El legislador provincial Luciano Delgado Sempé expresó su profunda preocupación por la resolución del Ministerio Público Fiscal en el legajo MPF-VI-03306-2025, al considerar que envía un mensaje alarmante a la sociedad rionegrina: frente a denuncias que involucran al poder político, la respuesta institucional termina siendo el archivo y la demora, en lugar de una investigación penal profunda, rápida y ejemplar.
La causa fue iniciada a partir de una denuncia por la posible violación a la Ley de Ética Pública provincial (Ley L 3550) y la eventual comisión de delitos vinculados a negociaciones incompatibles con la función pública. Los hechos refieren a la concesión de una cantera de arena silícea a la empresa Gold and Sand SRL, de la cual Claudio Alberto Cicarelli es socio, mientras se desempeñaba como agente del Estado rionegrino adscripto a la Legislatura.
Según consta en la resolución fiscal, dicha concesión fue otorgada mediante la Resolución 411/2024 de la Secretaría de Energía y Ambiente, por un plazo de diez años, sobre la cantera “La Finita RH”.
A pesar de la gravedad institucional de los hechos denunciados, el Fiscal Francisco Marano dispuso el archivo de las actuaciones en los términos del artículo 128 inciso 4 del Código Procesal Penal, argumentando que “por el momento” no se verifican elementos suficientes para avanzar en la investigación penal.
Paralelamente, reconoció que la cuestión vinculada a posibles incompatibilidades con la Ley de Ética Pública fue derivada a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, donde se tramita un expediente para analizar la eventual infracción al artículo 19 de la Ley 3550.
En ese marco, Delgado Sempé cuestionó que “en lugar de impulsar una investigación penal exhaustiva sobre la posible utilización de información o recursos del Estado para beneficio privado, el Fiscal optó por archivar provisoriamente la causa y trasladar el eje del análisis a una instancia administrativa”.
Asimismo, remarcó que durante la tramitación no se adoptaron medidas fundamentales para esclarecer los hechos, tales como la declaración de la causa como compleja, el acceso a información contable y bancaria del investigado, ni la incorporación de funcionarios de la Secretaría de Energía y Minería que intervinieron en el otorgamiento y control de la concesión.
“El resultado concreto es que no hay hoy una investigación penal en marcha, sino un expediente archivado ‘por ahora’ y una derivación a un organismo administrativo cuyos tiempos y alcances son inciertos”, señaló el legislador.
En ese sentido, advirtió que la situación se agrava al tratarse de un organismo cuyos máximos responsables son propuestos por el propio Poder Ejecutivo provincial, lo que, a su entender, debilita la percepción de independencia en la investigación.
Delgado Sempé sostuvo que “no se trata de que se haya demostrado la inexistencia de incompatibilidades o delitos, sino de que, pese a los indicios existentes, se decidió no profundizar la pesquisa penal”.
Finalmente, el legislador afirmó que continuará impulsando todas las herramientas legales disponibles para que la causa sea investigada a fondo, se revisen las decisiones de archivo y se determinen con claridad las responsabilidades administrativas, éticas y eventualmente penales de todos los funcionarios intervinientes.
“Río Negro no puede naturalizar que posibles incompatibilidades entre el negocio privado y la función pública se resuelvan con un archivo provisorio y sin una investigación penal seria, completa y transparente”, concluyó.
