Con una inversión superior a los 600.000 dólares y el respaldo técnico de la FAO, la Provincia avanza en un plan de prevención que alcanzará más de 13.500 hectáreas en la Zona Andina. Sin embargo, el proyecto se desarrolla en un contexto marcado por los mega incendios de los últimos años, cuestionamientos sobre la aplicación de políticas ambientales y las persistentes sospechas de especulación inmobiliaria detrás de algunos focos ígneos.
El Gobierno de Río Negro dio un nuevo paso en la implementación del Proyecto de Pagos por Resultados REDD+, una iniciativa orientada a fortalecer las políticas de prevención de incendios forestales y conservación de los bosques nativos, mediante un encuentro de trabajo realizado junto a representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La reunión permitió definir las próximas acciones del Plan de Prevención de Incendios Forestales para la Zona Andina, una de las regiones más castigadas por el fuego durante los últimos años y que hoy concentra buena parte de las estrategias provinciales para disminuir el riesgo ambiental.
La iniciativa contempla una inversión superior a los 600.000 dólares y se encuentra actualmente en la etapa de planificación territorial, tomando como base el diagnóstico elaborado durante la primera fase del proyecto y los aportes recogidos en reuniones participativas desarrolladas en San Carlos de Bariloche y El Bolsón.
Más de sesenta representantes de organismos públicos, instituciones técnicas, organizaciones y actores sociales participaron de esos encuentros, en los cuales se discutieron las prioridades para diseñar un esquema preventivo adaptado a la realidad de cada territorio.
El objetivo: reducir el combustible antes de que llegue el fuego
La Subsecretaria de Recursos Forestales de Río Negro, Claudia Contreras, remarcó que el eje del proyecto no es solamente mejorar la capacidad de respuesta ante una emergencia, sino intervenir antes de que ésta ocurra.
“Es sumamente importante poder contar con el acompañamiento de FAO en el cuidado de los bosques y la prevención de incendios para que esas inversiones lleguen al territorio. Hoy, el lineamiento es la reducción del combustible”, sostuvo.
La reducción del combustible forestal constituye una de las principales estrategias internacionales de prevención. Consiste en disminuir la acumulación de vegetación seca, ramas, arbustos y otros materiales altamente inflamables que favorecen la rápida propagación de los incendios.
Desde la FAO también destacaron la metodología utilizada para elaborar el plan.
El coordinador nacional del proyecto, Francisco Yofre, afirmó que el diseño surgió de un proceso ampliamente participativo.
“Todo el plan está consensuado con las comunidades. Es un plan de abajo hacia arriba”, explicó.
Más de 13.500 hectáreas bajo intervención
Las acciones previstas abarcarán más de 13.500 hectáreas consideradas de alta vulnerabilidad.
Dentro de esa superficie se incluyen:
- más de 9.000 hectáreas de bosque nativo;
- amplios sectores de interfase urbano-rural;
- 7.124 viviendas ubicadas en El Bolsón;
- 3.660 viviendas en San Carlos de Bariloche.
La denominada “interfase” representa actualmente uno de los puntos críticos de los incendios forestales modernos, ya que allí confluyen áreas boscosas con zonas urbanizadas, aumentando significativamente el riesgo para la población.
Durante la jornada también participaron la asistente técnica y operacional del programa REDD+, Sabrina Vaccaro, junto a equipos técnicos provinciales y especialistas del organismo internacional.
Una política que llega después de años extremadamente críticos
El nuevo plan se implementa luego de una década particularmente compleja para la Patagonia argentina.
Río Negro, al igual que Chubut y Neuquén, enfrentó un incremento sostenido tanto en la frecuencia como en la intensidad de los incendios forestales, con temporadas especialmente devastadoras durante 2021, 2022, 2025 y 2026.
En ese contexto, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) consolidó una estructura técnica especializada que hoy constituye uno de los principales organismos de respuesta en la región.
Entre los avances más importantes alcanzados por la provincia durante los últimos años pueden mencionarse:
- la elaboración de un Plan Trienal de Protección contra Incendios Forestales y Rurales;
- la actualización del sistema provincial de prevención;
- la incorporación de monitoreo satelital mediante convenios con empresas especializadas capaces de vigilar alrededor de 20 millones de hectáreas;
- programas permanentes de educación ambiental;
- acciones coordinadas con provincias vecinas durante emergencias de gran magnitud.
El proyecto desarrollado junto a la FAO aparece como una continuidad de esa estrategia de modernización, incorporando además financiamiento internacional destinado específicamente al manejo preventivo del bosque.
Los desafíos pendientes
Sin embargo, diversos especialistas y organizaciones ambientalistas sostienen que los avances tecnológicos todavía no alcanzan para revertir una problemática estructural.
