Tras 97 días de acampe y sin respuestas del Gobierno provincial, efectivos denuncian la retención ilegal de sus salarios y persecución política. Hicieron “exclusiva responsabilidad” de sus vidas a las máximas autoridades provinciales.
POSADAS, Misiones. En un contexto de extrema tensión, angustia y desesperación, un grupo de policías de la provincia de Misiones anunció este lunes el inicio de una “huelga de hambre sólida” y confirmó que en las próximas horas se encadenarán en las inmediaciones de la Casa de Gobierno. La drástica decisión surge tras 97 días de medidas de fuerza sin obtener respuestas por parte de las autoridades provinciales respecto a su situación laboral, salarial y judicial.
La noticia fue confirmada a través de una entrevista radial por Adolfo Guirula, uno de los efectivos afectados, quien estará acompañado en la huelga de hambre por los sargentos Primero Marín y Sarsa. El grupo mantiene un acampe frente a las instituciones gubernamentales y planea exponerse públicamente con fotos y documentación para visibilizar su reclamo, contando con Diego como vocero del grupo.
“Hoy ya son 97 días sin ninguna respuesta de parte del gobierno. Si no tenemos respuesta, nos vamos a declarar en huelga de hambre sólida, porque es una falta de respeto”, expresó Adolfo, visiblemente conmovido por el impacto que el conflicto está teniendo en su familia y en la de sus compañeros. “Nuestras familias se están abaseando en nuestros domicilios, están pasando mal, están pasando hambre”, denunció.
El limbo legal y los “sueldos retenidos”
El conflicto se remonta al año 2024, cuando los efectivos fueron detenidos en un penal de máxima seguridad por reclamar salarios dignos, sumándose a las protestas de docentes y trabajadores de la salud. Según denuncian, actualmente se encuentran en un limbo legal que los asfixia económicamente: mantienen su estado policial, lo que legalmente les impide conseguir otros empleos, pero sus salarios son generados y retenidos en la parte administrativa de la Jefatura de Policía.
“Tenemos pruebas de que seguimos siendo vivos en la policía de Misiones y que nuestros sueldos salen y quedan en la parte administrativa. No podemos conseguir otro trabajo porque seguimos siendo policías. No pedimos mucho, pedimos nuestra reintegración a nuestro trabajo y nuestros sueldos caídos”, reclamó el sargento.
Apuntan a la cúpula política y judicial
En un duro mensaje dirigido a la sociedad y a la prensa, los policías emitieron un descargo donde hacen “exclusiva responsabilidad de lo que nos pueda llegar a pasar, tanto física como psicológicamente” a una lista de los funcionarios más poderosos de la provincia:
- Hugo Passalacqua, Gobernador de Misiones.
- Lucas Romero Spinelli, Vicegobernador.
- Gral. Sandro Alberto Martínez, Jefe de Policía.
- Gral. López Asensio, Subjefe de Policía.
- Fernando Luís Berón, Juez del Juzgado Nº 3.
- Carlos Rovira, líder político de la provincia y conductor del espacio oficialista.
Adolfo apuntó directamente contra la retórica del gobierno provincial: “El gobernador sale a hablar por los medios diciendo que es una provincia que escucha al pueblo. Quiero hacerle llegar que voy a tratar de hacer esta huelga de hambre para que él escuche nuestras inquietudes y lo que su propio gobierno nos hizo”. Asimismo, acusó a Carlos Rovira de orquestar una persecución política por haber reclamado derechos laborales básicos, contradiciendo el discurso oficial de “democracia y no persecución al que opina diferente”.
El costo emocional
La medida extrema, que pone en riesgo la salud de los efectivos, fue descripta como el último recurso ante la falta de diálogo. Adolfo pidió disculpas públicas a su familia por la decisión, tomada tras ver el deterioro emocional de sus hijos tras un mes sin verlos. “Esto nos costó y queremos seguir siendo policías. A ellos parece que les duele porque nos quieren dar vuelta atrás, pero eso no es cierto”, sostuvo.
Mientras los efectivos ultiman los detalles de la presentación formal de las notas y preparan el encadenamiento frente a la Casa de Gobierno, la sociedad misionera observa con preocupación el avance de un conflicto que amenaza con profundizarse en las próximas horas si el Ejecutivo provincial no interviene para abrir una mesa de diálogo.
