A través de una declaración pública, decenas de instituciones y personalidades de distintos sectores solicitaron al Consejo de la Magistratura de la Nación que modifique el reglamento de selección de magistrados. Proponen limitar a 20 puntos la incidencia de las entrevistas personales para evitar decisiones discrecionales y garantizar que prevalezca el orden de mérito de los concursos.
Una amplia coalición de organizaciones judiciales, entidades empresarias, instituciones de la sociedad civil y juristas reclamó cambios urgentes en el sistema de selección de jueces nacionales, al advertir que los mecanismos actuales permiten que las entrevistas personales alteren el resultado de los concursos y reduzcan el peso de los antecedentes y las evaluaciones de los postulantes.
El planteo quedó formalizado en una declaración pública difundida en noviembre de 2026, bajo el título “Cómo se eligen los jueces: concursos justos”, en la que los firmantes exigieron al Consejo de la Magistratura de la Nación que reforme el reglamento de selección para establecer un límite de 20 puntos a la incidencia de las entrevistas personales, en línea con una propuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El documento sostiene que la Constitución exige que los magistrados sean idóneos, independientes y eficaces, mientras que la legislación establece que el Consejo debe garantizar procedimientos públicos, transparentes y sujetos a controles. En particular, remarca que todos los aspirantes deben recibir el mismo tratamiento y que debe respetarse estrictamente el orden de mérito obtenido a partir de sus antecedentes y exámenes.
Sin embargo, los impulsores de la declaración advierten que esas garantías no siempre se cumplen. Según denuncian, se aplican criterios diferentes para determinar quiénes acceden a las entrevistas personales y, posteriormente, esa instancia puede quedar sujeta a valoraciones discrecionales que terminan desvirtuando los resultados del concurso.
El cuestionamiento apunta, fundamentalmente, al margen de discrecionalidad que existe en la etapa final de selección, donde una entrevista puede modificar el posicionamiento de los candidatos y restarle relevancia al desempeño demostrado durante las evaluaciones previas.
Frente a este escenario, los firmantes consideran que reducir la incidencia de esa instancia constituye un paso necesario para fortalecer la independencia judicial y evitar que la designación de magistrados quede condicionada por criterios ajenos al mérito.
Un respaldo multisectorial
La declaración reúne adhesiones de importantes instituciones del ámbito judicial, empresarial y de la sociedad civil.
Entre las organizaciones judiciales figuran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) y distintos colegios profesionales.
También acompañan el reclamo entidades empresarias como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), AmCham Argentina, la Sociedad Rural Argentina, IDEA y la Bolsa de Comercio de Rosario.
En el ámbito de la sociedad civil aparecen organizaciones como CIPPEC, Poder Ciudadano, Fundación Directorio Legislativo, Conciencia y la Red de Acción Política (RAP).
La iniciativa cuenta además con la adhesión de destacados juristas, entre ellos Alberto Bianchi, Roberto Gargarella, María Angélica Gelli, Antonio María Hernández, Daniel Sabsay y Juan Carlos Cassagne.
Entre los adherentes individuales también aparece la legisladora provincial rionegrina Lorena Matzen, junto a dirigentes políticos de distintos espacios, empresarios, académicos y referentes institucionales.
Independencia judicial y seguridad institucional
Más allá de la discusión reglamentaria, la declaración introduce una dimensión institucional y económica del problema. Sus impulsores sostienen que una Justicia independiente constituye una condición central para el funcionamiento de la República, pero también para generar previsibilidad, promover inversiones, impulsar el crecimiento y favorecer la creación de empleo.
El reclamo coloca nuevamente en discusión los mecanismos mediante los cuales se seleccionan quienes deben administrar justicia y la necesidad de que esos procedimientos cuenten con reglas claras, verificables y aplicadas de manera uniforme.
La exigencia concreta es que el Consejo de la Magistratura avance con urgencia en la modificación del reglamento y reduzca a un máximo de 20 puntos el peso de las entrevistas personales.
Bajo las consignas #MásMéritoMásJusticia y #JusticiaIndependiente, los firmantes buscan instalar un debate que excede la designación de determinados magistrados: quiénes eligen a los jueces, con qué criterios y qué controles existen para garantizar que las decisiones respondan al mérito y no a valoraciones discrecionales.
