Tras el suicidio de la agente Verónica Janet Martín Morales, Gabriel Riveros Alday volvió a denunciar la indiferencia institucional y ataques cibernéticos contra sus redes. Su figura se reaviva en medio de una polémica condena por injurias contra el ex jefe policial Luis Walter Martínez, un fallo que, si bien lo multó, rechazó la censura previa y dejó al descubierto la falta de investigación sobre las denuncias de corrupción y el abandono que sufren los efectivos.
El lunes 29 de junio, la Policía de San Juan volvió a vestirse de luto. La agente Verónica Janet Martín Morales, de apenas 30 años, se quitó la vida, engrosando la trágica y silenciosa lista de efectivos que caen víctimas de la depresión y la desesperanza dentro de la institución. Pero esta nueva tragedia no ha hecho más que encender la mecha de un debate que ya venía ardiendo en los pasillos de las comisarías y en las redes sociales: la salud mental de los policías, las irregularidades internas y los límites de la libertad de expresión frente al poder institucional.
En el centro de esta tormenta se encuentra Gabriel Riveros Alday, ex funcionario policial, influencer de TikTok y denunciante de las entrañas de la fuerza. Tras conocerse el deceso de Martín Morales, Riveros lanzó un mensaje desgarrador a la comunidad: “Si no lo hacemos nosotros, ellos no lo van a hacer. Ellos lo ven como un número, como un mueble en un rincón que no tiene ningún valor”.
El luto, la depresión y la “persecución digital”
Riveros, quien ha sido franco sobre su propia batalla contra la depresión durante su etapa en la fuerza, sostiene que quienes tocan la salida fatal “no son gente débil, sino personas fuertes que llevan una sonrisa falsa para no contagiar su dolor”. Relata que él mismo fue el “motor” de sus equipos mientras se sentía destruido por dentro.
Frente a esta realidad, el exefectivo ha impulsado una campaña para romper el tabú de la salud mental, compartiendo estrategias que le salvaron la vida: desde pegar notas de aliento en los espejos hasta comprender que los problemas solucionables con tiempo y dinero no son obstáculos insuperables, y centrar su vida en agradar a Dios por sobre la aprobación ajena. Su consejo a los activos es tajante: “Busquen actividades físicas al aire libre, dejen todas las malas energías en la comisaría, porque los jefes no tienen el valor de liderar ni defender a sus efectivos”.
Sin embargo, su activismo tiene un precio. Riveros denunció que está sufriendo una ola de ataques cibernéticos destinados a eliminar sus redes sociales. Para el ex policía, esto no es casualidad: lo interpreta como una clara persecución de sectores de poder que buscan silenciar a quien se atreve a señalar la indiferencia que, según él, empuja a efectivos como Verónica al suicidio. “Es un atentado contra mis derechos constitucionales y un mensaje descarado para todos los que se atrevan a cuestionar el sistema”, advirtió.
De la denuncia en TikTok al banquillo de los acusados
La figura de Riveros saltó a la fama pública mientras aún portaba el uniforme. A través de sus videos, construyó una comunidad de decenas de miles de seguidores al cuestionar el funcionamiento interno de la Policía de San Juan. Sus denuncias apuntaban a presuntos hechos de corrupción administrativa, arbitrariedades disciplinarias, favoritismos en los ascensos y falta de transparencia en la cúpula.
Con el tiempo, las críticas generales derivaron en señalamientos directos. Riveros comenzó a nombrar con nombre y apellido a los altos mandos, calificando reiteradamente al entonces jefe de la Policía, Luis Walter Martínez, como “corrupto”.
La respuesta de Martínez no fue la rendición de cuentas ante la Fiscalía, sino una acción privada por injurias. Durante la audiencia preliminar, lejos de retractarse, Riveros reafirmó sus dichos, sosteniendo que respondían a un innegable interés público.
Un fallo con aristas paradójicas
El juicio oral, que comenzó el 28 de mayo de 2026, puso en el centro de la escena el clásico debate constitucional: ¿Hasta dónde puede llegar la crítica severa contra un funcionario público?
La querella argumentó que Riveros había excedido el derecho a la crítica, incorporando como prueba calificativos como “hijo de puta” y otros insultos directos. Exigían la multa máxima, la eliminación de los videos, una retractación pública y la prohibición de volver a mencionar al ex jefe policial.
El juez Matías Parrón resolvió declarar culpable a Riveros por injurias y le impuso una multa de $20.000. El tribunal entendió que ciertas expresiones excedieron la crítica política o institucional, transformándose en ataques personales al honor.
Pero el verdadero dato de color jurídico, y lo que convierte a este caso en un precedente, fue lo que el juez decidió NO hacer. Parrón rechazó de plano las medidas más gravosas solicitadas por la querella:
- No ordenó la eliminación de las publicaciones.
- No impuso retractación pública.
- No prohibió nuevas referencias al denunciante.
Desde la perspectiva del derecho constitucional, esto se alinea con la doctrina de la Corte Suprema y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (tras el fallo Kimel), que prohíbe la censura previa. El tribunal dejó en claro que, aunque exista responsabilidad ulterior por insultos, la respuesta judicial no puede traducirse en un bozal preventivo para futuras expresiones.
La asignatura pendiente de la Justicia
Más allá del análisis jurídico sobre la libertad de expresión versus el derecho al honor, el caso deja un sabor amargo y una gran incógnita institucional: Ningún fiscal ni juez tomó de oficio las denuncias de corrupción vertidas por Riveros para investigarlas.
La sentencia se limitó a analizar las palabras ofensivas, pero jamás entró a debatir si los hechos de corrupción, favoritismos y arbitrariedades que Riveros denunciaba eran reales o no. Esta omisión deja la sensación de que la justicia actuó para poner “paños fríos”, limpiar el honor del ex funcionario Martínez mediante una multa simbólica, y mirar hacia otro lado respecto al estado de la institución.
Un caso con proyección
El conflicto entre Gabriel Riveros Alday y Luis Walter Martínez trasciende a las personas involucradas. Se ha convertido en un espejo donde se reflejan las tensiones de la era digital: el derecho de la sociedad a conocer denuncias de corrupción, la libertad de expresión en redes sociales y la tutela penal del honor.
Mientras la justicia debate los límites de los insultos en TikTok, la Policía de San Juan sigue contando a sus muertos. Verónica Janet Martín Morales no debería haber tenido que pagar con su vida la indiferencia de un sistema que la trataba como un “mueble”. Y Gabriel Riveros no debería tener que luchar contra ataques digitales y condenas penales por intentar evitar que más vidas se pierdan en el olvido.
Fuentes consultadas:
- Diario 13 San Juan: “El exJefe de la Policía denunció por injurias a un policía que lo tildó de corrupto”.
- Sanjuan8: “Condenado por injurias, pero sin límites en redes: el caso del expolicia tiktoker, cerrado”.
- 0264Noticias: “El martes se conocerá el veredicto en el juicio contra el ‘policía tiktoker’ acusado de injurias”.
