La Administración de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio enfrentan acusaciones de impulsar una campaña de persecución política e ideológica contra organizaciones sociales, medios independientes y movimientos progresistas. Tres entidades fueron citadas por un comité de la Cámara de Representantes, mientras denuncian un intento de criminalizar la solidaridad con Cuba y Palestina y las críticas a la política exterior de Washington.
La ofensiva política e ideológica promovida por la Administración de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio comienza a traducirse en medidas concretas contra organizaciones sociales y medios de comunicación vinculados a la izquierda estadounidense.
El pasado 22 de julio, el Comité de Recursos y Arbitrios (Ways and Means Committee) de la Cámara de Representantes emitió citaciones judiciales contra tres entidades: el colectivo The People’s Forum, el medio independiente BreakThrough News y el Instituto Tricontinental.
La justificación oficial de la investigación es determinar el supuesto «flujo de más de 39 millones de dólares vinculados al empresario tecnológico Neville Roy Singham» y las presuntas conexiones de estas entidades con organizaciones relacionadas con el Partido Comunista de China.
El comité parlamentario sostiene que busca establecer si las organizaciones, que cuentan con exenciones fiscales, participaron en actividades políticas o protestas que pudieran contravenir las normas tributarias estadounidenses.
Sin embargo, las entidades involucradas consideran que detrás de la investigación existe una motivación política e ideológica. La ofensiva se produce pocos días después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, presentara el informe titulado «Cuba: la Capital del Comunismo del Siglo XXI», un documento que cuestiona a organizaciones, medios y movimientos que se oponen al bloqueo contra Cuba, respaldan la causa palestina o critican la política exterior de Washington.
Para sus críticos, ese informe podría funcionar como una hoja de ruta para una nueva campaña de persecución ideológica destinada, por un lado, a justificar el endurecimiento de las sanciones contra Cuba y, por otro, a estigmatizar a quienes dentro de Estados Unidos expresan solidaridad con la isla o respaldan otras causas internacionales.
BreakThrough News denuncia un ataque contra la libertad de prensa
El medio independiente BreakThrough News denunció que fue convertido en blanco de una «cacería de brujas» impulsada por el comité parlamentario, al que vincula con sectores del movimiento MAGA.
La citación exige, según el medio, la entrega de comunicaciones internas, registros financieros y una amplia cantidad de documentación, pese a que no existe una acusación formal de delito en su contra.
BreakThrough News sostiene que, como organización periodística sin fines de lucro, cumple con sus obligaciones fiscales, auditorías y requisitos de transparencia establecidos por la legislación estadounidense.
El medio, que cuenta con el periodista puertorriqueño Luis de Jesús como corresponsal en La Habana, afirma que las actividades que podrían estar bajo escrutinio incluyen su cobertura de las movilizaciones de solidaridad con Palestina, las redadas contra inmigrantes realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y sus investigaciones sobre la política exterior estadounidense, desde Cuba hasta el Congo.
Desde la organización consideran que el objetivo de la investigación no sería detectar irregularidades fiscales, sino imponer una carga económica y administrativa a un medio independiente mediante procedimientos legales prolongados.
BreakThrough News calificó la actuación como «un flagrante abuso de poder» y «un ataque directo» contra la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y la libertad de prensa.
The People’s Forum advierte sobre una reedición del HUAC
The People’s Forum también rechazó la investigación y denunció una ofensiva generalizada contra organizaciones progresistas, socialistas y de izquierda.
Su director ejecutivo, Manolo De Los Santos, señaló que la citación parlamentaria exige la entrega de comunicaciones internas, documentos organizativos y registros financieros antes del próximo 7 de agosto.
La organización relacionó directamente el procedimiento con el informe elaborado por Marco Rubio y sostuvo que la investigación no constituye una supervisión legislativa legítima, sino una «búsqueda política de brujas» inspirada en el antiguo Comité de Actividades Antiamericanas (HUAC).
Durante la Guerra Fría, el HUAC investigó y persiguió a miles de personas y organizaciones acusadas de mantener vínculos con el comunismo o de desarrollar actividades consideradas subversivas.
The People’s Forum sostiene que el propio informe promovido por Rubio reivindica aspectos de la actuación del senador Joseph McCarthy y la persecución del movimiento socialista estadounidense durante la posguerra, una referencia que, según la organización, evidencia el carácter ideológico de la actual ofensiva.
El colectivo también advierte que la presión podría extenderse a otras organizaciones mencionadas en el documento del Departamento de Estado, entre ellas National Lawyers Guild, CODEPINK, Democratic Socialists of America, la Brigada Venceremos e IFCO/Pastores por la Paz.
Cuba y Palestina, en el centro de la disputa
Las organizaciones afectadas coinciden en que el eje de la ofensiva no sería exclusivamente fiscal o administrativo, sino político.
Todas ellas han participado en campañas contra el bloqueo económico impuesto a Cuba, en acciones de solidaridad con Palestina, en la defensa de los derechos de los inmigrantes y en movilizaciones contra las políticas militares y de intervención de Washington.
En ese contexto, consideran que las citaciones emitidas por el Congreso constituyen un precedente preocupante para la libertad de expresión y el derecho de organización política en Estados Unidos.
Las entidades llamaron a construir una respuesta social amplia frente a lo que califican como una nueva etapa del macartismo.
El conflicto plantea así una disputa que excede el alcance de una investigación parlamentaria. Para BreakThrough News y The People’s Forum, el blanco ya no sería únicamente Cuba ni quienes cuestionan el bloqueo, sino también los medios y organizaciones que desafían las políticas internas y externas de la actual Administración estadounidense.
La controversia abre, además, un debate sobre los límites de la supervisión legislativa y el uso de las instituciones del Estado para investigar a organizaciones que desarrollan actividades políticas, sociales o periodísticas amparadas por la libertad de expresión y asociación.
