La protesta iniciada hace 42 días por reclamos laborales derivó en un movimiento que exige la renuncia del presidente. El Gobierno quedó habilitado para decretar el estado de excepción y crece la preocupación por una posible escalada represiva.
Una jornada de fuerte tensión se vivió este jueves en el centro de La Paz, Bolivia, donde una intervención policial contra una movilización de la Central Obrera Boliviana (COB) dejó al menos 36 personas detenidas y decenas de heridos. La protesta, que llegó al corazón de la capital tras semanas de restricciones y controles de seguridad, fue dispersada por las fuerzas del orden en medio de denuncias por uso excesivo de la fuerza.
La marcha se produjo en el marco de un conflicto social que comenzó hace 42 días con reclamos laborales impulsados por más de 70 sindicatos. Sin embargo, el rechazo del Ejecutivo al pliego de demandas transformó las manifestaciones en un movimiento más amplio que ahora reclama la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Testigos y manifestantes denunciaron que la Policía actuó con dureza para desalojar a los movilizados. En paralelo, el Comando General de la Policía emitió un comunicado en el que recomendó a periodistas, medios de comunicación y trabajadores de redes sociales mantenerse alejados de los operativos de intervención. Aunque la institución sostuvo que la medida busca proteger a los comunicadores, sectores críticos interpretaron el mensaje como un intento de limitar el registro audiovisual de los procedimientos policiales.
La crisis se desarrolla en un contexto de creciente confrontación política. El presidente Paz aseguró contar con respaldo legal para decretar el estado de excepción en cualquier momento, luego de que la Asamblea Legislativa avalara la normativa correspondiente. El mandatario promulgó esta semana la Ley 1740, que regula los estados de excepción y habilita operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía para intervenir en protestas y bloqueos.
La legislación contempla además la posibilidad de desplegar efectivos militares para despejar más de 90 cortes de rutas registrados en distintas regiones del país desde el 1 de mayo. Organizaciones sociales y sectores opositores advirtieron que la aplicación de esa medida podría ampliar significativamente las facultades de las fuerzas de seguridad y reducir garantías constitucionales.
Ante el riesgo de una escalada del conflicto, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo emitieron el 11 de junio un comunicado conjunto en el que convocaron a un pacto departamental con organizaciones de La Paz y El Alto para promover una salida negociada y evitar nuevos episodios de violencia.
Mientras tanto, los bloqueos continúan afectando el abastecimiento de productos básicos en las principales ciudades del país. La escasez impulsó aumentos en el costo de la canasta familiar y favoreció la expansión de un mercado informal de combustibles, donde la gasolina y el diésel llegan a comercializarse hasta cinco veces por encima de los precios oficiales.
En La Paz y El Alto persiste un clima de incertidumbre, marcado por el desabastecimiento y el temor a una nueva ola de represión si el Gobierno decide avanzar con la declaración del estado de excepción.