Entre las principales críticas aparecen:
- dificultades para aplicar plenamente la Ley Nacional de Bosques;
- insuficiente inversión en manejo preventivo del combustible forestal;
- una política históricamente más orientada al combate del fuego que a evitar su generación;
- el fuerte impacto de los recortes presupuestarios nacionales destinados al Sistema Federal de Manejo del Fuego y a la conservación de bosques nativos;
- la creciente incidencia de la sequía y del cambio climático, que vuelven cada temporada más peligrosa que la anterior.
Los mega incendios registrados durante la última década evidenciaron que, aun con organismos especializados y mejores sistemas de detección, las condiciones ambientales actuales superan muchas veces la capacidad de respuesta estatal.
Las sospechas que nunca desaparecen
Cada vez que una importante superficie boscosa resulta destruida vuelve a instalarse una pregunta incómoda: ¿todos los incendios responden únicamente a negligencias humanas o existen intereses económicos detrás de algunos focos?
La sospecha sobre posibles negocios inmobiliarios asociados a incendios forestales ha sido planteada durante años por organizaciones ambientalistas, investigadores, periodistas y legisladores.
El mecanismo señalado es relativamente simple.
La Ley Nacional de Bosques restringe severamente los desmontes en áreas protegidas. Cuando un bosque desaparece producto de un incendio, algunos sectores económicos intentarían posteriormente promover cambios en el uso del suelo para habilitar desarrollos inmobiliarios, turísticos o urbanísticos.
No existen pruebas que permitan afirmar que este mecanismo explique la mayoría de los incendios.
De hecho, los especialistas coinciden en que la enorme mayoría de los focos son consecuencia de acciones humanas negligentes —fogatas mal apagadas, quema de residuos, colillas de cigarrillos— agravadas por la sequía extrema y las altas temperaturas.
Sin embargo, distintos casos investigados en el país alimentan las sospechas sobre la existencia de incendios intencionales vinculados con procesos especulativos.
En la Patagonia, particularmente en áreas cercanas a lagos, ríos y paisajes de alto valor turístico, diversos proyectos legislativos incluso propusieron crear comisiones especiales para investigar posibles vínculos entre incendios y desarrollos inmobiliarios.
En otras provincias, como Salta, la Justicia investigó a una empresa inmobiliaria sospechada de provocar incendios sobre bosque protegido con el objetivo de facilitar futuros loteos.
Las organizaciones ambientalistas sostienen que el principal problema continúa siendo probatorio: resulta extremadamente difícil demostrar quién podría beneficiarse económicamente detrás del autor material que inicia un incendio.
Por ese motivo, distintos sectores impulsan modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego para impedir categóricamente cualquier cambio de uso del suelo sobre superficies afectadas por incendios, cerrando así una eventual puerta a la especulación.
Prevención como política de Estado
El nuevo proyecto impulsado por Río Negro junto a la FAO representa un cambio de enfoque que apunta a intervenir antes de la emergencia, fortaleciendo el manejo preventivo del territorio y reduciendo el material combustible disponible.
La estrategia aparece alineada con las recomendaciones internacionales para enfrentar un escenario donde el cambio climático prolonga las temporadas de incendios y multiplica los riesgos para comunidades enteras.
No obstante, la experiencia reciente demuestra que la eficacia de estas políticas dependerá no sólo de los recursos destinados a la prevención, sino también de la continuidad presupuestaria, la aplicación efectiva de la legislación ambiental, el fortalecimiento institucional del SPLIF y la capacidad del Estado para investigar y sancionar tanto las negligencias como cualquier eventual acción intencional vinculada a intereses económicos.
Mientras tanto, miles de familias de Bariloche, El Bolsón y otras localidades cordilleranas continúan viviendo en la interfase entre el bosque y las zonas urbanas, donde cada verano vuelve a recordar que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva frente a un fenómeno que ya forma parte de la nueva realidad climática de la Patagonia.
FUENTES:
(https://splif.rionegro.gov.ar/quienes-somos)
(https://afoa.org.ar/wp-content/uploads/2025/02/Diagnostico-2024-consultoria-Pau-Costa.pdf)
(https://www.airmedandrescue.com/latest/news/argentinas-rio-negro-detect-wildfires-satellite)
(https://splif.rionegro.gov.ar/programa/635/prevencion-de-incendios-forestales-en-rio-negro?n=MTExNA)
(https://www.instagram.com/reels/DTLhTYsDnJV/)
(https://www.culturademontania.org.ar/articulo/69670f31e6b2b6ee49fb52f3)
(https://rest.hcdn.gob.ar/web/proyectos/282162/adjuntos/27260)
(https://www.scielo.org.ar/pdf/spilquen/v26n4/1851-3123-spilquen-26-04-00058.pdf)
(https://www.greenpeace.org/argentina/tag/incendios-forestales/)
