Sectores indígenas y organizaciones obreras profundizan las protestas contra las políticas del presidente boliviano, a quien acusan de gobernar en favor de las élites económicas y bajo influencia de Estados Unidos. Evo Morales denunció además un supuesto plan para detenerlo o asesinarlo con participación de la DEA y el Comando Sur.
La crisis política y social en Bolivia atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la llegada al poder del presidente Rodrigo Paz Pereira. Diversos sectores indígenas, sindicales y populares intensificaron en los últimos días los bloqueos y protestas en rechazo a las medidas impulsadas por el gobierno, al que acusan de aplicar políticas “antipopulares” alineadas con las élites económicas del Oriente boliviano y con intereses de Estados Unidos.
Las movilizaciones surgieron luego de una serie de decretos y reformas promovidas por la administración de Paz Pereira durante sus primeros meses de gestión. Según organizaciones sociales, las medidas favorecen a grupos agroempresarios y financieros, mientras afectan a trabajadores, campesinos y comunidades indígenas.
El actual mandatario había llegado al poder como una alternativa “de centro” tras la proscripción electoral del expresidente Evo Morales, en un escenario de polarización política donde la otra opción fuerte era el dirigente conservador Jorge Quiroga, conocido popularmente como “Tuto” Quiroga.
Sin embargo, el gobierno encontró rápidamente resistencia. Apenas un mes después de asumir, los denominados “decretazos” impulsados por el Ejecutivo desataron protestas encabezadas por la Central Obrera Boliviana y organizaciones indígenas, que obligaron al oficialismo a retroceder parcialmente.
Tras ese primer conflicto, el gobierno habría modificado su estrategia, abandonando la llamada “doctrina de shock” para avanzar mediante reformas legislativas aprovechando su mayoría parlamentaria y la fragmentación interna del Movimiento al Socialismo (MAS).
Entre los antecedentes más recientes de tensión social aparece el rechazo popular a una iniciativa impulsada por el empresario y dirigente opositor Branko Marinkovic, vinculada a la redistribución de tierras indígenas amazónicas. La movilización de comunidades originarias hacia La Paz logró finalmente frenar aquel proyecto.
Ahora, el conflicto escaló nuevamente ante versiones sobre posibles reformas a la Constitución Política del Estado, aprobada en 2009 durante el gobierno de Morales. Sectores indígenas y sindicales consideran que esos cambios podrían modificar derechos adquiridos y debilitar la representación de las mayorías populares, por lo que comenzaron a exigir la renuncia del presidente.
En medio de ese escenario, Evo Morales realizó fuertes denuncias públicas. A través de sus redes sociales, aseguró que Estados Unidos, junto al gobierno boliviano, planifica una operación militar para detenerlo o asesinarlo.
“El gobierno de Estados Unidos ordenó ejecutar una operación militar, con apoyo de la DEA y el Comando Sur, para detenerme o matarme”, afirmó el exmandatario.
Morales también involucró en la supuesta maniobra al exministro Carlos Sánchez Berzaín, exfuncionario del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y al viceministro Ernesto Justiniano, actualmente en Washington según denunció.
Además, el líder indígena sostuvo que existe una campaña de “guerra sucia” y “fake news” en su contra. En ese contexto mencionó al consultor argentino Fernando Cerimedo, a quien vinculó con operaciones políticas del presidente argentino Javier Milei.
Morales también señaló movimientos militares presuntamente vinculados a esa estrategia, mencionando a la Novena División del Ejército boliviano y a distintos mandos de las Fuerzas Armadas, además de denunciar la presencia de agentes estadounidenses y paraguayos ligados a la DEA en territorio boliviano.
Mientras tanto, los bloqueos continúan creciendo en distintos puntos del país y reflejan una disputa política que ya excede el plano institucional. Para amplios sectores sociales bolivianos, el conflicto pone en juego no solo el rumbo económico del país, sino también el modelo político y el rol de las organizaciones populares en la vida democrática boliviana.
