Un informe del Indec revela que, pese al crecimiento económico del último año, empeoraron el acceso a servicios básicos, la cobertura de salud y las condiciones habitacionales. Aumenta la informalidad y se profundiza el deterioro entre trabajadores y sectores vulnerables.
El crecimiento económico registrado el año pasado no se tradujo en una mejora generalizada de las condiciones de vida. Por el contrario, según el último informe de Indicadores de las Condiciones de Vida del Indec, el avance estadístico de la actividad tuvo un impacto concentrado, mientras que amplios sectores de la población —especialmente trabajadores y jubilados— enfrentaron un deterioro sostenido en aspectos estructurales.
Uno de los datos más elocuentes es la caída en el acceso a servicios básicos. Al segundo semestre de 2025, solo el 52,7% de los hogares contaba con agua corriente, gas de red y cloacas, por debajo del 54,3% registrado un año antes. En términos absolutos, 4,8 millones de hogares no acceden a al menos uno de estos servicios, frente a los 4,6 millones de 2024.
La situación sanitaria también muestra retrocesos. Más de 9,1 millones de personas carecen de red cloacal en sus viviendas, con un incremento de 110.000 afectados respecto de 2023. A esto se suma el aumento de hogares en entornos críticos: 546.000 viviendas se encuentran cerca de basurales —64.000 más que dos años atrás—, afectando a 1,8 millones de personas. En paralelo, los hogares ubicados en zonas inundables crecieron de 679.000 a 836.000, alcanzando a 2,8 millones de habitantes.
El deterioro también se refleja en el mercado laboral. La informalidad alcanzó el 43% de los trabajadores al cierre de 2025, un nivel que impacta directamente en el acceso a derechos básicos. En este contexto, cayó la cobertura de salud privada o de obra social: el 65,4% de la población cuenta con algún tipo de cobertura, frente al 67,1% del año anterior. En términos concretos, 534.000 personas perdieron ese acceso y pasaron a depender exclusivamente del sistema público, que ya cubre a más de 10,2 millones.
La situación es aún más crítica entre los menores de edad: el 45% de niños, niñas y adolescentes depende únicamente del sistema público de salud. En adultos, la proporción también es significativa, con diferencias leves entre mujeres (33,6%) y varones (35%).
Entre los sectores bajo la línea de pobreza, las condiciones materiales también empeoraron. El 14,5% habita viviendas con materiales de calidad insuficiente, frente al 12,6% del año anterior. Asimismo, el acceso simultáneo a agua, gas y cloacas dentro de este grupo se redujo del 32,1% al 28,2%.
El conjunto de los indicadores traza un escenario en el que el crecimiento económico convive con un retroceso en variables clave del bienestar, consolidando una estructura social más desigual y con mayores déficits en infraestructura y acceso a derechos básicos.
