No fue un error de cálculo ni un simple “rediseño de prioridades presupuestarias”, como intentan vender desde el Ministerio de Salud. Fue un bisturazo certero y premeditado contra el sistema de salud público argentino. Con la Resolución 1447/2026, el Gobierno nacional oficializó el desmantelamiento del programa Remediar: de un botiquín que hace tres años incluía más de un centenar de medicamentos esenciales, hoy solo quedan seis. Y no es casualidad que los seis sean para el corazón (aspirina, dos estatinas y tres para la presión). El mensaje es claro y brutal: si te duele el pecho, el Estado te cubre; si tenés asma, diabetes, una infección o problemas de tiroides, el riesgo de enfermar se paga con tu propio salario.
La historia del propio programa desarma la coartada oficial. según la publicación del diario “Tiempo Argentino” que lleva la firma de María Fernanda de la Quintana, el Remediar nació en 2002, con la convertibilidad en ruinas, el país en default y más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza. En aquel entonces, un Estado quebrado encontró la forma de llevar medicamentos gratuitos a miles de salitas. Veinticuatro años después, un gobierno que se escuda en un ficticio superávit fiscal reduce la caja a seis drogas para un solo órgano. El criterio no es la eficiencia económica; es la ingeniería social.
Desde octubre, quien llega a una salita con una infección depende de la caridad de su provincia. Si el distrito no tiene fondos —y no los tiene, porque la Nación recortó un 27 por ciento en valores nominales el presupuesto de fortalecimiento provincial para 2027—, el paciente sale con una receta para la farmacia. La amoxicilina, la metformina, el salbutamol, la levotiroxina y los anticonceptivos quedaron fuera de la órbita nacional. El “federalismo” de este gobierno es una trampa: la Nación se queda con los fondos, transfiere la obligación a las provincias sin consultarlas en el Consejo Federal de Salud, y les endilga el costo político. Mientras Buenos Aires puede fabricar metformina en su laboratorio público Tomás Perón, provincias como el Chaco vieron caer las entregas en más de un 70 por ciento. El derecho a la salud ahora depende del código postal.
El resultado de este saqueo ya se mide en camas de hospital. Como advirtió el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, las internaciones por diabetes complicada aumentaron un 300 por ciento. El “ahorro” del Estado es una falacia contable: la pastilla que se deja de entregar en el barrio vuelve como una internación de urgencia, infinitamente más cara. El PAMI, por su parte, dejó a uno de cada cuatro afiliados sin sus remedios.
Pero detrás de este desastre sanitario hay un proyecto de país que excede la caja. Durante décadas, el sistema público socializó el riesgo de enfermar. Hoy, el mercado lo impone como una empresa individual. Las cuotas de las prepagas subieron un 417 por ciento desde diciembre de 2023 (frente a una inflación del 293 por ciento), expulsando a 742.000 personas que hoy hacen fila en los hospitales públicos, justo cuando los hospitales se quedan sin insumos. La industria farmacéutica factura récords vendiendo menos unidades, mientras el Estado desregula precios. No es un misterio: un informe reservado del propio Ministerio de Desregulación admitió que la metformina y la levotiroxina cuestan en Argentina casi cinco y seis veces más que la mediana internacional. La respuesta del Gobierno no fue regular, sino sacarlas del botiquín gratuito.
Esta lógica tiene un impacto directo en el mundo del trabajo. El recorte sanitario funciona como una reforma laboral encubierta. Al trabajador formal lo ata a su empleo por miedo a perder la obra social, aceptando salarios de hambre y jornadas extenuantes. Al trabajador informal, lo empuja a aceptar cualquier changa para poder comprar un remedio que el mercado cobra a precio de remate internacional. Es el disciplinamiento social a través de la vulnerabilidad biológica. Y tiene rostro de mujer: al eliminar los anticonceptivos gratuitos, el Gobierno incumple la Ley de Salud Sexual y ahorra sobre el cuerpo de las mujeres más pobres, mientras la carga del cuidado de los enfermos crónicos recae, una vez más, sobre el trabajo no remunerado de las mujeres en los hogares.
La hipocresía del modelo alcanza niveles grotescos. El 27 de octubre, un juez federal tuvo que embargar las cuentas del Ministerio de Salud para que pagara los insumos que le adeudaba al Cottolengo Don Orione de Claypole, la institución que el próximo 9 de noviembre recibirá la visita del papa León XIV. El Estado que se jacta de su austeridad es el mismo que, en marzo de 2026, decidió seguir los pasos de Donald Trump y abandonar la Organización Mundial de la Salud. Menos Estado entre el enfermo y el mercado, adentro y afuera.
El ministro Mario Lugones, proveniente de la cúpula de los prestadores privados de salud, conduce una política que garantiza el negocio y desregula el derecho. Ramón Carrillo, el genial ministro de Perón, escribió que frente a la miseria, los microbios son “pobres causas” de enfermedad. La Resolución 1447 lee la historia al revés: retira el antibiótico de la salita y deja intacta la miseria.
El hospital público y la salita del barrio incomodan porque son los últimos reductos donde no se pregunta el saldo de la cuenta bancaria antes de atender. Son la prueba viviente de que la vida colectiva puede organizarse desde la necesidad y no desde la rentabilidad. Por eso el desmantelamiento del Remediar no es solo un ajuste económico; es una operación cultural para que la sociedad deje de creer que la salud es un derecho. El riesgo de enfermar ha vuelto a donde estaba antes de Carrillo: a la soledad del bolsillo de cada familia y a la suerte de cada cuerpo.
