La indiferencia se ha convertido en la principal política de Estado en Misiones. Mientras la maquinaria electoral afila sus discursos y promete un futuro de progreso, la realidad en las calles de la provincia desnuda un presente marcado por el abandono institucional, la sordera oficial y el atropello a los derechos más elementales. Dos hechos recientes, que parecen aislados pero que responden a la misma lógica de poder, han encendido la mecha de la indignación generalizada: los 115 días de un reclamo policial ignorado frente a la Casa de Gobierno y el violento desalojo a la comunidad Mbya Guaraní de Puente Quemado.
115 días de campamento y silencio oficial
A escasos metros de los despachos de poder, seis efectivos policiales llevan más de tres meses acampados. No piden privilegios; exigen que el Estado provincial repare el daño que él mismo les causó: la recuperación de sus puestos de trabajo y el reconocimiento de sus derechos laborales. Sin embargo, la respuesta del gobernador Hugo Passalacqua ha sido la más ensordecedora de las respuestas: el silencio y la evasión.
La memoria colectiva de los misioneros, lamentablemente, sabe leer estas señales. El fantasma de la represión y la persecución vuelve a rondar la provincia. Los antecedentes pesan y recuerdan a docentes condenados por exigir salarios dignos, a policías detenidos y sometidos a torturas por reclamar condiciones justas, y a civiles con causas armadas artesanalmente solo por alzar la voz.
Hoy, en plena campaña electoral, las rutas se llenan de actas y los municipios de promesas. Pero la hipocresía de la fachada choca contra la vereda de la Casa de Gobierno. “Hacen actos y recorridos como si no hubiera nadie acampado hace más de tres meses. Es una falta de respeto total hacia personas que dieron su vida a la institución y que hoy piden solo lo que les corresponde”, denuncian los vecinos que a diario transitan por el lugar y que se han convertido en testigos de la vergüenza institucional. La pregunta que resuena en los bares y en las casas es inevitable: si el gobernador no tuvo la decencia de solucionar lo que su propio gobierno provocó, ¿qué puede esperar la provincia si es reelegido?
El atropello en Puente Quemado: cuando la orden vale más que la ley
Si la indiferencia hacia los policías muestra el desprecio del poder hacia sus propios trabajadores, lo ocurrido en las últimas horas en la localidad de Garuhapé confirma el rostro más violento y autoritario de la administración provincial.
En un operativo cuestionado de principio a fin, familias de la comunidad Mbya Guaraní de Puente Quemado fueron desalojadas de su territorio. Lejos de tratarse de una ocupación irregular, los afectados y los organismos de pueblos originarios han denunciado que la comunidad cuenta con documentación respaldatoria y reconocimiento legal sobre su permanencia. Más grave aún: existían recursos judiciales en trámite que, según la ley, deberían haber suspendido cualquier medida de fuerza.
Sin embargo, la ley pareció ser un estorbo para el Poder Ejecutivo. Integrantes de la comunidad aseguraron que las fuerzas actuantes se negaron a mostrar la orden completa y que el operativo se ejecutó con violencia desmedida, ignorando las instancias de apelación. Desde los círculos de derechos humanos señalan directamente al Ministerio de Gobierno, a cargo de Marcelo Pérez, como el brazo ejecutor de una instrucción que bajó directamente desde el despacho del gobernador Passalacqua.
Una sociedad que empieza a decir “basta”
Para los misioneros y misioneras, estos hechos no son anécdotas; son la confirmación de una tendencia alarmante. Se vulneran derechos fundamentales, se criminaliza la protesta y se atropella a los sectores más vulnerables bajo la premisa de que la palabra del gobierno pesa más que la Constitución. “¿Hasta cuándo vamos a soportar esto?”, se preguntan con bronca en las asambleas barriales y en las reuniones de las comunidades originarias. “No es solo un problema de unos pocos: es el futuro de toda la provincia y el respeto a la democracia”.
La sociedad misionera, harta de la soberbia oficial, empieza a responder con hechos. Acompaña los reclamos, difunde la realidad que los medios hegemónicos a veces ignoran y exige que la autoridad cumpla con su deber, sin privilegios ni órdenes al margen de la ley.
Frente a este panorama, las preguntas que recorren la provincia quedan flotando como un ultimátum para el poder político: ¿Es posible hablar de progreso y justicia cuando se ignora a policías que llevan más de cien días esperando una respuesta? ¿Y cuando se desaloja a comunidades originarias con títulos y derechos reconocidos? ¿Son estas las prácticas autoritarias las que queremos para los próximos años?
Misiones ya está respondiendo. Y la historia, esa que el poder intenta borrar con actos oficiales, recuerda que la indignación social siempre llega antes que el cambio.
