La legisladora de “Vamos con Todos” calificó de “improvisado” el comunicado oficial que niega la autorización a Tamar Mining y advirtió: “No nos mientan más”. Denuncia que el expediente fue “acomodado” para tapar irregularidades en un área protegida por la Ley de Glaciares, en medio de la emergencia hídrica provincial.
En un gesto que desnuda la tensión entre el activismo ambiental y la opacidad gubernamental, la legisladora Magdalena Odarda (bloque “Vamos con Todos”) interpretó como un triunfo de la denuncia ciudadana el repentino “paso atrás” del Gobierno de Río Negro respecto a la habilitación de un proyecto minero en el sistema glaciario de Cerro Carreras. Pero lejos de celebrar, Odarda lanzó una advertencia contundente a través de sus redes: lo que el oficialismo presenta como corrección administrativa no sería más que un parche de última hora para encubrir irregularidades graves.
“El Gobierno de Río Negro anunció mediante un parte de prensa oficial que ‘no hubo autorización’ a la empresa vinculada a firmas israelíes para la exploración de oro y plata”, reconoció Odarda. Sin embargo, la legisladora desmontó el relato oficial con datos concretos: “La oficina de prensa de Alberto Weretilneck habla de resoluciones que nunca fueron publicadas en el Boletín Oficial ni en las páginas web de la Secretaría de Minería o de Ambiente. Por lo tanto, son resoluciones ‘fantasmas’, dibujadas para frenar el fuerte rechazo que despertó en los rionegrinos la explotación minera en nacientes de agua, bosques nativos y una región de alto valor paisajístico y turístico”.
La ironía se vuelve denuncia cuando Odarda apunta directamente al Secretario de Minería, de apellido “Oro”: “Intenta hacernos creer que rechazó la solicitud de Tamar Mining ni bien la firma presentó la solicitud en julio de 2025, por encontrarse en el área de Reserva de la Biosfera de la Unesco”. Pero la realidad del catastro minero, consultado en febrero y marzo de 2026, mostraba claramente la autorización de 10.000 hectáreas en el llamado “cateo Collin”. Y lo más grave: una vez que el caso tomó estado público —gracias a la denuncia de la periodista Susana Lara y al pedido de renuncia al funcionario—, “mágicamente se borró a Tamar Mining del catastro provincial”.
Un permiso ilegal en tiempos de emergencia hídrica
El núcleo de la denuncia no es menor: el gobierno provincial habría autorizado un permiso minero con uso de cianuro en un sistema glaciario inventariado por el IANIGLA, en plena Emergencia Hídrica declarada, sin estudios de impacto ambiental ni audiencia pública. Y todo ello, con la Ley Nacional de Glaciares 26.639 plenamente vigente, y su par provincial, la Ley 4736, que prohíbe expresamente la megaminería en reservas estratégicas de agua como glaciares y ambiente periglacial.
“Quizá lo más preocupante es que lo hizo estando VIVA la ley”, sentencia Odarda, quien además reveló que su equipo investiga “el vínculo entre Tamar y Mekorot para la prospección del agua subterránea”, una conexión que añade capas de complejidad geopolítica y ambiental al caso.
La lucha ciudadana como motor del cambio
Para la legisladora, el comunicado improvisado del gobierno no es un acto de transparencia, sino la consecuencia inevitable de la presión social: “Es el resultado de la lucha ciudadana para defender la Ley de Glaciares en Río Negro y en todo el país. Es la respuesta a las denuncias escuchadas en la fraudulenta audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados de la Nación, donde más de 100.000 argentinos y argentinas quedaron afuera sin poder expresarse, vulnerándose en forma grosera la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT”.
Odarda cierra con una declaración de principios que no deja lugar a la ambigüedad: “No les creemos nada. Si hubieran rechazado el proyecto minero en Cerro Carreras, lo hubieran hecho saber al pueblo de Río Negro en su momento y eso no ocurrió”. Y lanza una alerta estratégica: “Estaremos atentos a los próximos movimientos del gobierno, porque no olvidamos el apoyo expreso a la modificación de la Ley de Glaciares que brindó el Gobernador rionegrino al Ministro Santilli como parte de los acuerdos del ‘Pacto de Mayo'”.
En un contexto de creciente movilización ambiental y desconfianza institucional, el caso Cerro Carreras se erige como un termómetro de la voluntad política para priorizar el agua y los bienes comunes por sobre los intereses extractivistas. La pregunta que queda flotando es tan simple como incómoda: ¿cuántas “resoluciones fantasmas” harán falta para que la transparencia deje de ser una excepción y se convierta en norma?
