Mientras el discurso oficial celebra una “provincia en orden”, la realidad en las calles muestra una tensión creciente: policías acampados desde hace 12 días, sindicatos en pie de lucha y una sociedad que empieza a preguntarse hasta cuándo se puede ignorar el clamor por salarios dignos.
La provincia vive una escalada de conflicto social sin precedentes en los últimos años. El gobierno rionegrino, atrincherado en un relato de “orden fiscal”, se enfrenta a una marea de descontento que recorre todos los sectores del Estado provincial. Los salarios que no alcanzan, las condiciones laborales precarizadas y la falta de diálogo genuino han encendido la mecha. Y aunque múltiples gremios han activado sus planes de lucha, son los policías —agrupados de hecho en el Consejo de Bienestar Policial— quienes sostienen desde hace doce días un acampe permanente frente a la Casa de Gobierno en Viedma, transformándose en el símbolo visible de un malestar que ya no se puede contener con vallados ni comunicados de prensa.
El balance emitido por el Consejo de Bienestar Policial tras la apertura de sesiones legislativas no deja lugar a equívocos: “Mientras dentro del recinto se hablaba de una ‘provincia en orden’, afuera la realidad era otra”. La movilización, marcada por bombos, gritos y euforia contenida, dejó en evidencia la grieta entre el discurso oficial y la calle. Y aunque hubo tensión, los manifestantes se encargaron de aclarar: “No hubo agresiones. Lo que hubo fue hartazgo, acumulado durante meses”. Una distinción crucial que el poder político parece empeñado en ignorar.
Lejos de agotarse en el reclamo policial, el conflicto se expande. ASSPUR, UPCN y UnTER mantienen activos sus propios planes de lucha, con paros y manifestaciones que rechazan los “magros aumentos” que pretende imponer el Ejecutivo provincial. UnTER, en particular, anunció una olla popular para este martes en Chimpay, tras una marcha en Cipolletti, y confirmó la continuidad del paro programado para lunes y martes en toda la provincia. La unidad en la diversidad de medidas es un mensaje claro: la bronca es colectiva.
Decisión de hierro: “No vamos a retroceder”
Tras debatir en el acampe, los policías definieron su hoja de ruta: continuar con los campamentos en Viedma, Valle Medio, Sierra Grande y General Roca, y sostener todas las medidas adoptadas. “Sabemos que hay desgaste. Pero también sabemos que si levantamos las medidas, la lucha se termina”, advirtieron en su comunicado. La determinación es férrea, pero no excluyente: insisten en la búsqueda de diálogo y en la posibilidad de construir un acampe conjunto con trabajadores de Educación, Salud y otros sectores, una estrategia que podría multiplicar la presión sobre el gobierno.
El llamado a las regionales —Bariloche, Línea Sur, Cipolletti— a organizar medidas locales no es un detalle menor: es la apuesta por territorializar el conflicto y evitar que el gobierno lo aisle o fragmente. Y porque la resistencia también tiene costos, lanzaron un urgente llamado a la solidaridad económica: “Cada acampe tiene costos diarios. Los compañeros están poniendo el cuerpo, su tiempo y su energía. No podemos pedirles que además pongan el dinero”. La colaboración, a través del alias rubenangel81, se vuelve un acto político.
La advertencia que el gobierno no puede seguir ignorando
El comunicado cierra con una definición que debería hacer temblar los despachos oficiales: “⚠️ La retención total del servicio policial no es una medida que promovamos hoy, pero ante la falta de convocatoria del Gobierno, comienza a debatirse como posibilidad”. No es una amenaza vacía; es la expresión lógica de un límite. Cuando el diálogo se niega, la escalada es casi inevitable.
Mientras tanto, el gobierno rionegrino parece apostar al desgaste y a la fragmentación. Pero la realidad le devuelve una imagen distinta: estatales de todos los sectores, con banderas propias pero con un reclamo común —salario digno, condiciones laborales justas, respeto—, están construyendo, día a día, una respuesta organizada. La pregunta ya no es si el conflicto va a crecer, sino qué está dispuesto a hacer el gobierno para evitar que Río Negro cruce un punto de no retorno. Porque cuando el hartazgo se organiza, el silencio del poder no es estrategia: es complicidad.
