fecha nunca fueron citados por las autoridades responsables de llevar adelante el proceso.
“Cumpí con cada requerimiento y continué trabajando todos los días en la ESRN N.º 7, donde fui reubicada hasta tanto se resuelva mi situación. Desde entonces, solo hubo silencio. Y esto ya no es un proceso: es una dilación injustificada”, sostuvo.
La docente remarcó que la falta de definiciones no sólo afecta su presente laboral sino también su trayectoria profesional.
“Mientras tanto, mi nombre, mi trayectoria y mi carrera continúan bajo sospecha, sin que exista una definición. Y eso también es una forma de daño”, expresó.
Reclamos históricos que incomodaban
Uno de los aspectos que más llama la atención en torno al caso es el contexto institucional en el que se produjo el apartamiento.
Durante años, quienes antecedieron a Sepúlveda y también ella misma, fuerons voces activas en la denuncia de las deficiencias estructurales que atravesaba el CET 29, una escuela agrotécnica que funciona en una chacra y que históricamente enfrentó numerosos problemas operativos y de infraestructura.
Entre las situaciones denunciadas se encontraban la falta de gas durante el invierno, la preocupación por la calidad del agua y la posible presencia de arsénico, la aparición de ratas y murciélagos en sectores de uso escolar, los reiterados robos en la chacra y la ausencia permanente de un sereno para custodiar las instalaciones durante fines de semana y feriados.
Estas falencias no sólo afectaban las condiciones laborales de docentes y auxiliares, sino también el desarrollo de las actividades pedagógicas y productivas propias de una escuela agrotécnica.
La falta de vigilancia provocó en distintas oportunidades pérdidas materiales y económicas, además de perjuicios para los talleres productivos y para los trabajos prácticos que debían realizar los estudiantes. También generó malestar entre numerosas familias que colaboraban con recursos y acompañaban las actividades de la institución.
Precisamente, en su reciente publicación, Sepúlveda se preguntó si esos reclamos permanentes pudieron haber influido en la situación que hoy atraviesa.
“¿Fallé por reclamar gas para la chacra cuando nuestros estudiantes pasaban frío en invierno? ¿Fallé por exigir agua potable cuando existía preocupación por el contenido de arsénico? ¿Fallé por denunciar las ratas y los murciélagos en el comedor escolar?”, escribió.
Y agregó:
“Si defender condiciones dignas para los estudiantes, para los trabajadores y para toda la comunidad educativa del CET 29 fue un error, entonces sí: fallé. Y aun así, volvería a hacerlo. Volvería a reclamar. Volvería a denunciar. Volvería a defender a mi escuela”.
El origen de la medida
Al momento de producirse el apartamiento, una de las explicaciones esgrimidas para justificar la medida administrativa estuvo vinculada a la utilización de determinados fondos institucionales.
Sin embargo, Sepúlveda sostuvo desde el primer momento que esos recursos fueron destinados a cubrir necesidades urgentes y concretas de la escuela, especialmente aquellas relacionadas con el cuidado de los animales, la continuidad de los talleres productivos y el sostenimiento cotidiano del proyecto educativo.
La docente siempre negó haber obtenido beneficios personales o haber actuado con intención de perjudicar a la administración pública.
“No hubo beneficio personal ni mala intención. Hubo decisiones tomadas en función de la escuela, de sus necesidades reales y del bienestar de los estudiantes”, reiteró esta semana.
Su postura se mantuvo inalterable desde el inicio del conflicto: las decisiones cuestionadas habrían sido adoptadas para garantizar el funcionamiento de una institución que enfrentaba necesidades urgentes y permanentes.
Un respaldo inusual de la comunidad educativa
Pocos días después de conocerse el apartamiento, más de cincuenta trabajadores y trabajadoras del establecimiento hicieron público un documento de respaldo a la directora.
La carta, firmada con nombre, apellido y DNI por docentes y personal no docente, constituyó una de las expresiones de apoyo más contundentes registradas en la región ante una situación de este tipo.
En el escrito destacaron que Sepúlveda asumió la titularidad de la dirección a comienzos de 2020, en plena pandemia, y resaltaron su desempeño durante esos años.
“Desde ese entonces, la Directora Sepúlveda ha mantenido su estilo de trabajo honrado, destacándose por ser una profesional respetuosa, empática, trabajadora, responsable y ética. Siempre ha estado al servicio del personal docente y no docente, de los estudiantes y de las familias”, afirmaron.
Los trabajadores también pusieron especial énfasis en la particularidad de una escuela agraria, donde la producción y el cuidado de los animales requieren atención permanente.
“Al trabajar en una escuela agraria, con talleres productivos de vida permanente, hemos sido testigos de su constante preocupación por el bienestar de los animales, por la calidad de la producción, por los materiales necesarios para el desenvolvimiento de los talleres, por la seguridad de estudiantes y docentes, resolviendo y organizando situaciones aún fuera de su horario laboral o en vacaciones”, señalaron.
Además, calificaron el apartamiento como “una evidente injusticia” y advirtieron que el caso constituía un precedente preocupante tanto para el ámbito educativo como para el laboral y psicológico.
En el tramo final del documento reclamaron la restitución inmediata de la directora y reivindicaron valores como el respeto, el diálogo, la escucha y el trabajo honrado.
Un expediente sin definición
Transcurrido un año desde el apartamiento, el expediente continúa sin una resolución pública conocida.
La ausencia de definiciones, sumada a la falta de convocatoria a los testigos ofrecidos por la docente y al fuerte respaldo que recibió por parte de la comunidad educativa, alimenta las dudas sobre el desarrollo del procedimiento administrativo.
Mientras tanto, Sepúlveda continúa desempeñándose en la ESRN N.º 7, a la espera de una decisión oficial que determine su situación.
“Las instituciones no solo deben investigar; también tienen la obligación de resolver en tiempos razonables”, sostuvo en su publicación.
Y concluyó con un reclamo directo hacia las autoridades educativas provinciales:
“Hoy no pido. Exijo lo que corresponde: una definición. Porque cuando el Estado no responde, también vulnera derechos”.
Doce meses después de aquella decisión que la apartó de la conducción del CET 29, la causa sigue sin una resolución definitiva, mientras persisten los interrogantes sobre las razones de fondo que motivaron una medida que aún hoy divide opiniones y mantiene abierta una controversia que trasciende a una persona para involucrar el funcionamiento mismo de las instituciones educativas y los mecanismos de control del Estado.
