Un fallo “sibilino” del Máximo Tribunal levantó las suspensiones al DNU de Milei, habilitando el saqueo sin límites del territorio. Destapan que el decreto original fue redactado a medida por Joe Lewis (Lago Escondido) durante el gobierno de Cambiemos, con la complicidad de Comodoro Py. “Son infames traidores a la patria”, sentencian.
Es evidente que el poder real, es decir, el poder económico, ha decidido perder las formas y someter definitivamente al poder político. La prueba más contundente de esta rendición institucional se materializó en los últimos días con la luz verde que el Gobierno de Javier Milei y la Corte Suprema de Justicia le dieron a la extranjerización de la tierra argentina. Un fallo que no solo impacta y alarma a los ciudadanos, sino que destapa una cloaca de traición a la patria que hunde sus raíces en el gobierno de Mauricio Macri y que cuenta con la complicidad absoluta de la mafia de Comodoro Py.
El origen del saqueo: un decreto “a la carta” para Joe Lewis
Lejos de ser un hecho aislado, la entrega del territorio nacional es un plan sistemático. Según denunció el diputado Rodolfo Tailhade en el canal de streaming de Página 12, “la extranjerización de tierras que habilitaron los tres monigotes de la Corte junto a Milei no es algo nuevo, sino que es un plan que viene llevando adelante desde hace años el principal factor nocivo de la Argentina, que es Mauricio Macri, junto a la mafia de Comodoro Py”.
La historia de esta traición tiene fecha y firma. En junio de 2016, Macri dictó el decreto 820/2016, reglamentando la Ley 26.737 (Ley de Tierras), sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La ley original establecía un sistema de control estricto: límites a la compra por parte de extranjeros, creación del Registro Nacional de Tierras y la obligación de acreditar sociedades y socios.
Sin embargo, el decreto macrista desmanteló por completo el sistema de control. Aunque en apariencia no tocaba los porcentajes de hectáreas, en la práctica habilitaba a que todo el mundo se excediera, ya que no había que presentar nada.
El espanto de la exdirectora del Registro de Tierras, Florencia Gómez, al leer el Boletín Oficial, derivó en un WhatsApp a su excolaboradora, la abogada Emiliana Gordo. La respuesta de Gordo reveló el crimen: “Ay, sí, lo estuvimos trabajando acá en el estudio”. ¿Qué estudio? Bronze y Salas. ¿Y quiénes son los abogados de ese estudio? Los de Joe Lewis, el dueño de Hidden Lake, la sociedad propietaria de las tierras de Lago Escondido.
“Macri firmó el decreto a pedido de Lewis. Lo hizo él, lo hicieron los abogados de Lewis. Fue un decreto a la carta para Joe Lewis”, sentenció Tailhade, quien logró que Gómez ratificara todo y mostrara los chats en una denuncia presentada en junio de 2017. ¿El destino de la denuncia? El juzgado del “benemérito” Ariel Lijo, quien como es costumbre en la mafia de Comodoro Py, archivó la causa y miró para otro lado. “Macri es el pionero en entregar parte del país”, concluyó el diputado.
La Corte Suprema: una “humillación a la dignidad del discurso jurídico”
Aquel germen de entrega hoy eclosiona con el DNU 70/23 de Javier Milei. La Corte Suprema, a través de un pronunciamiento firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, dejó sin efecto el fallo que mantenía suspendida la derogación de la Ley de Tierras, dejando firme el artículo 154 del DNU millista.
El constitucionalista Eduardo Barcesrat no dejó títere con cabeza tras el vergonzoso pronunciamiento del Máximo Tribunal. En diálogo con CódigoBAIRES, el jurista calificó de “sibilina” la maniobra de los cortesanos, acusándolos de evadir su responsabilidad histórica. Lejos de expedirse sobre la inconstitucionalidad de fondo, los jueces se escudaron en una cuestión formal respecto a la representación del CECIM La Plata para esquivar el debate.
“Quiero aclarar, para terminar de sepultar este fallo indigno, que todo juez que está en presencia de una norma o acto jurídico que no satisface los requisitos de legalidad y razonabilidad tiene que declararlo de oficio”, sentenció Barcesrat, marcando una línea de fuego que no solo apunta a la cúpula del tribunal, sino a toda la estructura judicial del país.
La traición de los jueces que miran para otro lado
Para el especialista, la inacción cómplice de la Justicia es una validación de facto de la usurpación. En el derecho, cuando hay una usurpación de facultades legislativas por parte del Ejecutivo, lo que corresponde es declarar la “nulidad absoluta e insanable”, tal como lo impone el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Esta nulidad implica retrotraer los efectos al día previo a la emisión del decreto y obliga a los funcionarios firmantes a responder personalmente por los daños y perjuicios.
Al no actuar de oficio para frenar un decreto que viola la supremacía constitucional, el Poder Judicial en su conjunto se ha plegado a una “inacción cómplice”. “La Corte ha fallado contra la Constitución, contra la legislación en materia de actos del poder político administrador”, denunció Barcesrat, extendiendo esa misma responsabilidad por omisión a cada juzgado y tribunal del país que decide hacer la vista gorda.
Artículo 36: El llamado a frenar a los “infames traidores”
Lo ocurrido trasciende la mera técnica legal y roza el golpe institucional. Barcesrat recordó el artículo 36, introducido en la reforma constitucional de 1994, que no solo condena los golpes de Estado tradicionales, sino también las usurpaciones del poder. “Cuando un gobierno con legitimidad de origen transgrede los límites de sus incumbencias para apropiarlas de los otros poderes, en este caso, arquetípicamente, del Congreso de la Nación, se activa esta cláusula”, advirtió.
Con un Congreso al que “le han tocado el traste en esta maniobra del DNU 70/23”, el constitucionalista exigió una reacción enérgica. “Creo que es tal el grado de indignación que en este momento circula en la opinión política y pública argentina que debe hacerse”, reclamó, instando a la Cámara de Diputados a seguir los pasos del Senado y rechazar de forma definitiva el decreto.
Con la Corte Suprema y el resto de los jueces plegados a la entrega, la pelota queda en el tejado del Poder Legislativo. De ellos depende usar la herramienta más rápida para anular el DNU, frenar la extranjerización sin límites del territorio nacional y evitar que los firmantes de este saqueo terminen respondiendo, tarde o temprano, ante la historia y la ley como lo que son: infames traidores a la patria.
