Con el Riesgo País superando los 500 puntos, Lacunza advirtió sobre la fragilidad del atesoramiento de divisas; la deuda pública creció US$ 13.000 millones en abril y el Directorio del Fondo se reunirá esta semana para aprobar un desembolso de US$ 1.000 millones condicionado a un nuevo megaajuste fiscal que profundiza la recesión.
En un contexto de alta volatilidad financiera, el ex ministro de Economía Hernán Lacunza señaló este miércoles que, pese a haber comprado US$ 8.000 millones en el primer cuatrimestre, el gobierno de Javier Milei solo logró atesorar US$ 2.000 millones, una situación que calificó como preocupante “en un cuatrimestre de abundancia relativa”. Lacunza proyectó que, de mantenerse esta tendencia, Argentina podría llegar al 2027 “con reservas escuálidas y tipo de cambio muy bajo”, un escenario riesgoso ante una eventual dolarización de carteras en período pre-electoral.
Mientras tanto, la Secretaría de Finanzas informó que el stock de deuda bruta ascendió a US$ 496.676 millones en abril, de los cuales US$ 494.141 millones se encuentran en situación de pago normal. Respecto a marzo, la deuda en condiciones regulares aumentó US$ 12.829 millones (2,67% mensual), impulsada por compromisos en moneda extranjera (+US$ 1.809 millones) y en pesos (+US$ 11.020 millones en equivalencia dólares). El 47% de esta deuda es pagadera en moneda local y el 53% restante, en divisas. En los últimos 12 meses, la deuda en situación de pago normal creció US$ 23.720 millones, a un ritmo promedio de US$ 2.000 millones mensuales.
El FMI: condición sine qua non
El gobierno confía en que el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional apruebe esta semana —probablemente el jueves 21— la revisión de febrero y libere un desembolso pendiente de US$ 1.000 millones. Sin embargo, este giro no está exento de contrapartidas: el “megaajuste” del gasto público anunciado el 11 de mayo, aplicado sobre un presupuesto 2026 ya restrictivo, fue el requisito innegociable impuesto por el organismo para habilitar los fondos.
La secuencia del trámite evidencia la extrema fragilidad del esquema económico: el acuerdo técnico se alcanzó el 15 de abril, correspondiente al cuarto trimestre de 2024 (octubre-diciembre), pero recién ahora el Directorio lo tratará, tras casi cinco meses de demora. Paradójicamente, los dólares que se esperan recibir serán rápidamente absorbidos por el pago de intereses de la deuda: solo en febrero, mayo y agosto, Argentina desembolsará US$ 2.504 millones al FMI, un 150% más que el monto que busca obtener con esta revisión.
La trampa de la austeridad
El ajuste fiscal exigido por el FMI responde a la meta de superávit primario del 1,4% del PBI para 2026, uno de los pilares del programa. Pero la caída sostenida de la recaudación —nueve meses consecutivos en términos reales, con una baja del 10,1% interanual en abril— ha obligado al ministro Luis Caputo a profundizar los recortes. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la “motosierra” alcanzó a casi todas las áreas del Estado, con excepción del Poder Judicial, Justicia, Ministerio Público y el servicio de la deuda.
Un estudio del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) revela que el 57% del nuevo ajuste de 2,4 billones de pesos recae sobre las provincias, afectando programas clave: el Plan de Alfabetización (-$29.998 millones), Fortalecimiento de la Salud Provincial (-$25.000 millones), Transferencias para obra pública (-$9.053 millones) y el Fondo Salarial Docente (-$8.930 millones).
Claudio Lozano, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, describió esta dinámica como “la trampa de la austeridad”: “En un contexto de caída de la actividad económica, cae la recaudación; al caer la recaudación, es necesario ajustar el gasto; al ajustar el gasto, se profundiza la caída de la actividad, y vuelve a caer la recaudación”.
El FMI repite errores históricos
Pese a que el propio Fondo reconoció en 2013 —a través de un estudio de Olivier Blanchard y Daniel Leigh— que subestimó el multiplicador fiscal durante la crisis europea (el impacto real de los recortes fue hasta tres veces mayor al proyectado), el organismo continúa aplicando recetas de ajuste estricto en Argentina. La tecnoburocracia del FMI justifica esta postura en tres factores: la falta de acceso de Argentina a los mercados internacionales de capitales, la subordinación política del gobierno de Milei a la austeridad, y el objetivo prioritario de acumular reservas para garantizar el pago de la deuda externa.
Esta semana, con Kristalina Georgieva al frente del Executive Board, el FMI evaluará si la “renovada fe de Milei en el ajuste permanente” es suficiente para liberar los US$ 1.000 millones. Mientras tanto, la economía argentina parece atrapada en un bucle perverso: el ajuste contrae la actividad, reduce la recaudación, genera nuevos desequilibrios fiscales y exige más ajuste. Un perro que se muerde la cola, con el tejido social y productivo como principal damnificado.
