A través del DNU 407, el Ejecutivo reglamentó aspectos centrales de la Ley de Modernización Laboral y ordenó iniciar en 30 días la revisión de convenios colectivos vencidos. La medida alcanza a unas 150 ramas de actividad y otorga a la Secretaría de Trabajo la posibilidad de suspender homologaciones si considera que los acuerdos afectan el interés general.
El Gobierno nacional reglamentó parte de la Ley de Modernización Laboral (27.802) mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 407, una medida que obliga a revisar los convenios colectivos de trabajo vencidos y que podría alcanzar a unas 150 ramas de actividad en todo el país.
Según publica el periodista Alfonso de Villalobos en el diario digital “Tiempo Argentino”, la norma instruye a la Secretaría de Trabajo a iniciar, en un plazo máximo de 30 días, el procedimiento de convocatoria previsto en la ley para que sindicatos y empleadores renegocien los convenios colectivos que hayan perdido vigencia. En aquellos casos donde no exista una fecha expresa de vencimiento, el organismo podrá tomar como referencia el 31 de diciembre de 2026.
La disposición implica un cambio sustancial en el sistema de relaciones laborales, ya que limita el principio de ultraactividad que regía hasta ahora. Bajo ese esquema, los convenios colectivos continuaban vigentes hasta que las partes acordaran una nueva versión, independientemente de la fecha de vencimiento.
Según establece la reglamentación, la ultraactividad dejará de aplicarse a las denominadas cláusulas obligacionales, vinculadas a compromisos económicos entre las partes, como los aportes o contribuciones patronales a las organizaciones sindicales. En cambio, las cláusulas normativas, relacionadas con condiciones de trabajo y salarios, mantendrán su vigencia.
Otro de los puntos que genera controversia es la facultad otorgada a la Secretaría de Trabajo para suspender la homologación de convenios cuando considere que los acuerdos alcanzados entre sindicatos y empleadores pueden provocar “distorsiones económicas graves” o afectar el interés general y otras normas de protección social.
Desde el Gobierno señalaron que la intención es avanzar de manera gradual y crear un ámbito de negociación que permita “adecuar los convenios a nuevas condiciones productivas, tecnológicas y laborales”.
La medida impactará sobre gremios de peso dentro de la estructura sindical argentina, entre ellos la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), conducida por Armando Cavalieri; la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), liderada por José Luis Barrionuevo; y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), actualmente intervenida por la Justicia.
Las críticas no tardaron en aparecer. El presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte, advirtió que el Ejecutivo “apretó el acelerador a fondo” al fijar un plazo de apenas 30 días para iniciar las negociaciones.
El especialista cuestionó además la facultad de la Secretaría de Trabajo para bloquear homologaciones. Según explicó, aunque las partes están obligadas a sentarse a negociar y no necesariamente a alcanzar acuerdos, la posibilidad de suspender un convenio completo por desacuerdos puntuales podría ejercer una fuerte presión sobre los sindicatos para aceptar modificaciones.
La decisión del Ejecutivo se produce mientras la conducción de la CGT participa del 114° Congreso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza. En ese contexto, distintos sectores del movimiento obrero evalúan el alcance de una medida que abre una nueva etapa en la implementación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.
