Un nuevo dictamen fiscal incorpora chats y audios que refuerzan la hipótesis de una estructura sistemática de coimas en la ANDIS, con más de 29 imputados y posibles vínculos que escalan hasta la Casa Rosada.
La investigación por el denominado “Coimagate” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en las últimas horas un elemento de alto impacto: un mensaje en el que uno de los ejecutivos imputados le confirma a Miguel Ángel Calvete —señalado como jefe de la asociación ilícita— que “ya le descontaron el 3”, en aparente referencia a un porcentaje de coima que, según distintas evidencias, tendría como destino final a Karina Milei.
El intercambio, fechado el 29 de agosto de 2025, fue enviado por Claudio Kahn, empleado de la firma Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A. y uno de los 29 convocados a indagatoria en el expediente que instruye el juez Ariel Lijo. La frase se suma a una serie de comunicaciones que, de acuerdo al fiscal Franco Picardi, permiten reconstruir “una enorme trama de corrupción” dentro del organismo.
La hipótesis del “3%” no aparece aislada. Surge también en audios filtrados del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo —cercano al presidente Javier Milei—, y en conversaciones entre Calvete y su hija Ornella, exfuncionaria del Ministerio de Economía, donde se menciona explícitamente un “3% para KM”. Para el fiscal, la reiteración de esa cifra no es casual y comienza a consolidarse como un patrón dentro del circuito ilegal.
El dictamen de Picardi, fechado el 19 de marzo y conocido públicamente esta semana, solicita la indagatoria de 29 personas —entre ampliaciones y nuevos imputados— y detalla un entramado que habría operado al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. Según la acusación, funcionarios públicos y empresarios articularon maniobras para direccionar licitaciones, cartelizar precios y garantizar adjudicaciones a un grupo reducido de firmas proveedoras de insumos médicos de alto costo.
Las pruebas incluyen intercambios comprometedores entre Calvete y Kahn. En uno de ellos, el empresario le menciona ingresos por “80 o casi 90 palos”, mientras que en otra conversación discuten la entrega de dinero, con referencias explícitas a pagos en dólares (“en verde”) y logística para su traslado. Incluso se menciona como punto de entrega el edificio Catalinas, vinculado a oficinas relacionadas con Alan Pocovi, señalado como presunto operador en el lavado de activos.
El volumen económico bajo sospecha es significativo: el Ministerio Público Fiscal estima que las maniobras implicaron la erogación de más de $75.478 millones del Estado nacional. En ese esquema, Calvete habría percibido entre un 12% y un 20% de las adjudicaciones, además de coordinar retornos para funcionarios involucrados.
El expediente también alcanza a Ornella Calvete, en cuyo domicilio se secuestraron más de 695 mil dólares, casi 20 millones de pesos y euros, montos que la Justicia vincula con las operaciones investigadas. Tanto ella como su padre ya se encuentran procesados, junto a otros implicados.
Mientras el juez Lijo define si avanza con las nuevas indagatorias, la causa suma presión política. No solo por la magnitud del presunto esquema de corrupción, sino por las derivaciones que podrían comprometer a figuras cercanas al poder ejecutivo. En ese contexto, la frase “ya le descontaron el 3” dejó de ser un detalle marginal para convertirse en una pieza clave de un expediente que sigue escalando.
