Mientras la Provincia asegura haber alcanzado a casi 7.000 agentes activos, retirados y pensionados con la reparación por zona desfavorable, referentes del Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario sostienen que el Estado debe abonar íntegramente las sentencias judiciales, con intereses y actualizaciones.
El Gobierno de Río Negro informó que ya alcanzó a 6.976 agentes activos, retirados y pensionados con la reparación extraordinaria por las liquidaciones del adicional de zona desfavorable, una política que, según datos oficiales, demandó una inversión superior a los 27.000 millones de pesos.
A través de un comunicado difundido por el portal oficial de la Provincia, se detalló que el beneficio llegó a 3.416 policías activos que adhirieron voluntariamente al acuerdo de pago impulsado en el marco de la Ley 5715. En ese segmento, el Estado provincial desembolsó hasta el momento 14.886 millones de pesos.
Además, el Ejecutivo recordó que en septiembre de 2025 el gobernador Alberto Weretilneck decidió extender el reconocimiento a policías retirados y pensionados, alcanzando a 3.560 beneficiarios con pagos por 12.976 millones de pesos.
Según la información oficial, los pagos se organizaron en distintos esquemas de cuotas de acuerdo con la edad de los beneficiarios. Las personas mayores de 80 años cobraron en una sola cuota, mientras que para el resto se establecieron planes de 3, 6, 9, 12 y hasta 18 cuotas.
Desde el Gobierno provincial sostienen que la medida representa el cumplimiento de un compromiso asumido y una política de reparación basada en la previsibilidad y el reconocimiento a quienes integraron la fuerza policial rionegrina.
Sin embargo, la visión de los sectores que impulsaron los reclamos judiciales es diferente.
Desde el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario manifestaron públicamente que continuarán exigiendo el pago total de las sentencias obtenidas por los agentes, al considerar que los acuerdos propuestos por la Provincia no reflejan plenamente lo establecido por la Justicia.
En una publicación difundida en redes sociales, la entidad señaló que, tras consultas con sus asesores legales, entiende que el Estado provincial debe cumplir “íntegramente con las sentencias judiciales y abonar la totalidad de lo adeudado, con los intereses y actualizaciones que correspondan”.
“Quienes ganaron estos juicios no están reclamando privilegios. Están exigiendo el cumplimiento de un derecho reconocido por la Justicia”, expresaron desde la organización.
Asimismo, advirtieron que, en caso de que el Gobierno intente imponer condiciones que impliquen resignar parte de los montos reconocidos judicialmente, existen herramientas legales para exigir el cumplimiento total de los fallos, incluyendo medidas cautelares y embargos sobre fondos provinciales.
El planteo fue reforzado por una abogada que representa a varios agentes de la fuerza, quien aseguró haber obtenido resultados favorables en procesos de ejecución de sentencia. Según explicó, lleva adelante una veintena de causas iniciadas en 2023 y que durante este año logró que la Justicia habilitara medidas de ejecución y embargos sobre cuentas provinciales.
“Se fue cobrando capital, intereses y demás conceptos del dinero que los jueces ordenaron embargar”, afirmó la letrada en el mismo intercambio publicado en redes sociales.
De esta manera, mientras el Gobierno provincial presenta la reparación por zona desfavorable como una política de cumplimiento y reconocimiento hacia el personal policial, sectores de los beneficiarios sostienen que aún resta garantizar el pago completo de los montos determinados por la Justicia, manteniendo abierto un conflicto que sigue generando debate dentro de la fuerza.
