Tras una serie de reuniones con el Gobierno provincial, el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario denunció presiones, condiciones impuestas y el cierre de las negociaciones. Decidieron levantar los acampes, pero anunciaron que continuarán con el reclamo por otras vías.
Luego de varios intentos de acercamiento entre el Gobierno de Río Negro y los referentes del acampe policial en Viedma, el conflicto atraviesa un momento de fuerte tensión tras la interrupción del diálogo y denuncias de presiones hacia efectivos retirados.
Según se informó, el primer contacto se produjo días atrás cuando el secretario general de Casa de Gobierno convocó a los representantes del reclamo a una reunión inicial. En ese encuentro se acordó continuar con las conversaciones sin exigir el levantamiento del acampe, lo que fue interpretado por los manifestantes como una señal de apertura y comprensión hacia la protesta impulsada por el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario.
Sin embargo, en una segunda reunión, el Gobierno planteó condiciones para avanzar en el diálogo: retirar carteles con consignas contra la gestión provincial y, especialmente, eliminar toda referencia a Rubén Muñoz, líder del Consejo que permanece detenido. Este pedido generó malestar entre los manifestantes y comenzó a deteriorar el clima de negociación, en medio de hechos como la remoción de cartelería en puntos estratégicos, entre ellos el puesto caminero de Choele Choel.
Aunque una nueva convocatoria generó expectativas de acuerdo, la reunión terminó profundizando el conflicto. El encuentro se realizó en la Secretaría de Seguridad, sin la presencia del secretario general, y con la participación de funcionarios vinculados al área, entre ellos Rubén Calvo —titular de la Unidad de Control Previsional— y un colaborador del ministro de Seguridad, Daniel Jara.
De acuerdo a distintas fuentes, la estrategia oficial habría incluido recorridas por unidades policiales de toda la provincia, donde se convocó exclusivamente a retirados. En esos encuentros, aseguran, se buscó desalentar su participación en las protestas mediante advertencias sobre posibles sanciones administrativas, incluso la aplicación de “sumarísimas”, procesos que podrían derivar en la exoneración y la pérdida de beneficios.
Uno de los casos que generó mayor repercusión fue el de una mujer policía retirada de 75 años que había participado del acampe en Viedma. Según denunciaron, habría sido sometida a este tipo de procedimiento, lo que —de confirmarse— implicaría dejarla sin ingresos ni cobertura social.
Las recorridas oficiales incluyeron localidades como Conesa, Choele Choel, Río Colorado, Villa Regina, General Roca, Cipolletti y San Carlos de Bariloche. En esta última ciudad, según trascendió, se habría comunicado a los efectivos que el aumento salarial ya estaba definido y que debían desistir de reclamos superiores, como el pedido de un salario básico de 1.800.000 pesos.
Finalmente, desde el Gobierno habrían dado por terminado el diálogo, independientemente de la continuidad de los acampes.
En ese contexto, el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario difundió un comunicado en el que denunció la ruptura de los acuerdos previos y acusó al Ejecutivo de intentar imponer condiciones “secretas y sin transparencia”. También señalaron que la difusión pública de las reuniones habría sido el detonante para la interrupción de las negociaciones.
Como medida, anunciaron el levantamiento de los acampes a partir de este sábado, aunque aclararon que la protesta continuará bajo otras modalidades. Además, reafirmaron su respaldo a Rubén Muñoz, a quien calificaron como “preso político”, y anticiparon que el reclamo seguirá tanto en el plano social como en el ámbito político de cara a 2027.
“El acampe se levanta, pero la lucha continúa”, concluye el comunicado, en un escenario que permanece abierto y con alto nivel de conflictividad.
