La comisión de Educación de la Legislatura de Río Negro dictaminó favorablemente iniciativas para declarar monumento histórico al edificio del ex COMSAL de San Antonio y para incorporar la Marcha de las Malvinas en los actos oficiales. La reunión estuvo atravesada por los reclamos del gremio docente UNTER, que denunció cierres de escuelas rurales y exigió respuestas del Gobierno provincial.
La Comisión de Educación de la Legislatura de Río Negro avanzó este lunes con el tratamiento de distintos proyectos vinculados al patrimonio histórico y la identidad provincial, al tiempo que recibió fuertes planteos del gremio docente UNTER sobre la situación de las escuelas rurales.
Entre los expedientes aprobados se destacó la iniciativa presentada por el legislador Luis Noale (JSRN) para declarar monumento histórico al edificio donde funcionó la cooperativa COMSAL, en San Antonio Oeste. El proyecto obtuvo el respaldo mayoritario de los integrantes de la comisión.
Durante el debate, la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) sostuvo que la propuesta “reivindica la política de los ferrocarriles para los habitantes de esta provincia”, mientras que Ofelia Stupenengo (PRO) acompañó la iniciativa al considerar que contribuye a “enriquecer la historia de nuestra provincia”. Además, pidió que se realicen tareas de conservación sobre distintos monumentos históricos porque algunos, señaló, “están necesitando un poquito de amor”.
En la misma reunión, la comisión aprobó por unanimidad el proyecto impulsado por Daniel Belloso (PJ-Nuevo Encuentro), que establece la obligatoriedad de entonar la Marcha de las Malvinas inmediatamente después del Himno Nacional Argentino y del himno provincial en todos los actos cívicos y cívico-militares realizados en Río Negro.
Reclamos por las escuelas rurales
La jornada estuvo marcada por la presencia de representantes de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), quienes respaldaron el proyecto presentado por Odarda para prohibir el cierre definitivo o transitorio de escuelas hogares y residencias rurales en localidades de hasta 2.000 habitantes.
La legisladora solicitó el tratamiento de la iniciativa y remarcó la necesidad de reabrir los establecimientos que ya fueron cerrados. Como ejemplo mencionó el caso de la escuela de Cerro Alto, cuya comunidad educativa obtuvo un fallo judicial favorable para su reapertura. También reclamó la reincorporación de docentes y auxiliares afectados por las clausuras o por modificaciones en sus condiciones laborales.
Desde UNTER expresaron una fuerte crítica hacia las políticas educativas provinciales. Laura Ortiz, secretaria general del sindicato, denunció un “avance sistemático” sobre las escuelas rurales y rechazó la caracterización oficial de los cierres como medidas temporales.
“Exigimos a los bloques legislativos que tomen una postura clara frente a la pérdida de cargos y cierres de escuelas”, afirmó, al sostener que la clausura de estos establecimientos perjudica gravemente a las comunidades rurales.
Durante la exposición, representantes gremiales relataron el caso de la Escuela 152 de Cerro Alto, que fue cerrada provisoriamente bajo el argumento de problemas de abastecimiento de agua. Según denunciaron, la comunidad constató que esa situación no existía y, tras obtener un recurso de amparo favorable, descubrieron que el edificio estaba siendo utilizado por empresas privadas.
También intervino un maestro rural vinculado a UNTER y a la CTA, quien afirmó haber perdido su trabajo en dos oportunidades como consecuencia del cierre de la escuela hogar de Sierra Pailemán y de la residencia estudiantil de Nahuel Niyeu. Según sostuvo, el Ministerio de Educación utiliza la baja matrícula como argumento para ejecutar “cierres encubiertos” y aplicar ajustes sobre el personal docente.
Otra representante sindical defendió la permanencia de estos establecimientos al considerarlos una herramienta histórica para garantizar derechos e igualdad de oportunidades. Advirtió además sobre cambios en los criterios de inscripción que, a su entender, contribuyen al vaciamiento de las escuelas rurales y privan a estudiantes en situación de vulnerabilidad de espacios esenciales de contención.
Exigencias al Gobierno
En un comunicado difundido tras la reunión, UNTER informó que integrantes de su conducción provincial y vocales gremiales se presentaron en Viedma para solicitar una audiencia urgente con la ministra de Educación y con el gobernador.
Además, reclamaron la convocatoria a paritarias en la Secretaría de Trabajo y señalaron que sus demandas serán trasladadas a la próxima sesión del Consejo Provincial de Educación (CPE), prevista para el 3 de junio.
El sindicato también manifestó su preocupación por iniciativas legislativas vinculadas a la modificación del puntaje docente y la denominada “ley de arraigo”, al considerar que se impulsan sin la participación de la docencia. Finalmente, exigió a los distintos bloques políticos que expresen su posición frente a la situación que atraviesa la educación pública rionegrina.
Con información de “Quorum” y de UnTER
