Un informe periodístico revela que el valor del metro cuadrado en el plan “Camino a Casa” supera ampliamente los precios de mercado, mientras los adjudicatarios reciben viviendas incompletas y de dimensiones reducidas.
El gobierno de Río Negro quedó en el centro de la polémica tras una denuncia difundida por el periodista Gonzalo Santos, del medio Dos Nueve Veinte de Viedma, quien expuso presuntos sobreprecios en viviendas entregadas recientemente en la capital provincial.
Según la información, el pasado 20 de marzo el gobernador Alberto Weretilneck, junto al intendente Marcos Castro, encabezó la entrega de monoambientes de 36 metros cuadrados en el marco del programa “Camino a Casa”, con un valor de 82 millones 500 mil pesos por unidad. De ese monto se desprende un costo de aproximadamente 2 millones 300 mil pesos por metro cuadrado.
Sin embargo, el dato que genera mayor controversia es que las viviendas adjudicadas no están terminadas: carecen de elementos básicos como calefacción, termotanque y cocina, lo que obliga a los beneficiarios a realizar inversiones adicionales para poder habitarlas en condiciones adecuadas.
De acuerdo a estimaciones basadas en el mercado actual, construcciones de estas características —incompletas— deberían ubicarse entre 1 millón 400 mil y 1 millón 700 mil pesos por metro cuadrado. Esto implica que el Estado provincial estaría cobrando hasta un 64% por encima de esos valores.
El programa había sido presentado como una solución para que trabajadores estatales pudieran acceder a su vivienda propia, con cuotas que no superarían el 20% de sus ingresos. No obstante, el análisis difundido sostiene que, en la práctica, ese porcentaje sería ampliamente superado.
El propio Santos lo resume en términos contundentes: “La cuenta es simple, vas a terminar pagando entre el 50 y el 60% de tu sueldo. Muy lejos del 20% que te prometía el gobierno”.
A esto se suma otra dificultad: el reducido tamaño de las unidades. Para una familia tipo de cuatro integrantes, los 36 metros cuadrados resultan claramente insuficientes, lo que obligaría a continuar alquilando mientras se afronta simultáneamente la cuota del crédito y los costos de ampliación.
El caso abre interrogantes sobre la política habitacional provincial, la transparencia en la fijación de precios y el verdadero alcance de programas que, lejos de resolver el acceso a la vivienda, podrían estar profundizando la carga económica sobre los sectores medios del empleo público.
